Otra vez abusando de los campesinos campesinos

Carlos Hernández es el editor de El Latino y un periodista con una amplia experiencia en periodismo. Ha sido corresponsal internacional en Atlanta, Nueva York y California de agencias de noticias como EFE de España y la Associated Press./EL LATINO
Carlos Hernández es el editor de El Latino y un periodista con una amplia experiencia en periodismo. Ha sido corresponsal internacional en Atlanta, Nueva York y California de agencias de noticias como EFE de España y la Associated Press./EL LATINO

Por Carlos Hernández
editor@latinocc.com

La semana pasada la Comisión de Planeación Urbana del Condado de Santa Bárbara hizo un movimiento político que deja mucho que desear.

Resulta que ante la presión, y obviamente favores políticos con la empresa Bonipak Produce Inc., las autoridades aprobaron con unanimidad un complejo de dormitorios, que se asemejan más a una cárcel o campo de concentración, que a un lugar donde trabajadores puedan descansar dignamente.

Con tal decisión las autoridades ponen en tela de juicio su credibilidad, ya que la empresa detrás del proyecto, construirá el mismo ofreciendo condiciones infrahumanas a los 600 inquilinos que ahí estarán viviendo.

Durante una sesión plenaria abierta al pública la semana pasada, cuando se dio la aprobación, los constructores describieron las unidades dentro del edificio como un “bunker” de 1,389 pies cuadrados donde 20, si así como lo escuchan, 20 personas dormirán.

Esto es algo patético, ya que si bien recuerdan, hace dos años el producto de los huevos de gallina aumentó debido a que los Asambleístas de California, pasaron una ley para asegurarse que las aves no estuvieran viviendo en jaulas pequeñas, y así brindarles un mejor hábitat.

Al parecer y con las acciones de la Comisión, visiblemente a ellos les importa un “huevo”, de gallina obviamente, el bie-nestar de seres humanos como lo son los trabajadores agrícolas, pero a cambio sí que les importa más la vida de un ave.

En pleno sigo XXI y ante tanta lucha y un sin fin de movimientos por la igualdad social y de todo tipo, la aprobación, y sobre todo unánime, de estos “bunkers”, es de escándalo.

No es posible que la Comisión sea tan descarada y vele solamente por los intereses económicos de una corporación como lo es la Bonipak Produce Inc, antes conocida como Bettravia Farms.

Sí, porque al ofrecer viviendas, si es que se les pueden llamar así a esas recámaras que se asemejarán más a una de las sobrepoblados cárceles latinoamericanas, la empresa se estará ahorrando miles de dólares diariamente.

Lo peor de todo es que eso llega con la complicidad y visto nuevo de autoridades, que supuestamente velan por los intereses públicos.

Una de las razones por las que estos funcionarios irresponsables hayan aprobado el complejo habitacional, es que el proyecto será para los trabajadores que vengan desde México con la visa de trabajador temporal, visa H-2A.

Esto corrobora el mensaje de las autoridades y de la compañía: que la vida y las condiciones de vida para estas personas que trabajan a diario, de sol a sol, no son su prioridad.

Como si el trabajar largas jornadas, en una actividad que es más que física y aguantando las inclemencias del sol, el polvo, el viento, etc, no fueran suficiente para que sus patronos se tomaran la molestia de ofrecerles una vivienda donde al final del día pudiesen descansar como se debe y como tanto se lo merecen.

Al más fiel estilo de los colonizadores españoles cuando llegaron a Latinoamérica, la Bonipak, desea seguir explotando a las personas más vulnerables.

Sí, porque estos trabajadores inmigrantes no podrán organizarse en sindicatos para pelear por sus derechos, así como también, casi con seguridad cobrarán mucho menos que empleados contratados en Estados Unidos.

Lo peor de todo, que una vez finalizada y oficializada el visto bueno para la construcción del proyecto, funcionarios de la empresa, dijeron “estar muy contentos con la decisión”, y como no sí le estarán ahorrando millones de dólares a sus amigos de Bonipak.

Espero que organizaciones y funcionarios públicos hagan todo lo posible por parar este proyecto, o en su caso que sea cambiado para que el plan sea uno que ofrezca condiciones dignas de vida a los trabajadores del campo y así no sean abusados una vez más.

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