Editorial

Por Carlos Hernández
[email protected]

Lo más difícil ya había ocurrido, lograr el visto bueno de la bancada legislativa republicana que se oponía a los permisos de conducir para la comunidad indocumentada, por lo que la larga espera del “Sí” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se veía más como un capricho burocrático.

Típico a estos niveles de negociaciones, pero totalmente absurdo cuando se trata de una ley por la que se ha luchado por casi 20 años.

Y es que al parecer la comunidad latina a pesar de su aporte al desarrollo económico, cultural, social, y en todos los ramos de este país, aún continúa siendo tratada con cierta segregación.

El argumento de muchos de los opositores a los inmigrantes, que no tienen derecho porque no arreglan su estatus es realmente de risa, puesto que estos no se dan cuenta que dicho proceso no es tan fácil de sólo llenar aplicaciones, pagar multas y ya. Si así fuese, con casi seguridad el 90 por ciento de los indocumentados ya lo hubiesen dejado de ser.

Pero dejémonos de lamentos, aunque sí muy reales, lo importante es que desde ahora las personas indocumentadas podrán conducir libremente por todo el estado.

Ese estrés, ansiedad y temor que millones sienten cuando ven a una patrulla de la Policía, del Alguacil o de la Patrulla de Carreteras por fin será cosa del pasado.

Muchas familias por fin, podrán funcionar de manera normal, sin cambiar o cancelar planes porque deben tomar el bus y eso les toma mucho tiempo.

Ahora podrán ir al supermercado, al hospital, al parque y adonde quieran cuando así lo deseen.

Parece broma, que al enumerar estos “beneficios” se escuchen como si se sacaron la lotería, cuando para todos los demás conducir es sólo una actividad más como comer o respirar, pero así de mal estaba la situación.

Desde el 1 de enero esa esposa, esposo o hijos que esperaban en casa angustiados cada vez que un familiar sin licencia se daba a la odisea de salir y conducir, por fin podrán quitarse un peso de encima.

Cabe resaltar los esfuerzos de las asociaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes para que estos permisos ,que tendrán la leyenda “Federal Limits Apply” (Límites Federales Aplican), sean una realidad.

Las autoridades del DMV y como dice Lizette Mata, directora de programas especiales de dicha entidad, “las negociaciones no hubiesen avanzado sin la ayuda de la oficina del gobernador Jerry Brown”.

Y es que desde que llegó a Sacramento el gobernador, ha diferencia del presidente Barack Obama, ha cumplido con casi todo lo prometido a la comunidad inmigrante del estado.

Entre las muchas propuestas hechas leyes por Brown destacan la autorización de ayuda estatal a estudiantes de institutos de educación superior y universidades, otorgar licencias a los beneficiados del DACA, el pago de horas extras a trabajadores domésticos, y sobre todo “La Ley De Confianza”.

Esta última puso un alto al tan controversial programa federal “Comunidades Seguras”, el cual daba a los agentes del orden la potestad de ponerlos en detención migratoria.

“La Ley de Confianza” nació precisamente luego que Brown firmó la AB60, al darse cuenta que muchos oficiales abusaban de poder y ponían a disposición del ICE a personas por infracciones de tráfico o peatonales menores.

Lo bueno es que Brown y sobre todo el DHS por fin se percató que “ya era hora” de ayudar a los indocumentados y no seguirlos abusando.

Para cartas al editor por favor mande un correo al editor al correo electrónico, [email protected]