Gobierno hace más difícil calificar para visas

Por Agencias
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A partir de ahora, la administración Trump hará más difícil el proceso para que los inmigrantes que quieren obtener una residencia legal o la ciudadanía, si es que usan o tienen alguna intención de usar subsidios del estado, como los ‘food stamps’ o cualquier otro tipo de ayuda pública.

La medida fue anunciada este sábado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y se apoya en reglas ya establecidas en las leyes de inmigración vigentes, que tienen que ver con el concepto de “carga pública”, según reportó el sitio de noticias de Univisión.

Con esta nueva acción, el gobierno podrá negar más fácilmente visas, residencias o ‘green cards’ y ciudadanías, si descubren que los solicitantes o sus familias se van a beneficiar de ayudas públicas, como lo son los cupones de alimentos, el Medicaid o el programa de alimentación para niños.

“Bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, indicó la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en un comunicado.

Los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos, asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”, agregó la secretaria de Seguridad Nacional.

El nuevo reglamento también afectará a los solicitantes de visas para entrar y permanecer en Estados Unidos.

Esta nueva propuesta se publicará en el Registro Federal en próximas semanas, de acuerdo con el DHS, para después cumplir con un período de comentarios públicos que durará 60 días.

“Después de que el DHS considere cuidadosamente los comentarios públicos recibidos sobre la regla propuesta, el DHS planea emitir una regla final de carga pública que incluirá una fecha de vigencia”, informó la agencia.

Grupos pro-inmigrantes y líderes demócratas del Congreso condenaron la decisión, al advertir que la misma obligará a gente pobre que depende de la ayuda pública a tener que escoger entre su sustento y la “tarjeta verde” para trabajar y permanecer legalmente en este país.

El legislador de Nueva York y demócrata de mayor rango en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, increpó que la propuesta es “una bofetada” para los inmigrantes legales que han obedecido las reglas y que el presidente  Trump y los republicanos en el Congreso dicen apoyar.

Según Nadler, la medida es una distracción de la Administración para que los votantes olviden cómo Trump ha beneficiado a los ricos, eliminado fondos para las escuelas y pone en riesgo fondos para el Seguro Social y “Medicare”.

Mientras tanto, grupos ultraconservadores como el “Centro para Estudios de Inmigración”, que exigen restringir aún más la inmigración legal, especialmente de gente de bajos ingresos, aplaudieron la medida, mientras activistas pro-inmigrantes han prometido luchar para evitar que entre en vigor.

La abogada Adriene Holder, de “Legal Aid Society”,  calificó la propuesta de “desalmada”, “radical” y “peligrosa”, y revela una vez más “el profundo desdén de la Administración Trump hacia los inmigrantes y sus hijos, especialmente de minorías”.

“El reglamento restringirá el acceso a ayuda de alimentos, vivienda, y otros tipos de beneficios públicos, y contraviene los valores y principios fundacionales del país”, señaló.

Para el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), la medida es discriminatoria porque castiga a inmigrantes legales que soliciten la residencia permanente sobre la base de factores como su nivel de ingresos, o estatus de salud.

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