Departamento de Justicia detiene prohibición de pesticida
Por/ Víctor Rosas
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Apenás unos meses atrás, la Corte de Apelaciones del 9º circuito había dado una aparente victoria a los grupos ambientalistas, al ordenar, que dentro de los próximos 60 días, se tomaran las medidas necesarias para que se suspendiera el uso de un pesticida utilizado en los campos agrícolas, el Departamento de Justicia ha llamado a una revisión.
Y es que desde que Donald Trump asumió la presidencia, ha venido desmantelando todas las políticas de la pasada administración de Barack Obama, entre ellas, las medidas de protección al medio ambiente.
La semana pasada, el Departamento de Justicia requirió una nueva audiencia para tratar de revocar la desición de la novena corte de apelaciones, que prohibía el suo del clorpirifós, el cual varios estudios han señalado como el culpable de daños neurológicos cuando las madres embarazadas son expuestas a la inhalación de este insecticida.
La desición del DJ, liderado por el controversial Jeff Session, deja así en un limbo legal la implementación de la prohibición.
Esta táctica dilatoria, es la última confrontación en una disputa que se extiende ya por 11 años, en la que el destino de este pesticida, conocido por causar autismo y daños cerebrales en los bebés, será decidido.
Desde que el DPR publicó su informe sobre contaminantes del aire tóxico en junio, no se han propuesto nuevas restricciones.
En cambio, el DPR ha establecido un calendario para una mayor deliberación que se extiende hasta 2021.
Mientras tanto, el medio millón de niños que nacen en California cada año enfrentan la amenaza de daños irreversibles a sus cerebros en desarrollo causados por el uso continuo de clorpirifós.
«Los científicos y reguladores estatales están de acuerdo en que los niños pequeños corren el riesgo de sufrir daños cerebrales debido a la exposición a clorpirifós. ¿Por qué no actúan para proteger a nuestros niños, dado lo que saben sobre los peligros de este químico? La casa está en llamas, y todo lo que ofrecen son años de papeleo», dijo Mark Weller, codirector de la coalición estatal Californians for Pesticide Reform.
Grupos ambientalistas y en pro de la salud, incluyendo muchos de la Costa Central, han renovado sus esfuerzos, llamando a los reguladores del estado y al gobernador Jerry Brown, para tomar medidas inmediatas para detener el uso de este insecticida en California, donde anualmente casi un millón de libras son usadas.
Este pasado jueves 4 de octubre, cansados de la falta de progreso en cuanto a la prohibición, decenas de activistas y trabajadores agrícolas, hicieron un viaje hasta Sacramento, y llegaron hasta el edificio del capitolio estatal para reunirse con los legisladores para entregar cartas, tanto a los legisladores, como al gobernador Jerry Brown.
Los activistas han urgido a la administración del gobernador Brown, seguir los pasos de Hawai y convertir a California en el segundo estado del país en prohibir el uso del pesticida.
Olga Medina, de la organización Líderes Campesinas estuvo compartiendo sus experiencias en las gradas del capitolio.
Cristin Romo, un profesor del área de Watsonville, quien ha sido testigo del terrible costo pagado por los niños que viven en áreas rurales, incluyendo sus propios hijos.
“Quisiera que el gobernador entendiera, que esto es algo personal para mí, creo que mis hijos fueron impactados de por vida por el clorpirifós, y nadie parece interesado en hacer nada al respecto, no entiendo cómo es que las autoridades que nosotros mismos elegimos no nos protegen, ni hacen el trabajo para el cual nosotros mismos los elegimos”.
