El propietario de una tienda del condado de Ventura admite haber ayudado a los cazadores en una red de caza furtiva a gran escala
Por Redacción
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La Fiscalía del Condado de Ventura informó que el propietario de una tienda minorista en Pirú, que vendía licencias de casería del California Fish and Wildlife, se declaró culpable de cargos federales en relación con una red de caza clandestina a gran escala.
Juventino Reyes Guerrero, de 44 años, el operador de un mostrador de licencias de Pesca y Vida Silvestre ubicado dentro de Lizette’s Market en Piru, acepto la culpabilidad de seis delitos graves, incluidos dos cargos de conspiración y cuatro cargos de presentación de un documento falso o falsificado.
Guerrero desempeñó un papel clave en la supuesta red de caza ilegal, vendiendo y reimprimiendo etiquetas de caza ilícitas a un grupo de cazadores conocido como «E-Bike Crew».
El acusado abusó de los sistemas de licencias y ayudó a orquestar la matanza ilegal de la vida silvestre local. Sus acciones pusieron en peligro nuestro medio ambiente y, como consecuencia de su declaración de culpabilidad, tendrá una prohibición de por vida de emitir etiquetas y licencias de caza”, indicó Erik Nasarenko, Fiscal del condado.
De acuerdo a las investigaciones de las autoridades competentes, del período de junio de 2019 hasta octubre de 2021, seis individuos supuestamente falsificaron y reimprimieron etiquetas de casería para poder eludir las leyes estatales que rigen la caza en California.
Con esto los cazadores clandestinos, mataron más animales de los permitidos legalmente.
Los seis cazadores también acusados como parte de la red clandestina son: Martín M. Bravo, Martín Bravo Sr., Jaime Mendoza Ávila, Walfre López y López, Gilberto López Hernández y Cristian López Péres.
De acuerdo a las autoridades, todos deben comparecer ante un tribunal el próximo 6 de abril.
La mayor parte de las etiquetas ilegales se vendieron en Lizette’s Market, durante ese período, los miembros de E-Bike Crew compraban una licencia en la tienda de Guerrero, Guerrero luego volvería a imprimir las etiquetas, atribuyéndolas a una mala calidad en la impresión.
“En realidad, les dio etiquetas adicionales a los hombres involucrados y recibió sobornos por hacerlo”, recalcó la Fiscalía del Condado.
Los fiscales indican que Guerrero estaba imprimiendo y reimprimiendo las etiquetas con el nombre de su hijastra, e indicaron que cuando la contactaron al respecto, la hijastra les dijo a los investigadores que no tenía idea de la operación.
Los agentes y fiscales a cargo del caso, pudieron ver la ilegalidad del proceso, ya que cada etiqueta reimpresa queda en la base de datos del Sistema Automatizado de Datos de Licencias de California.
“Durante el tiempo en que ocurrieron los presuntos delitos, ningún comerciante con licencia en el estado de California tenía más boletos reimpresos que Lizette’s Market, dijeron las autoridades. En total, cada boleto reimpreso en Lizette’s Market podría rastrearse hasta el equipo de caza ilegal”, indicó el Fiscal.
Los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre alegan que el grupo fue responsable de un número indeterminado de matanzas ilegales a lo largo de los años, y simplemente no las denunció o usó etiquetas fraudulentas en un intento de encubrir sus delitos.
De acuerdo a la Fiscalía, como resultado de la operación ilícita de la banda de cazadores, el Departamento de Fish and Wildlife, pudo vincular al grupo con docenas de ciervos que fueron capturados ilegalmente, así como con varios osos negros y al menos un león de montaña protegido.
«Esta declaración de culpabilidad es un testimonio de la investigación intensiva y exhaustiva por parte de nuestros oficiales de vida silvestre en combinación con el apoyo de los investigadores y fiscales de la Oficina del Fiscal del Distrito de Ventura», recalcó David Bess, Jefe de la División de Cumplimiento de la Ley y Director Adjunto de la Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.
De acuerdo a la Fiscalía, se espera que Guerrero enfrente al menos seis meses en la Cárcel del Condado, así como una prohibición de por vida de operar computadoras estatales.
La prohibición lo descalifica efectivamente para nunca operar otro mostrador de venta de boletos de Pesca y Vida Silvestre.
