Por Agencias
[email protected]
La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, firmó una orden ejecutiva que pide que todos los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sean transferidos de la cárcel de la ciudad tan pronto como sea posible, al tiempo que declaró que Atlanta ya no retendrá a nadie para la agencia federal.
Su medida sigue a una orden ejecutiva separada de junio que impidió que la cárcel admitiera a nuevos detenidos de ICE en medio de la aplicación de la política de “tolerancia cero” de la administración de Trump, que separó a muchas familias inmigrantes en la frontera sudoeste.
Bottoms se ha opuesto enérgicamente a esa política federal al decir: “Como país, somos mejores que esto”.
Hasta la semana pasada, sólo había 5 detenidos de ICE en el centro de detención de Atlanta, en comparación con los 205 que había en junio.
El número ha disminuido debido a que ICE ha liberado algunos, deportado a otros y transportado al resto a otros centros de detención en todo el estado.
“Atlanta ya no será cómplice de una política que inflija intencionalmente miseria a una población vulnerable”, dijo Bottoms en una conferencia de prensa en la Alcaldía momentos antes de firmar su orden ejecutiva.
“Como el lugar de nacimiento del movimiento por los derechos civiles, estamos llamados a ser mejores que esto”.
La orden ejecutiva de la Alcaldesa ordena al jefe del Departamento de Correccionales de la ciudad que deje de recibir detenidos ICE de forma permanente y solicite que la agencia federal transfiera a los detenidos restantes fuera de la cárcel de la ciudad lo antes posible.
La ciudad, agregó la funcionaria, ha establecido una asociación con Uber y un par de organizaciones benéficas católicas y luteranas, que proporcionarán viajes y comidas gratuitas a las familias inmigrantes que fueron separadas en la frontera sudoeste y que se han reunido en Atlanta.
Atlanta recibe $78 dólares diarios por cada detenido de ICE que tenga en la cárcel a través de un contrato con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, recaudando así $7.5 millones de dólares a través de dicho acuerdo durante este año fiscal, a partir de junio.
Eso es más de un quinto del presupuesto anual de la prisión de $33 millones.
Funcionarios de la ciudad agregaron que la cárcel de Atlanta continuará albergando a los detenidos por otras agencias federales.
La administración de Bottoms, mientras tanto, está explorando la venta de la cárcel de la ciudad, citando la disminución del número de reclusos y el aumento de los costos de mantenimiento.
La cárcel tenía 121 detenidos, incluidos los cinco de ICE.
La alcaldesa ya ha ordenado al Ayuntamiento que identifique nuevas posiciones de trabajo para el personal de la cárcel.
“Estamos imaginando qué podría ser esta propiedad. Con muchos grandes desarrollos sucediendo en el área, la cárcel en sí misma se ha convertido en la principal propiedad inmobiliaria. Eso sin duda tendrá que sopesarse junto con su uso potencial como un centro de detención para alguna otra jurisdicción”, dijo Bottoms sobre la cárcel en una declaración preparada el mes pasado.
Atlanta ha sido duramente criticada por los defensores de los derechos de los inmigrantes por retener a detenidos de ICE.
Por otro lado, el Secretario de Estado, Brian Kemp, candidato republicano a a Gobernador de Georgia, dijo en junio que la ciudad debería cumplir su “acuerdo de larga data” para alojar a los detenidos, y agregó:
“La seguridad pública, no la política partidista, siempre debe ser lo primero”.
El ICE dijo que si Bottoms cancela el contacto, la agencia federal colocaría a las personas que enfrentan deportación en sus centros de detención en Folkston, Lumpkin y Ocilla.
Además, el ICE y la compañía privada de correccionales que opera el Centro de Procesamiento del ICE en Folkston acordaron este año ampliar esa instalación en 338 camas, lo que muchos llaman que es un negocio y no tanto un asunto de seguridad nacional.
