Por Redacción
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Autoridades estatales y federales están monitoreando de forma activa la reacción pública en internet ante una serie de arrestos realizados en el marco del operativo migratorio “Catahoula Crunch” en el área de Nueva Orleans, según un reporte de la Associated Press que revisó cientos de documentos oficiales.
La recopilación de inteligencia incluye vigilancia continua en foros digitales y redes sociales para detectar amenazas dirigidas a los agentes federales, al mismo tiempo que se elaboran informes periódicos sobre el “sentimiento” de la población respecto a los arrestos.
Esto ocurre mientras funcionari@s locales continúan exigiendo mayor transparencia sobre el alcance y los objetivos del operativo, del cual aseguran haber recibido escasa información.
“Las opiniones en línea siguen divididas; algunos apoyan las operaciones, mientras que otros las rechazan”, indica un informe distribuido a cuerpos de seguridad el domingo por la mañana.
Boletines previos señalaban la existencia de grupos que alentaban a la población a grabar las actividades del ICE y la Patrulla Fronteriza, así como publicaciones que compartían supuestas ubicaciones donde podrían encontrarse inmigrantes.
Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ha asegurado que el operativo se enfoca en inmigrantes con antecedentes criminales graves, los documentos obtenidos por la AP muestran que menos de una tercera parte de las 38 personas arrestadas durante los dos primeros días tenían historial delictivo.
Funcionari@s locales expresaron que estos datos, los cuales fueron clasificados como información no autorizada para difusión pública, contradicen la narrativa oficial del operativo.
“Esto confirma lo que ya sabíamos: no se trata de seguridad pública, sino de infundir miedo y causar confusión en nuestras comunidades. Este tipo de acciones alimenta estereotipos dañinos que retratan a los inmigrantes como personas violentas”, recalcó el Senador estatal demócrata Royce Duplessis, quien representa a Nueva Orleans.
El DHS no respondió directamente a las preguntas sobre el monitoreo digital ni sobre los detalles de los arrestos.
En su lugar, remitió a la AP a un comunicado de prensa anterior en el que se reportaban “docenas de detenciones”, sin ofrecer información detallada sobre los detenidos ni sus antecedentes.
Hasta la fecha, la agencia federal solo ha publicado seis casos de personas detenidas, todas con antecedentes penales.
Entre ellas se encuentra un individuo condenado por “homicidio” y otro por agresión sexual.
El DHS ha desplegado varios cientos de agentes en el sureste de Luisiana y planea realizar hasta 5,000 arrestos durante los dos meses que durará la operación.
“La población estadounidense debería poder vivir sin miedo a ser perjudicada por inmigrantes criminales y violentos”, indicó Tricia McLaughlin, vocera del DHS.
Sin embargo, según los documentos revisados, solo 9 de los primeros 38 arrestados tenían antecedentes penales más allá de infracciones de tránsito.
Los reportes de inteligencia advierten explícitamente que esta información “no debe ser divulgada a los medios”.
El presidente del Concilio Municipal de Nueva Orleans, J.P. Morrell, manifestó que los objetivos declarados del operativo no se alinean con la realidad observada hasta ahora.
“La ciudad de Nueva Orleans no ha recibido ninguna información sobre los arrestos. Si el objetivo real fuera complementar a las autoridades locales para detener a criminales peligrosos, ¿por qué no han sido más transparentes sobre a quién están deteniendo y por qué?”.”, dijo.
Morrell y otros funcionarios también señalaron que la operación parece centrarse de manera desproporcionada en personas de piel morena, mencionando como evidencia videos virales que muestran a agentes enmascarados persiguiendo a ciudadanos estadounidenses, como el caso de un joven de 23 años que regresaba del supermercado.
Los informes internos indican que las autoridades también están monitoreando cuidadosamente este tipo de grabaciones y la respuesta pública a las mismas.
Un boletín incluso señala que algunos simpatizantes del operativo se han mostrado conmovidos por videos en los que se escuchan niñ@s llorando mientras sus padres son arrestad@s.
Por su parte, grupos defensores de los derechos civiles y legisladores estatales han advertido que este monitoreo podría tener un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión, especialmente ante declaraciones oficiales que sugieren que las personas que interfieran con la labor de los agentes podrían enfrentar cargos penales.
Funcionari@s locales indicaron que continuarán solicitando al gobierno federal mayor claridad y responsabilidad sobre el desarrollo del operativo, que se prevé continúe por varias semanas más en la región.
