Por Redacción
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La condena penal contra una jueza de Wisconsin por obstrucción a la justicia, tras ayudar a un inmigrante indocumentado a evadir a agentes federales, ha provocado una fuerte reacción entre activistas, juristas y líderes políticos, reavivando el debate sobre la independencia judicial y la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.
Un jurado declaró culpable a Hannah Dugan, jueza del Circuito del Condado de Milwaukee, luego de un juicio de cuatro días y más de seis horas de deliberación. El veredicto la expone a una posible pena de hasta cinco años de prisión. Dugan fue absuelta de un cargo menor de ocultamiento, y hasta este viernes no se había fijado fecha para la sentencia.
La administración Trump celebró la decisión judicial como una victoria del estado de derecho. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó que el fallo demuestra que “nadie está por encima de la ley”.
“Nadie puede obstruir a las fuerzas del orden mientras llevan a cabo sus deberes básicos”, escribió Bondi en redes sociales. “Este Departamento de Justicia no vacilará mientras nuestros agentes continúan haciendo que Estados Unidos sea seguro nuevamente”.
Un caso que divide al país
El caso ha intensificado las tensiones en torno a la ofensiva migratoria del gobierno federal. Funcionarios republicanos han calificado a Dugan como una jueza activista, mientras que líderes demócratas y organizaciones civiles sostienen que su procesamiento busca intimidar a jueces que se oponen a las políticas migratorias federales.
El fiscal federal Brad Schimel, exfiscal general republicano de Wisconsin, rechazó que el proceso haya sido político y pidió respetar el fallo. “Algunos han intentado convertir esto en una batalla política más amplia”, señaló. “En última instancia, se trata de un solo día, un solo mal día, en un tribunal público”.
Los fiscales argumentaron que Dugan permitió que Eduardo Flores-Ruiz, un inmigrante mexicano que había reingresado ilegalmente a Estados Unidos, abandonara el tribunal por una puerta privada para evitar su detención. Aunque los agentes federales lograron arrestarlo tras una persecución, el Departamento de Seguridad Nacional confirmó posteriormente que fue deportado.
Durante los alegatos finales, la fiscal Kelly Brown Watzka sostuvo que la jueza antepuso sus creencias personales a la ley. “No tienes que estar de acuerdo con la política migratoria del gobierno para ver que esto estuvo mal”, dijo al jurado. “Solo tienes que estar de acuerdo en que la ley se aplica por igual a todos”.
Apelación y consecuencias institucionales
Dugan no testificó durante el juicio. Su abogado principal, Steve Biskupic, calificó el veredicto como decepcionante y cuestionó la lógica de una decisión dividida del jurado. “No entiendo cómo pudieron llegar a ese resultado cuando los elementos de ambos cargos eran prácticamente los mismos”, afirmó.
La defensa anticipó que apelará la condena, mientras una coalición de 13 organizaciones civiles advirtió que el caso plantea serias preocupaciones constitucionales. “Los tribunales superiores deben revisar cuidadosamente las cuestiones sobre debido proceso, autoridad judicial y exceso federal”, señalaron en un comunicado conjunto.
Dugan fue suspendida de sus funciones tras ser acusada. La Constitución de Wisconsin prohíbe que personas con condenas penales ocupen cargos judiciales, aunque la Comisión Judicial del estado no ha aclarado aún cuáles serán los próximos pasos administrativos.
El fallo se produce en un contexto de creciente confrontación entre el poder judicial y el Ejecutivo federal, en un país profundamente dividido sobre inmigración, estado de derecho y el alcance del poder presidencial.
