Corte de apelación pone alto a Trump
Por Redacción
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La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos ha apoyado este lunes la demanda presentada por diferentes organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de los inmigrantes en Oregon, para continuar con la orden judicial que impide que la Administración de Donald Trump solicite prueba de plan de seguro médico a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
“Estamos encantados de que el Noveno Circuito haya permitido que este mandato judicial continúe protegiendo el sistema legal de inmigración basado en la familia promulgado por el Congreso”, dijo la abogada Naomi Igra, del despacho Sidley Austin LLP, en un comunicado.
Las organizaciones Latino Network, Justice Action Center (JAC), The American Immigration Lawyers Association (AILA), Innovation Law Lab y el despacho de abogados Sidley Austin LLP interpusieron una demanda para frenar la petición de la Administración que había solicitado la suspensión de la orden judicial otorgada el 26 de noviembre por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Portland, Oregon.
La suspensión de dicha orden le habría permitido a la Administración del presidente Donald Trump implementar de inmediato la proclamación presidencial del cuatro de octubre, que exige que los inmigrantes legales demuestren que tienen un tipo específico de plan de seguro de salud, o que pueden pagar la atención médica de su bolsillo, para poder ingresar a Estados Unidos.
La proclamación debía entrar en vigencia el tres de noviembre de 2019, pero al impedir su implementación se pudieron otorgar 25 mil visas que hubieran sido denegadas.
Se contabiliza que dos tercios de los inmigrantes legales se hubieran quedado sin entrar en el país, sin haber demostrado hasta la fecha la Administración la eficacia de dicha medida en caso de haber sido implementada.
Las organizaciones demandantes alegan que dicha medida es ilegal y afectaría a más de 300 mil personas al año, favoreciendo la separación de familias y frenaría la llegada de talento internacional.
Jeff Bless, director de litigios federales de AILA, indicó en un comunicado que “gracias a esta decisión muchas familias pueden respirar aliviadas ya que se ha reconocido el daño irreparable que se habría infligido de haberse suspendido la orden judicial”.
Por su parte Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab, señaló que “la larga tradición de Estados Unidos de reunir a las familias a través de su sistema de inmigración es un componente clave de la estabilidad, prosperidad y fuerza colectiva de la nación”.
Por otro parte, los cinco congresistas federales de Colorado expresaron este lunes su “profunda preocupación” por el posible incumplimiento del debido proceso por parte de jueces de la Corte de Inmigración de Aurora (al este de Denver), que no permitirían a los inmigrantes consultar con sus abogados o revisar los documentos del caso.
En una carta enviada a James McHenry (director de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR) y a Matthew Albence (director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE), los legisladores pidieron que se “implementen cambios inmediatamente” para “preservar los derechos constitucionales” de los inmigrantes.
El documento, de tres páginas, fue gestionado por el representante Joe Neguse y lleva la firma de los también representantes Ed Perlmutter, Diana DeGette y Jason Crow, así como del senador Michael Bennet.
“Debemos asegurarnos de que no se sacrifique ni la seguridad ni el proceso debido, por lo que solicitamos inmediatas acciones por parte del ICE y de EOIR para remediar las circunstancias e implementar medidas de sentido común que aseguren que no se ponga en peligro la integridad de los procedimientos en la corte”, dice la carta de los demócratas.
Las circunstancias a las que se refieren Neguse y sus colegas son el hecho de que, incluso desde antes de la pandemia, pero mucho más después de su inicio, los jueces de la Corte de Inmigración de Aurora presiden sus casos por teléfono, con el inmigrante en cuestión en muchas ocasiones todavía detenido en la cárcel para indocumentados que la empresa GEO opera en Aurora.
