Por Carlos Hernández
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Es una pena saber que en este país donde se defiende la libertad de expresión hayan todavía autoridades que deseen callar la voz popular.
La semana pasada en la última sesión plenaria de Concejales y Alcalde de la ciudad de Santa María, el productor local William Wegener acusó de manera indirecta a las autoridades de tener un complot contra personas que hagan programas que sean transmitidos en los canales públicos.
Y es que según Wagener, todo se dio luego de una pieza investigativa del show que ha estado haciendo hace 16 años ‘On Second Thought”, en el cual expuso las operaciones anómalas que un banco local realizaba a la hora de embargar casas y vender embargarlas.
De acuerdo a lo que él dijo, desde hace unas semanas y a tan sólo días que el show saliera al aire, como por arte de magia la Alcaldía cortó de 40 horas a tan sólo 11 horas de uso del Media Center, lugar donde personas como él usan para editar y hacer todos los arreglos, mejor conocido como post-producción, a sus programas.
Esto sólo envía un muy mal mensaje a toda la comunidad: que las autoridades siempre tienen un precio y hay de aquel pobre ciudadano que trate de luchar contra las grandes corporaciones.
Sí porque, y partiendo de cómo se han dado los hechos no es descabellado pensar que autoridades del banco contactaron a los Concejales y Alcalde para tratar que no se den acciones como estas, o como una “vendetta” directa contra Wagener para callarle la boca y así no siga criticando a negocios poderosos.
Lamentablemente esto pasa cuando el capitaismo y el tráfico de influencias salen a relucir, al igual que ocurre a diario en Latinoamérica, y es que ese es el precio que se paga en sociedades consumistas y hambrientas por poder y dinero.
Obviamente la imagen de estos funcionarios públicos está siendo afectada, ya que de no rectificar, muy posiblemente Wagener y medios como este mismo, nos tocará indagar cuales son las conexiones reales y los motivos que han llevado a una violación de los derechos públicos.
Es deplorable que los Concejales, la Alcalde o quien haya dado el visto bueno para cortar el uso del Media Center, no se haya puesto a pensar que ellos han sido electos para proteger y velar por el bienestar de quienes los eligieron, sin embargo, parece que cuentan más las amistades, los favores o de paso esas donaciones que quizá reciben al momento de hacer campaña.
Es una pena que la Ciudad de Santa María con tanto problema de criminalidad, de abuso de autoridad, racismo y tantos otros, sea también golpeada y abusada por sus propios líderes.
Hoy es el momento que las organizaciones que pelean por los derechos civiles se hagan sentir y pidan una explicación e investigación exhaustiva y transparente de lo que esta pasando con el Media Center, y sobre todo de quitar el derecho de tener voz y voto a sus ciudadanos.
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