Por Agencias
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La repercusión del caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que apareció muerta en México el pasado jueves tras casi dos semanas desaparecida, puso al estado norteño de Nuevo León bajo el foco de atención.
Porque, al margen de las incógnitas que aún rodean su caso, su desaparición está lejos de ser la única.
Este año, el bastión industrial de México sufre una oleada de mujeres en paradero desconocido -especialmente jóvenes de 14 a 19 años- que provocó grandes protestas ciudadanas y llevó a las autoridades estatales a anunciar medidas con las que calmar los ánimos de la población.
Pero entender el contexto de esta crisis y el por qué de tantas desapariciones no es sencillo, especialmente en un país en el que se registran nueve mujeres desaparecidas al día, según los últimos datos del gobierno de México, y del que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas destacó en su último informe que «las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres».
La primera alerta saltó con los informes de medios locales de Nuevo León a inicios de abril sobre la desaparición de ocho mujeres jóvenes en solo diez días, la mayoría en la capital Monterrey y su zona metropolitana.
Cuando el 9 de abril se confirmó la muerte por asesinato de una de ellas, la joven María Fernanda Contreras, de 27 años, marchas ciudadanas exigieron justicia y respuesta de las autoridades para garantizar la seguridad de las mujeres.
El caso de Debanhi fue otro de los que logró gran atención de la sociedad y repercusión mediática desde su desaparición aquel mismo 9 de abril hasta que se confirmó su muerte tras aparecer su cuerpo en la cisterna de un motel en circunstancias que aún se investigan.
Pero hay muchas más historias de familias rotas en Nuevo León. Según cifras del gobierno estatal, 327 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en 2022 hasta el 17 de abril. De ellas, 33 seguían en paradero desconocido y cinco aparecieron sin vida (antes de que se encontrara el cuerpo de Debanhi).
«Esto es una tragedia humanitaria. Quiero que la gente sepa que el caso de Debanhi es solo la punta del iceberg de lo que ocurre aquí en Nuevo León», dice Leticia Hidalgo, fundadora de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl).
Este estado es la cuarta entidad de México con más desaparecidos, 6.175 personas, de las que casi el 30% son mujeres.
«Estamos en una situación de crisis, pero que lleva años. Es necesario actuar con acciones concretas», coincide Luisa Castellanos, vocera de la organización Buscadoras de Nuevo León que participó en las labores de búsqueda de Debanhi.
¿Por qué este aumento de desapariciones?
Las autoridades no han apuntado hasta ahora a una causa clara de por qué se registró este aumento de casos en tan poco tiempo en Nuevo León.
El secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, provocó una gran polémica que le valió incluso recibir peticiones de dimisión cuando descartó que existiera una banda organizada raptando mujeres y aseguró que muchas eran desapariciones porque las jóvenes «no se reportan con sus papás».
Un importante factor a tener en cuenta es incremento de homicidios en Nuevo León. Según datos de la Fiscalía estatal, los 1.069 asesinatos registrados el año pasado superaron las cifras vistas en los dos años anteriores. Pero este 2022 podría ser aún peor, después de los 295 homicidios sufridos en solo los tres primeros meses del año.
«Hubo también operativos en los estados cercanos de combate a la delincuencia, por lo que podría esta relacionado también a un desplazamiento de estos grupos que operan en otros lugares», apunta Castellanos.
Para Mariana Limón Rugerio, especialista en comunicación con perspectiva de género natural de Monterrey, las desapariciones en Nuevo León demuestran que la violencia contra la mujer ha evolucionado y se ha complejizado en estados fronterizos como este, pero cree que las autoridades no han sabido afrontar ese cambio.
Así, cita el momento cumbre de violencia vivido entre 2010 y 2011, en plena «guerra contra el narco» liderada por el gobierno mexicano de entonces, como el punto de inflexión en que «cambió el contexto y cambiaron las violencias».
«En estados con alto control del crimen organizado ya no hay solo violencia sexista: existe también la del narcotráfico y de la militarización, que también dejan en vulnerabilidad a niñas y mujeres», dice.
Para la experta, las cifras de Nuevo León ejemplifican muy bien esta realidad: subraya que el 72% de feminicidios registrados de enero a marzo de 2022 estaban ligados a la narcoviolencia en el estado, y que el año pasado se ubicó en el primer lugar entre las entidades del país con más denuncias por trata de personas.
«Es una violencia intersectada con otras violencias que no ha sido entendida ni por autoridades, ni por la opinión pública ni por la agenda feminista, que está muy centralizada en Ciudad de México donde no ocurren estas características que vemos en los estados de frontera», añade.
Para la fundadora de Fundenl, por su parte, es «la impunidad, la corrupción y la apatía e indiferencia» con que las autoridades tratan las desapariciones lo que contribuye a que su número aumente.
«Las autoridades dicen que no hay desapariciones, que las mujeres se van porque se pelean con sus familias o no se comunican con ellas. Son declaraciones cínicas que nos pone a todos en estado de peligro, porque creemos que esto no nos va a suceder», dice Hidalgo.
Limón destaca también que es necesario entender esa evolución de la violencia contra las mujeres porque, además de las cifras, también aumentó la brutalidad de los casos.
«A veces los perpetradores están ligados al militarismo y, especialmente, al crimen organizado. Ya hablamos de mujeres descuartizadas, embolsadas, calcinadas… Son maneras de matar muy brutales que los criminales usaban con hombres pero que ya se replican en mujeres, lo cual es preocupante y hace necesarias políticas públicas sensibles».
¿Qué reclaman familiares de víctimas a las autoridades?
Las autoridades han sido blanco de múltiples críticas por su gestión de esta última oleada de desapariciones, pero la Fiscalía estatal ha sido probablemente la más señalada.
Durante la búsqueda de María Fernanda, su familia denunció que notificaron a las autoridades la ubicación de su teléfono celular, pero que los investigadores no acudieron al lugar.
Tras la aparición de Debanhi en las inmediaciones de un motel muy cercano a donde fue vista por última vez y que ya había sido registrado previamente, su padre criticó con dureza la labor de la Fiscalía y planteó incluso que el cuerpo de su hija hubiera sido colocado después.
Cuando la Fiscalía comunicó que la causa de su muerte había sido una contusión en la cabeza, confirmó que en el lugar se había realizado una inspección previa en la que participaron varias instituciones y la propia familia, pero que «no permitió encontrar el cuerpo ahora localizado» sin ofrecer más detalles del motivo.
Para Limón, el hecho de que ya se hubiera buscado sin éxito en el lugar cuando Debanhi podría estar con vida muestra que la investigación fue «torpe, lenta, y que despierta muchas dudas y desconfianza en una Fiscalía que no da respuesta a lo que pasó».
El organismo ha asegurado que irá dando a conocer todos los avances y pruebas del caso que sea posible, siempre que ello no interfiera en la investigación, y que no descarta ninguna hipótesis.
Hidalgo carga especialmente contra la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas estatal por considerarlas «incapaces, sin eficacia ni protocolos efectivos. Ni cuando el caso fue tan mediático como el de Debanhi, pudieron dar resultados».
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció hace unos días la creación de un grupo especial de búsqueda de personas y anunció que el estado había desplegado toda la fuerza policial para intensificar la búsqueda de las mujeres desaparecidas.
Sin embargo, algunas organización respondieron que dicho grupo cumple funciones muy similares a las del protocolo Alba, que ya opera en México desde 2018.
«Eso deja ver que García no está entendiendo bien lo que ocurre», opina la periodista Mariana Limón. Se enviaron varias preguntas a la gubernatura de Nuevo León para conocer más sobre su postura y respuesta a esta crisis, pero hasta la publicación de este artículo no obtuvo respuesta.
Limón también cree que faltan medidas de política pública no creadas únicamente para resolver la situación actual, sino preguntando a las madres que buscan qué fue lo que falló en sus procesos. Y, precisamente, las organizaciones de búsqueda tienen claros sus principales reclamos a las autoridades para afrontar esta crisis.
Castellanos, de Buscadoras de Nuevo León, cree que lo primordial es dotar de personal suficiente a las instituciones encargadas de la búsqueda y de la investigación de casos de desaparecidos para operar rápidamente. «Y mejorar la colaboración entre Comisión de Búsqueda y Fiscalía, cada una tiene que asumir su responsabilidad».
También echa en falta acciones concretas de las autoridades no solo después de registrarse la desaparición, sino también antes.
«Vamos como los bomberos a apagar el fuego, pero no hay acciones enfocadas a prevenir la desaparición. Y no hablo solo de las recomendaciones al individuo de tomar cuidado de nuestra persona, sino también a la estrategia de seguridad que debe implementar los gobiernos a distinto nivel. El Estado debe asumir la seguridad de los ciudadanos», denuncia.
«El principal reproche es que no buscan con métodos eficaces y por eso no los encuentran. Por eso nos organizamos nosotros como grupos, porque vemos que las autoridades no actúan y tenemos que salir a buscar con nuestros propios ojos, manos y piernas», critica Hidalgo.
