Por Redacción
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La Guardia Nacional de Estados Unidos ensayó en repetidas ocasiones su papel en un operativo migratorio en el Parque MacArthur de Los Ángeles, diseñado como una demostración de fuerza contra personas sin documentación y manifestantes que se oponían a las políticas migratorias del gobierno federal, según testificó un general de división adjunto.
El general Scott Sherman, comandante de la Guardia Nacional en Los Ángeles, declaró durante un juicio que busca determinar si el presidente Donald Trump violó la Ley Posse Comitatus de 1878 al desplegar soldados y marines en el sur de California el mes pasado. La ley prohíbe, en términos generales, el uso de fuerzas armadas para asuntos domésticos.
Sherman explicó que la operación, inicialmente prevista para el 15 de junio (Día del Padre), se reprogramó para el 7 de julio por preocupaciones de seguridad, ya que se esperaba una gran afluencia de personas que podría desbordar a la Patrulla Fronteriza. La decisión fue tomada en conjunto con el Comando Norte de EE.UU., la Patrulla Fronteriza, el secretario de Defensa Peter Hegseth y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
Durante el operativo, la Guardia Nacional se encargó de asegurar el perímetro y se les ordenó permanecer en sus vehículos salvo que hubiera una amenaza directa contra los agentes federales. El despliegue duró apenas 20 minutos gracias a los múltiples ensayos previos, y no se informó sobre arrestos.
El general señaló que también advirtió sobre el impacto visual que tendría estacionar vehículos militares a lo largo del Bulevar Wilshire, en lugar de mantenerlos fuera de la vista. Tras manifestar sus reservas, Sherman afirmó que Gregory Bovino, jefe del sector de El Centro de la Patrulla Fronteriza, cuestionó su lealtad.
El 7 de julio, agentes federales, algunos a caballo y con equipo táctico, patrullaron un parque prácticamente vacío, luego de que circulara la noticia de una posible redada. Tanto la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como el gobernador de California, Gavin Newsom, calificaron la operación como un acto político destinado a intimidar a las comunidades migrantes.
