Por Redacción
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La intensificación de la política migratoria del presidente Donald Trump está generando efectos colaterales en el sistema de salud de Estados Unidos, donde médicos y autoridades sanitarias advierten sobre una creciente crisis de acceso a la atención médica en comunidades inmigrantes.
En ciudades como Minneapolis-Saint Paul, Los Ángeles, Dallas y Chicago, proveedores de salud reportan una caída significativa en consultas, vacunaciones y tratamientos, impulsada por el temor a operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La situación, dicen, recuerda a los peores momentos de la pandemia de COVID-19, cuando el miedo mantenía a los pacientes alejados de hospitales y clínicas.
La controversia se intensificó después de que la administración Trump revocara en enero una política implementada durante el gobierno de Joe Biden que limitaba las acciones de control migratorio en “áreas sensibles” como escuelas, iglesias y hospitales. Desde entonces, médicos en distintas regiones han denunciado la presencia de agentes federales armados en centros médicos y una disminución alarmante en la asistencia de pacientes.
Agentes federales en hospitales y tensión en el personal médico
En el área metropolitana de Minneapolis-Saint Paul, médicos de hospitales importantes han reportado que agentes de ICE han acompañado a pacientes bajo custodia y se han apostado en pasillos cercanos a habitaciones, lo que ha generado tensión entre el personal sanitario.
Un médico de alto rango en Minnesota, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, señaló que los agentes han solicitado información médica protegida y actualizaciones sobre el estado de los pacientes. Según explicó, compartir ese tipo de datos violaría la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), que protege la información de salud identificable.
“Como médicos, nuestra obligación es atender al paciente frente a nosotros, no participar en la aplicación de leyes migratorias”, indicó el profesional.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha defendido las acciones de sus agentes. Funcionarios han afirmado que ICE no realiza operativos en hospitales salvo que exista un riesgo para la seguridad pública y que los agentes acompañan a detenidos cuando requieren atención médica, como lo haría cualquier agencia del orden.
Sin embargo, trabajadores de salud en Minnesota denunciaron ante el Capitolio estatal que la presencia de agentes armados ha sido intimidante tanto para pacientes como para empleados. La doctora Roli Dwivedi, expresidenta de la Academia de Médicos de Familia de Minnesota, afirmó que nunca había visto “este nivel de caos y miedo” en casi dos décadas de ejercicio profesional.
En St. Paul, el subjefe de operaciones del departamento de bomberos informó de incidentes en los que agentes federales habrían interferido con personal de emergencias médicas que intentaba trasladar a pacientes en situaciones críticas, incluyendo un caso de paro cardíaco.
Autoridades locales presentaron una demanda contra el DHS, alegando que la interferencia de los agentes obstaculizó la atención oportuna. El DHS no respondió públicamente a esos señalamientos específicos.
Miedo, menos consultas y caída en vacunaciones
Más allá de la presencia física de agentes en hospitales, médicos de distintos estados coinciden en que el temor a la deportación está disuadiendo a muchos inmigrantes de buscar atención médica preventiva y de emergencia.
El doctor Brian Muthyala, proveedor en Minneapolis-Saint Paul, indicó que las tasas de inasistencia en clínicas obstétricas, pediátricas y de cuidados intensivos han aumentado de manera significativa.
“La gente no va a urgencias, no se opera y evita incluso recoger medicamentos”, dijo.
En Los Ángeles, la red St. John’s Community Health reportó que durante operativos migratorios intensificados el verano pasado, las ausencias a citas médicas se dispararon del 8 % habitual a entre 30 % y 35 % diarios. La organización lanzó un programa de visitas domiciliarias denominado “Atención médica sin miedo”, enviando equipos de profesionales a los hogares de pacientes que temían salir.
Su director ejecutivo, Jim Mangia, estimó que entre el 20 % y el 25 % de sus pacientes son indocumentados. La red también comenzó a entregar alimentos y artículos básicos al detectar que algunas familias evitaban incluso ir al supermercado por miedo a ser detenidas.
En Dallas, el impacto se reflejó en la caída de las tasas de vacunación. El Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado informó que en agosto de 2025 se administraron 9.578 vacunas, frente a 16.412 en agosto del año anterior. Entre pacientes hispanos, las cifras se redujeron a menos de la mitad.
La disminución ocurrió el mismo año en que un brote de sarampión en el oeste de Texas provocó la muerte de dos niños no vacunados, lo que incrementó la preocupación de funcionarios de salud pública sobre el riesgo de enfermedades prevenibles.
En Chicago, el Departamento de Salud Pública registró cancelaciones de clínicas de vacunación y reducciones de hasta 72 % en la asistencia en algunas comunidades afectadas por operativos migratorios. Autoridades locales insistieron en que no recopilan ni comparten información sobre estatus migratorio, intentando reconstruir la confianza.
Consecuencias a largo plazo para la salud pública
Especialistas advierten que las consecuencias podrían extenderse más allá del presente. La falta de atención preventiva puede derivar en complicaciones médicas más graves y costosas, además de aumentar la presión sobre salas de emergencia.
La inseguridad alimentaria también se ha agravado. Médicos reportan que algunas familias están racionando medicamentos o saltándose comidas, lo que impacta enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.
Hospitales y clínicas, que ya enfrentaban dificultades financieras desde la pandemia, también sienten el golpe económico por la reducción en consultas programadas. “Cuando los pacientes no acuden, hay un impacto financiero real”, señaló Muthyala.
El DHS ha rechazado las acusaciones de que sus operativos estén perjudicando la salud pública y ha atribuido las interrupciones a protestas y disturbios en algunas ciudades.
Mientras tanto, proveedores de salud continúan reiterando a sus comunidades que la información médica está protegida por ley y que los hospitales no preguntan ni registran el estatus migratorio de los pacientes como condición para brindar atención.
Para muchos médicos, el desafío inmediato es restaurar la confianza. “Es difícil brindar una buena atención cuando tanto el paciente como el proveedor sienten miedo”, dijo el médico de Minnesota.
La tensión entre la aplicación de leyes migratorias y el acceso a la salud plantea un dilema que podría redefinir la relación entre autoridades federales y sistemas médicos en Estados Unidos en los próximos años.
