Por Redacción
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El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro se declaró no culpable este lunes de cargos federales de narcotráfico durante su primera comparecencia ante un tribunal de Estados Unidos, un momento sin precedentes que profundiza la crisis política venezolana y plantea un complejo debate jurídico sobre la jurisdicción estadounidense sobre exjefes de Estado extranjeros.
Maduro, vestido con un uniforme azul de prisión, compareció junto a su esposa, Cilia Flores, ante un juez federal en Manhattan en una audiencia procesal breve, pero decisiva, que marca el inicio formal de un proceso judicial que podría prolongarse durante años. Ambos escucharon el procedimiento en inglés mediante auriculares, con traducción simultánea al español.
El caso surge tras la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump que culminó con la captura de Maduro en Venezuela y su traslado a Nueva York, una acción que la Casa Blanca justificó con acusaciones de narcoterrorismo y conspiración para introducir drogas en Estados Unidos.
Un traslado inusual y una comparecencia bajo máxima seguridad
Maduro y su esposa fueron trasladados bajo fuerte custodia armada desde una cárcel federal en Brooklyn hasta el tribunal en Manhattan en las primeras horas del lunes. El operativo incluyó una caravana policial, un breve traslado en helicóptero sobre el puerto de Nueva York y el uso de vehículos blindados.
El despliegue de seguridad se produjo en medio de manifestaciones en las inmediaciones del tribunal. Un pequeño grupo de personas protestó contra la intervención estadounidense en Venezuela, mientras otros manifestantes expresaron su respaldo a la captura de Maduro, reflejando la polarización que rodea el caso incluso fuera del país sudamericano.
Al declararse no culpable, Maduro activó los mismos derechos procesales que cualquier acusado en el sistema judicial estadounidense, incluido el derecho a un juicio con jurado integrado por ciudadanos comunes. Sin embargo, su situación es excepcional debido a su condición de exmandatario y al contexto político que rodea su detención.
Se espera que su defensa impugne la legalidad del arresto, argumentando que Maduro goza de inmunidad soberana y que, por lo tanto, no puede ser procesado por tribunales extranjeros. Ese argumento ya fue utilizado sin éxito por el dictador panameño Manuel Noriega tras ser capturado por Estados Unidos durante la invasión de Panamá en 1990.
Washington sostiene que no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela, especialmente después de una reelección muy disputada en 2024, una postura que refuerza su argumento legal para juzgarlo en Estados Unidos.
Las acusaciones: narcotráfico, violencia y presuntos sobornos
La acusación formal, contenida en un expediente judicial de 25 páginas hecho público el fin de semana, señala a Maduro, a su esposa y a otros altos funcionarios venezolanos de colaborar con cárteles de la droga para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense.
Según los fiscales, Maduro y Flores habrían ordenado secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que debían dinero relacionado con el narcotráfico o que representaban una amenaza para la supuesta red criminal. Entre los hechos mencionados figura el asesinato de un presunto narcotraficante en Caracas.
Flores también enfrenta acusaciones de haber aceptado cientos de miles de dólares en sobornos en 2007 para organizar reuniones entre narcotraficantes de gran escala y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela. De acuerdo con el expediente, esos contactos derivaron en pagos mensuales adicionales, parte de los cuales habrían beneficiado directamente a la esposa de Maduro.
El caso involucra además a otros altos cargos venezolanos, incluidos un ministro del Interior y Justicia en funciones, un exministro del mismo despacho y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, señalado como presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua, quien permanece prófugo y enfrenta cargos en otro proceso penal.
Sin embargo, el expediente judicial también ha generado cuestionamientos. Una evaluación de inteligencia estadounidense publicada en abril, elaborada con aportes de las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia, concluyó que no existía coordinación directa entre el gobierno venezolano y el Tren de Aragua, una afirmación que contradice parte de la acusación presentada por los fiscales.
Hasta el lunes no estaba claro si Maduro había contratado un abogado estadounidense. Tanto él como su esposa han estado bajo sanciones de Estados Unidos durante años, lo que impide que ciudadanos estadounidenses reciban dinero de ellos sin una licencia especial del Departamento del Tesoro.
Impacto político y escalada regional
La comparecencia de Maduro se produce en un contexto de creciente tensión regional. El presidente Trump ha sostenido que la captura del líder venezolano permitirá un reordenamiento político en Venezuela y facilitará un mayor flujo de petróleo hacia los mercados internacionales, aunque analistas advierten que el deterioro de la infraestructura energética y la falta de inversión limitan cualquier aumento rápido de la producción.
Pese a las declaraciones de Trump, los precios del petróleo subieron ligeramente tras la audiencia, reflejando la incertidumbre sobre la gobernanza futura del sector energético venezolano y el papel que podría desempeñar Estados Unidos.
Trump también ha sugerido que Washington “administrará” temporalmente Venezuela, aunque el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que Estados Unidos no gobernará el país en el día a día, más allá de hacer cumplir una “cuarentena petrolera” y medidas de control estratégico.
Desde el avión presidencial, Trump lanzó duras críticas contra líderes de la región, incluido el presidente colombiano Gustavo Petro, y exigió a la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, que otorgue “acceso total” a Venezuela, advirtiendo sobre consecuencias si no coopera.
Rodríguez, quien asumió el liderazgo interino tras la captura de Maduro, exigió inicialmente su devolución inmediata, pero luego adoptó un tono más conciliador en redes sociales, invitando a una relación de cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos.
Antes de su detención, Maduro y sus aliados sostenían que la presión de Washington estaba motivada por el interés en las vastas reservas de petróleo y minerales de Venezuela, un argumento que ha sido respaldado por algunos aliados internacionales del chavismo.
La declaración de no culpabilidad de Maduro no solo marca el inicio de un proceso judicial complejo, sino que también simboliza un momento histórico con profundas implicaciones políticas y geopolíticas. El desenlace del caso podría redefinir las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y sentar un precedente sobre cómo se juzga a líderes extranjeros acusados de delitos graves.
