Por Agencias
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La visita de diputados ultraderechistas a represores presos por crímenes durante la dictadura se suma a medidas y discursos del Gobierno que atentan contra el proceso de memoria, verdad y justicia vigente desde la restauración de la democracia.
Mientras el núcleo de las reformas que está aplicando Javier Milei en Argentina se centra en la desregulación de la economía y el desguace del Estado, a la vez, sin tanta notoriedad, su Gobierno impulsa profundas transformaciones en otras áreas de la vida social. Un síntoma de los cambios que está propiciando fue la inédita visita que diputados de La Libertad Avanza, el partido del presidente, hicieron a represores presos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
Después del repudio político y social que cosechó el hecho, el Ejecutivo no lo rechazó y lo adjudicó a “decisiones personales”. Pero la visita que tuvo lugar el 11 de julio en la cárcel de Ezeiza, a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, se inscribió en una serie de medidas y discursos de los máximos referentes del Gobierno que, como advierten defensores de los derechos humanos, tienen en común el negacionismo del terrorismo de Estado, la reivindicación de las fuerzas armadas y la supresión de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Dos días después de que Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, participaran en un desfile militar y se mostraran a bordo de un tanque de guerra, en el marco de los actos por la independencia de Argentina, seis legisladores “libertarios” se trasladaron en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados hasta el penal de Ezeiza. Encabezada por el diputado Beltrán Benedit, la delegación estuvo integrada también por Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Guillermo Montenegro y Rocío Bonacci. En la cárcel se reunieron con presos por asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura: si bien no hay confirmación oficial, las versiones indican que estuvieron represores como Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti.
La visita a hombres asociados a crímenes aberrantes cometidos en los años setenta levantó una ola de repudios y pedidos de sanciones, tanto de organismos de derechos humanos como de dirigentes opositores. También recibió críticas desde adentro de La Libertad Avanza. En respuesta a los cuestionamientos, el diputado Benedit argumentó que se trató de una “visita humanitaria” y que se reunieron con “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. Sostuvo que el objetivo era difundir que “no se cumplen los derechos humanos, porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.
Sin condenar la visita, el Gobierno alegó que fue una cuestión personal de cada diputado. “Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho, pero los liberales no somos manada”, dijo Milei. Su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, repitió este domingo ese argumento, aseguró que “no son decisiones orgánicas” y que “si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido formó parte de lo que ellos consideran un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver”. Pese a su intento por desentenderse, el Ejecutivo deberá dar explicaciones. La Justicia federal requirió que Seguridad informe cuál fue el procedimiento administrativo detrás de la excursión de los diputados a la cárcel.
“Gravedad institucional”
“La visita a los represores tiene una gravedad institucional muy grande. Más allá de la ideología de quienes fueron a ver a Astiz y otros detenidos, los diputados son representantes de la institución máxima de la democracia, el Congreso de la Nación, y se reunieron con sujetos que participaron de un golpe de Estado y de violaciones a los derechos humanos”, dice Horacio Pietragalla Corti, quien fue secretario de Derechos Humanos durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023).
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante del CELS, señala que “los planteos que realizan hace años los propios militares y civiles detenidos, sus abogados y familiares para desacreditar los juicios por delitos de lesa humanidad y sostener que se trata de presos políticos, son los que ahora se han exhibido para justificar la visita a la cárcel, lo que es inadmisible”.
Torras considera que es importante saber cómo se organizó el encuentro de los diputados con los detenidos, quiénes participaron, qué se conversó y si hubo algún aval del Ejecutivo y del Congreso. En cualquier caso, observa una continuidad con hechos y pronunciamientos del Gobierno. Entre otras cosas, enumera: las declaraciones públicas del presidente, la vicepresidenta y algunos ministros en favor de reparar o rehabilitar a las Fuerzas Armadas, que habrían sido, según sus argumentos, injustamente humilladas por el proceso de justicia y el aval del Ministerio de Defensa a un acto de suboficiales de la Armada en el excentro clandestino de la ESMA, donde se reivindicó a la dictadura. También menciona los dichos de Villarruel, hija y nieta de militares, sobre la necesidad de hallar una “solución jurídica” para los militares presos; también los elogios de Milei y del Procurador del Tesoro a los indultos que dictó en los años noventa el presidente Carlos Menem.
“Si uno articula todo eso”, concluye Torras, la visita a Ezeiza “no resulta un hecho aislado, sino alineado en una serie de acciones del Gobierno para desmantelar las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, pero también para desarticular los consensos políticos y sociales construidos en torno a la experiencia de la dictadura, que no han surgido sólo del aporte de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, sino que son el resultado de un proceso del que han sido parte diferentes administraciones, distintos poderes del Estado y una mayoría de la sociedad. Hay una verdad jurídica y social que este Gobierno está interesado en reconfigurar, entre otras cosas para legitimar intervenciones autoritarias en el presente”.
Políticas suprimidas
Las políticas de derechos humanos están entre las áreas más afectadas por el achicamiento del Estado que viene instrumentando el Gobierno de Milei. “Ya hubo 100 trabajadores despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos y hay una amenaza constante de que habrá más”, dice Pietragalla Corti. Hay sectores “completamente paralizados”, como el de violencia institucional o el de reparación para víctimas del terrorismo estatal, detalla. Los sitios de memoria, que permiten visibilizar los crímenes de la dictadura, también están sufriendo recortes de fondos, despidos y suspensiones de obras. En los ministerios de Defensa y de Seguridad, de los que dependen las fuerzas armadas y policiales, “se cerraron las oficinas de derechos humanos que nutrían de información a las causas judiciales”, añade.
“El ataque más fuerte es al acompañamiento que hacía el Estado para la búsqueda de los nietos que falta encontrar. Intervinieron la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y están restringiendo las facultades que tenía para poder investigar y buscar información en los archivos del Estado”, explica Pietragalla Corti. Él mismo es uno de los nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo. Sus padres fueron asesinados y fue apropiado durante la dictadura; recién en 2003 pudo conocer su verdadera identidad. Los organismos de derechos humanos calculan que en Argentina aún hay unos 300 hijos de desaparecidos que desconocen quiénes son.
