Por Agencias
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A veces los niños no paran de llorar. Los trabajadores de salud que atienden a los migrantes que llegan a las Islas Canarias españolas tratan de determinar si las lágrimas se deben a enfermedad, lesión, o, como ocurre a menudo, puro shock.
Un niño pequeño senegalés que desembarcó hace poco se desmayaba cada pocos minutos, lo que preocupaba a los médicos que no lograban determinar la causa. Otros migrantes lo explicaron por fin: el niño había visto morir a sus padres durante el duro viaje desde África occidental. Sus cuerpos habían sido arrojados por la borda al océano Atlántico.
“Ante eso no tenemos medicina”, dijo Inmaculada Mora Peces, una doctora de emergencias de 54 años que atiende a los migrantes que llegan a la isla de El Hierro.
Mora Peces está entre el creciente número de personas que alertan sobre los problemas del archipiélago para gestionar a miles de niños y adolescentes que viajan solos a territorio de la Unión Europea desde Senegal, Mali y otras naciones africanas huyendo de la pobreza, el conflicto y la inestabilidad.
El parlamento español votará el martes si toma en consideración una propuesta para reformar la Ley de Extranjería y obligar a otras regiones a hacerse cargo de algunos de los niños que ahora están varados en Canarias en condiciones precarias.
La iniciativa ha abierto un debate político nacional y no hay garantías de que salga adelante.
El conservador Partido Popular, el principal grupo de oposición al gobierno nacional de izquierda, está dividido. Por un lado, es el socio minoritario del gobierno regional canario, y su socio mayoritario, Coalición Canaria, le insta a apoyar el acuerdo. Por otro lado, el partido de ultraderecha Vox, que hace campaña contra la inmigración irregular y en especial contra los menores no acompañados, amenaza con retirarse de sus gobiernos de coalición en otras regiones si el PP acepta cualquier acuerdo para reubicar a los migrantes menores de edad, aunque sea de forma voluntaria.
Según la legislación española, las autoridades de las regiones a las que llegan los niños son responsables de su tutela. Pero el gobierno canario dice estar sobrepasado, con más de 5.500 menores a su cargo, muy por encima de su capacidad de 2.000.
“Esto es una tragedia humanitaria”, dijo Francisco Candil, viceconsejero autonómico de bienestar social.
En Canarias no sólo falta espacio físico para alojarlos, sino que el gobierno regional tiene problemas para contratar profesionales formados para trabajar con los jóvenes migrantes en las islas situadas a unos 1.300 kilómetros (800 millas) de la España continental.
Como resultado, los niños y adolescentes languidecen en las islas y no reciben las protecciones a las que tienen derecho según la legislación española y europea, como educación y sanidad. Medios españoles han informado de centros abarrotados y casos de abusos y malos tratos. En la isla de Lanzarote, las autoridades han levantado carpas temporales para alojar a los recién llegados.
Candil advirtió que se espera que la situación no haga más que empeorar conforme siguen llegando barcos desde las costas de Senegal, Mauritania y el Sahara Occidental a las islas españolas, situadas a unos 100 kilómetros (60 millas) de la costa occidental africana.
Casi 20.000 hombres, mujeres y niños han llegado a Canarias en lo que va de año, un incremento del 160% en comparación con 2023. Y eso antes incluso de que comience la temporada alta de cruces en otoño, señaló Candil.
La UE firmó este año un acuerdo de 210 millones de euros con Mauritania para impedir que los contrabandistas zarpen hacia España. Pero el acuerdo ha tenido poco efecto en las llegadas por ahora.
Si la proposición de ley no supera el martes el trámite de que el Congreso de los Diputados español la tome en consideración, “supondrá un fracaso para sociedad de España y Europa”, dijo Candil. Con una población de 48 millones de personas, no debería ser difícil que las regiones, o comunidades autónomas, de la España continental se hicieran cargo de unos pocos cientos de niños, señaló. Las Islas Canarias seguiría atendiendo a la mayoría de los menores no acompañados.
El Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, pidió el viernes reformas legales y estructurales urgentes tras visitar dos albergues para migrantes menores de edad en Tenerife.
“Basta con ir a un centro para ver a los chavales y sentir su dolor”, dijo Gabilondo. “Llevan meses en los centros y no ven horizonte. (…) Estamos hablando de seres humanos, no de mercancías”.
Mientras tanto, profesionales como Mora Peces dicen sentirse impotentes ante la llegada de tantos niños y adolescentes en condiciones terribles tras la peligrosa travesía oceánica.
“Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros llorando. Pues me he puesto a trabajar y al final he acabado llorando yo también”, escribió Mora Peces en X la semana pasada, una publicación que ya sumaba más de 864.000 visualizaciones.
La semana pasada, los médicos intentaron salvar a una niña de dos años que llegó en barco desde Senegal con su hermano de 8 años y su madre. La niña se vio separada de su familia y murió pese a los intentos de salvarla.
Mora Peces tuvo que dar la trágica noticia a su madre. La mujer pidió una foto del cuerpo de su hija, que Mora Peces pidió a la funeraria.
Aunque la inmensa mayoría de los menores no acompañados que llegan son chicos adolescentes, Candil y otros dicen que les preocupa que cada vez llegan más niños pequeños, especialmente niñas que viajan solas, casi 200 en los últimos ocho meses. “Es muy inusual”, dijo Candil.
Las niñas huyen de matrimonios forzosos, relaciones abusivas, persecución o simplemente buscan una vida mejor, explicó Siham Khalifa El Abdi, de la fundación SAMU, que gestiona albergues específicamente para niñas no acompañadas.
Entre las niñas bajo el cuidado de SAMU hay una adolescente que huyó de Mali debido a su orientación sexual. Durante los cinco meses que duró su viaje a España fue agredida y obligada a tener sexo con hombres mayores a cambio de comida.
“Son niñas muy dañadas, por todo lo que han vivido”, dijo Khalifa El Abdi.
Mora Peces, la doctora que trabaja en El Hierro, dijo estar horrorizada por el lenguaje que emplean algunos políticos en Madrid para comentar el tema, incluidos del Partido Popular y Vox, que han pedido que se despliegue al ejército y la armada españolas para detener los barcos migrantes.
Ella ve a los políticos e incluso a gente corriente llamando a los migrantes “violadores” y “criminales”, una imagen que describe como totalmente opuesta a la realidad de “personitas en situaciones dramáticas” a las que atiende.
“Lo que se está discutiendo a nivel parlamentario, qué hacer con los niños, se les deshumaniza, parece que no son personas”, dijo.
