Por Agencias
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Más de tres mil soldados y policías establecieron un cerco alrededor de seis populosas comunidades en la periferia norte de la capital salvadoreña para perseguir a miembros de pandillas que extorsionan a la población de la zona de Apopa, confirmó el el presidente Nayib Bukele el sábado.
“Acabamos de instalar un cerco de seguridad en las colonias Tikal 1, 2 y 3, Valle del Sol y La Chintuc, en Apopa. Desplegamos más de 2,000 soldados y 1,000 policías. Ya capturamos a varios pandilleros de la pandilla 18 Revolucionarios”, dijo el mandatario en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.
El despliegue de unidades de élite de la fuerza armada y de la policía está encabezado por el ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy y el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
La PNC confirmó que: “Tras el inicio del cerco de seguridad en las colonias de Apopa se ha capturado a cuatro terroristas que estaban quitando la tranquilidad a nuestra población” y publicó fotografías de los presuntos miembros de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios.
“Venimos a proteger la vida y los bienes de los buenos salvadoreños, de la población que cree en los principios de la Paz”, dijo Arriaza Chicas.
Explicó que se ordenó el despliegue después de recibir denuncias de los pobladores de que en la zona había remanentes de la pandilla Barrio 18 que exigían el pago de “renta” a la población, bajo la amenaza de asesinarlos.
Esta es la segunda operación en gran escala que realizan las fuerzas de seguridad en la zona de Apopa. La primera fue en noviembre de 2022, como parte de la quinta fase del plan de seguridad de Bukele.
Luego de que el país registró 62 homicidios en un sólo día, el Congreso aprobó el 27 de marzo de 2022 la solicitud de Bukele de establecer un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como el derecho de asociación y permite a las autoridades intervenir comunicaciones de sospechosos.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extendió de 72 horas a 15 días. Los detenidos pierden el derecho a ser debidamente informados de los motivos de su aprehensión y a acceder a un abogado para su defensa.
La suspensión de garantías constitucionales no contempla restricciones a la libre circulación.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, se aplican penas de 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años de cárcel a los niños mayores de 12.
Según el gobierno, con las medidas extraordinarias la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6.665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 fallecimientos de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
En lo que va de 2024 se contabilizan 55 homicidios, según datos oficiales.
La política de mano dura del presidente Bukele ha sido objeto de fuertes críticas de organizaciones nacionales e internacionales, las cuales aseguran que el estado de excepción viola los derechos humanos por lo que exigen el fin de la medida.
Organizaciones no gubernamentales informaron recientemente que han registrado 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones ilegales, arbitrarias, y tratos crueles. Además, reportan 244 muertes de personas bajo la custodia del Estado.
