Por Redacción
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Una antigua prisión estatal de mínima seguridad en el suroeste de Nebraska fue convertida en un nuevo centro federal de detención de inmigrantes y comenzó a recibir detenidos esta semana, según confirmó el gobernador republicano Jim Pillen.
El centro, ubicado en la ciudad rural de McCook, con unos 7.000 habitantes entre Denver y Omaha, actualmente alberga entre 50 y 60 inmigrantes detenidos y se espera que alcance su capacidad total de 200 personas para el Día de Acción de Gracias. Pillen adelantó que se planea una segunda fase de expansión que añadirá otras 100 camas, con la meta de llegar a 300 detenidos a comienzos del próximo año.
“Esperamos que la segunda fase esté lista en la primera parte del nuevo año”, dijo el gobernador al anunciar la apertura oficial del centro.
De prisión estatal a centro de inmigración federal
La instalación, conocida anteriormente como Campamento de Ética Laboral de McCook, albergaba a unos 180 reclusos de bajo riesgo que participaban en programas de educación, tratamiento y trabajo comunitario. El proyecto era considerado un modelo exitoso de rehabilitación y reintegración, pues los internos realizaban labores en carreteras, parques y oficinas locales, y ayudaban en escuelas de la zona.
El cambio de propósito generó sorpresa entre los residentes y líderes locales cuando Pillen anunció en agosto que la prisión sería entregada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para ser utilizada como parte de las políticas federales de detención impulsadas por la administración de Donald Trump.
Las autoridades bautizaron informalmente el nuevo centro como el “Cornhusker Clink”, en alusión al apodo del estado de Nebraska (“Cornhusker State”) y a la jerga para designar una cárcel. El nombre mantiene el estilo de otras instalaciones recientemente convertidas, como el “Alligator Alcatraz” en Florida, el “Speedway Slammer” en Indiana y el “Deportation Depot” en Texas, creadas en el marco del endurecimiento de las medidas migratorias federales.
Controversia política y legal
La decisión del gobernador provocó tensiones políticas en el estado. Varios legisladores locales, incluidos miembros de su propio partido, expresaron preocupación por la pérdida de capacidad penitenciaria en Nebraska, que ya enfrenta uno de los sistemas carcelarios más sobrepoblados del país y una crónica escasez de personal.
La exsenadora estatal DiAnna Schimek y un grupo de trece residentes de McCook presentaron una demanda contra el gobernador y el director del sistema penitenciario estatal, argumentando que la Asamblea Legislativa —y no el Ejecutivo— tiene la autoridad constitucional para administrar o reasignar el uso de las prisiones públicas.
La demanda fue interpuesta con el apoyo del grupo de defensa Nebraska Appleseed, que solicitó una orden judicial para detener la conversión de la prisión mientras se desarrolla el caso. Sin embargo, un juez estatal rechazó la solicitud el mes pasado, permitiendo que el proyecto avance, aunque también negó la petición del gobernador para desestimar la demanda.
“Este es un ejemplo más de cómo el poder estatal está siendo utilizado para implementar políticas federales sin el debido proceso”, declaró un portavoz de Nebraska Appleseed tras la decisión judicial.
Aumento de las detenciones a nivel nacional
El nuevo centro de McCook se une a la red de instalaciones que el gobierno federal ha ampliado para albergar a un número creciente de inmigrantes detenidos. Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, cerca de 60,000 personas se encontraban bajo custodia de inmigración a mediados de septiembre, lo que representa un incremento del 51% respecto a enero.
El informe también reveló que el 70% de los detenidos no tienen antecedentes penales, y muchos otros fueron arrestados por infracciones menores, como violaciones de tránsito. Los defensores de los derechos migratorios han advertido que el uso de prisiones estatales para ampliar la detención de inmigrantes marca un cambio preocupante en la gestión migratoria.
“Estamos viendo cómo los gobiernos estatales son absorbidos por un sistema federal de detención que se expande sin control y sin suficiente supervisión judicial”, afirmó un abogado de derechos humanos con sede en Omaha.
Mientras tanto, las autoridades de Nebraska defienden la decisión, asegurando que el acuerdo con el gobierno federal generará empleos y traerá ingresos adicionales a McCook, una comunidad que ha sufrido recesión económica en la última década. Pillen insistió en que la conversión “representa una oportunidad para que el estado contribuya al cumplimiento de las leyes migratorias nacionales”.
Sin embargo, para los residentes y trabajadores locales que participaron en el antiguo programa de reinserción, la transformación del centro representa un cambio drástico en la misión del lugar. “Pasamos de ayudar a personas a reconstruir su vida a detener a quienes buscan una nueva”, dijo un exfuncionario del campamento laboral.
