Por Agencias
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Un informe de Amnistía Internacional reveló que el régimen de excepción ha violentado los derechos humanos y llamó al gobierno del presidente Nayib Bukele a poner fin a esta medida y revertir las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos.
“Ha decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallida del pasado, el régimen de excepción y las reformas legislativas que lo acompañan son la máxima expresión de este ataque a la legalidad y a los derechos humanos”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante una rueda de prensa en San Salvador.
El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo, a petición del Ejecutivo como respuesta al repunte de violencia que en un solo día dejó 62 muertos.
El régimen que suspende garantías constitucionales está vigente tras la segunda prórroga aprobada el pasado 25 de mayo.
Esta medida suspende garantías constitucionales, entre estas la libertad de asociación, el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional.
El régimen, además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que sea autorizado por un juez.
Guevara Rosas asegura que Amnistía Internacional desplegó en El Salvador un equipo de respuesta de crisis, algo que solo ocurre cuando la organización considera que “se pueden estar llevando a cabo violaciones generalizadas y sistemáticas que pudieran configurar en responsabilidad penal internacional”, agregó.
Se han solicitado comentarios al gobierno, a través de la Secretaría de Comunicaciones, pero aún no se ha obtenido respuesta.
“Ojalá así como se preocupan porque hemos capturado delincuentes se preocuparan por nuestros niños, por nuestros adultos mayores, por nuestra gente trabajadora, por nuestra gente inocente que han sufrido por estos mismos delincuentes”, aseguró el presidente Nayib Bukele durante su informe de tercer año de gobierno ante la Asamblea Legislativa, este miércoles.
Guevara Rosas sostiene que “la Policía está llevando a cabo detenciones de forma masiva en base a acusaciones anónimas que no se están verificando, sesgos discriminatorios por estrato social o rasgos raciales, por tener tatuajes o antecedentes penales”.
Un comunicado del gobierno sostiene que, desde la vigencia del régimen de excepción hasta este martes, más de 36.000 personas habían sido detenidas.
