Por Agencias
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Un grupo de sicarios armados mataron a la abogada mexicana y activista por los derechos indígenas Patricia Rivera Reyes, anunciaron las autoridades el martes.
La Fiscalía del estado fronterizo norteño de Baja California señaló que tres intrusos enmascarados irrumpieron en una casa en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde se realizaba una fiesta el sábado por la noche.
Los intrusos robaron a los asistentes a la fiesta sus pertenencias personales.
Otro hombre en la casa también recibió un disparo en la cabeza y fue llevado a un hospital local.
A principios de este año, el gobierno reconoció que 97 activistas comunitarios y de derechos han sido asesinados durante la administración actual, que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018.
Las autoridades dijeron que el 90 por ciento de esos crímenes aún no han resultado en condenas.
En lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados en México.
Los grupos indígenas del norte de México son más pequeños y menos conocidos que los del sur, y algunos de los grupos viven a ambos lados de la frontera, donde han sufrido siglos de opresión y usurpación de sus tierras tradicionales.
GUATEMALA
Una jueza guatemalteca considerada clave en la lucha contra la corrupción anunció este lunes su renuncia, por lo que decidió repentinamente abandonar el país centroamericano.
La jueza Erika Aifán ha presidido casos de corrupción contra empresarios, funcionarios, jueces y legisladores, y recientemente supervisó una investigación sobre presuntas irregularidades durante la campaña del actual presidente Alejandro Giammattei.
La letrada, ha sido perseguida por sus propios compañeros y enfrenta al menos 20 denuncias judiciales por presunta extralimitación, algo que ella niega.
“No me dejaron otra opción”, señaló a la agencia The Associated Press en una conversación telefónica desde Washington, a donde huyó y se encuentra en estos momentos.
Aifán es el caso más reciente de otros jueces y fiscales guatemaltecos que abandonaron el país en los últimos meses luego de que el gobierno iniciara investigaciones o incluso buscara arrestar a quienes supervisan casos de corrupción.
Aifán recalcó que había sentido una presión particular por parte de la procuradora general de Guatemala, Consuelo Porras, cuya visa fue cancelada por el gobierno de Estados Unidos por talvez estar relacionada con hechos de corrupción.
“Ella (Porras) ha manipulado a la Fiscalía, procesando a los que hemos trabajado para luchar contra la impunidad y la corrupción”, indicó Aifán.
Uno de los casos más recientes de Aifán fue una investigación sobre presuntos fondos ilegales a la campaña presidencial de Giammattei en 2019, sin embargo el actual presidente ha negado haber actuado mal.
La ONU y el gobierno de Estados Unidos habían criticado y condenado en el pasado lo que han considerado “acoso” a la jueza.
En julio de 2021, el gobierno estadounidense anunció la suspensión de su cooperación con la Fiscalía General de Guatemala en respuesta al despido de su entonces principal fiscal anticorrupción.
Lo que dejó muy mal paradas a las autoridades judiciales y al gobierno de Giammattei.
HONDURAS
Un juez de Honduras ha concedido la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a los Estados Unidos.
Hernández, quien gobernó Honduras desde 2014 hasta enero de este año, fue arrestado el mes pasado en su casa en la capital, Tegucigalpa, lo que fue celebrado por cientos de miles en el país centroamericano.
Y es que el ex mandatario, está acusado de haber estado involucrado en una red de narcotráfico que incluía a su hermano menor, Tony Hernández, quien el año pasado fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, pero él niega los cargos en su contra.
Su abogado explicó que el equipo legal del expresidente apelará la decisión del juez.
De ser extraditado, Hernández enfrentará tres cargos:
Conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos.
Usar o portar armas de fuego, incluidas ametralladoras y armas de grueso calibre.
Conspiración para usar o portar armas de fuego.
Los cargos fueron presentados después del juicio de Tony Hernández en Nueva York.
Durante el juicio, los fiscales alegaron que el infame narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán le había entregado personalmente a “Tony Hernández”, un millón de dólares.
Según los fiscales, Guzmán le indicó al joven Hernández que le pasara el dinero a su hermano Juan Orlando como soborno.
El expresidente siempre ha sostenido que hizo todo lo que estuvo a su alcance para combatir el narcotráfico.
Sostiene que las acusaciones en su contra se basan en declaraciones de narcotraficantes condenados, de quienes dice que buscan venganza.
Sin embargo grupos en contra, y defensores de los derechos humanos, han señalado a Hernández por ser un “narco-presidente” que se enriquecio a costa de vidas y el bienestar del pueblo hondureño.
Honduras ha sido durante años un país de tránsito clave para las drogas contrabandeadas desde Sudamérica hacia Estados Unidos y, más recientemente, también se ha convertido en un lugar donde se produce cocaína.
NICARAGUA
La líder de la oposición nicaragüense, Cristiana Chamorro, recibió una sentencia de ocho años luego de ser declarada culpable de lavado de dinero.
Chamorro dice que los cargos tenían motivaciones políticas y estaban diseñados para evitar que se presentara a las elecciones de noviembre, en las que el presidente sandinista Daniel Ortega ganó un quinto mandato.
Ella fue una de las siete aspirantes a la presidencia detenidos antes de las elecciones.
Se espera que el hombre de 68 años permanezca bajo arresto domiciliario.
Chamorro fue vista por muchos en la oposición como su mejor esperanza de derrotar a Ortega en las elecciones, ya que proviene de una de las familias más influyentes de Nicaragua.
Su padre era el editor del periódico La Prensa, que se oponía a la autocrática familia Somoza que gobernó Nicaragua durante décadas, pero fue asesinado en 1978.
Su madre, Violeta Chamorro, ganó las elecciones de 1990 para convertirse en la primera mujer Presidente de América Latina, poniendo fin a los primeros 11 años de Ortega como presidente.
Poco después de que Cristiana Chamorro anunciara su candidatura a la presidencia, la fiscalía la acusó de “manejo abusivo (y) falsedad ideológica”, durante su paso al frente de una fundación de medios que dirigió hasta principios de 2021.
En su juicio, que se llevó a cabo a puerta cerrada, Chamorro se mantuvo desafiante.
Según informó el sitio de noticias opositor “100% Noticias”, dijo que «quieren manchar mi nombre, pero no lo van a lograr».
El hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, y dos exempleados de la fundación, así como el chofer de Chamorro, también recibieron sentencias que oscilan entre los 7 y 13 años de prisión.
Chamorro le recalcó al juez que «usted está acusando a cinco personas honorables».
