Internacional

Resumen Internacional

Por Agencias
[email protected]

La medida fue parte de un amplio plan de recortes y devaluaciones anunciado por el libertario de derecha, desde que asumió el cargo el 10 de diciembre para transformar la pobre economía de Argentina.

Se revisarán los contratos de otros empleados gubernamentales, que fueron contratados antes de 2023, anunciaron las autoridades. 

El límite de 2023 aparentemente tiene como objetivo combatir la práctica de que los presidentes salientes incrementen las nóminas en su último año.

Dado que se espera que la inflación alcance alrededor del 200% para fin de año, Milei se ha comprometido a reducir las regulaciones gubernamentales y las nóminas, y permitir la privatización de industrias estatales como una forma de impulsar las exportaciones y la inversión.

“El objetivo es iniciar el camino hacía la reconstrucción de nuestro país, devolver la libertad y la autonomía a los individuos y comenzar a transformar la enorme cantidad de regulaciones que han bloqueado, estancado y detenido el crecimiento económico”, explicó.

Aproximadamente 300 cambios anunciados anteriormente destinarían muchas empresas gubernamentales a la privatización y flexibilizarían las protecciones para inquilinos, empleados y compradores.

Las medidas incluyen una devaluación del 50% del peso argentino, recortes a los subsidios a la energía y el transporte y el cierre de algunos ministerios gubernamentales, y vienen en medio de una inflación vertiginosa y una pobreza creciente.

Milei, un economista de 53 años que saltó a la fama en la televisión con diatribas cargadas de malas palabras contra lo que llamó la casta política, llegó a la presidencia con el apoyo de los argentinos desilusionados con la crisis económica.

Un exsoldado colombiano se declaró culpable de conspirar en el asesinato en 2021 del presidente haitiano Jovenel Moïse, que sumió a la nación caribeña en la violencia y la agitación política.

Mario Antonio Palacios, de 45 años, se declaró culpable de tres cargos, incluido conspiración para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos, durante una breve audiencia ante el juez federal José E. Martínez. 

Sentado junto a su abogado, Alfredo Izaguirre, Palacios respondió “Sí, señoría”, en español cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable.

Palacios es el 5º de 11 acusados en Miami que se declaran culpables del asesinato de 2021. 

Como parte de un acuerdo con los fiscales, aceptó cooperar con la investigación y declararse culpable, podría recibir cadena perpetua cuando sea sentenciado el 1º de marzo de 2024, pero según el acuerdo, los fiscales admitieron que jugó un papel menor en el complot.

“No sabía en qué se iba a meter. Él no era parte del plan. Él no reclutó a nadie. No tenía ninguna autoridad para tomar decisiones con respecto a la conspiración. Creo que el gobierno lo entiende”, explicó Izaguirre a los periodistas después de la audiencia.

Según los fiscales, los conspiradores inicialmente planearon secuestrar al presidente haitiano pero luego decidieron matarlo. 

La Fiscalía indicó que los conspiradores esperaban obtener contratos bajo el mando del sucesor de Moïse. Alrededor de 20 ex soldados colombianos y varios ciudadanos haitiano-estadounidenses con doble nacionalidad participaron en el complot, dicen las autoridades.

Moïse recibió 12 disparos en su casa privada cerca de la capital haitiana, Puerto Príncipe, el 7 de julio de 2021, tenía 53 años, su esposa, Martine Moïse, resultó herida en el ataque.

Tres acusados ya han sido condenados a cadena perpetua por el caso. Un cuarto, Joseph Vincent, de doble nacionalidad haitiano-estadounidense, se declaró culpable este mes y está esperando su sentencia en febrero.

El juicio está previsto para mayo de 2024, aunque la fecha se ha pospuesto varias veces.

Palacios fue detenido en Jamaica en octubre de 2021 y trasladado en avión a Estados Unidos durante una escala en Panamá mientras viajaba de Jamaica a Colombia. Los funcionarios federales dicen que lo entrevistaron mientras aún estaba escondido en Jamaica.

Las autoridades haitianas han arrestado a más de 40 sospechosos, entre ellos 18 ex soldados colombianos acusados de participar en el complot y varios policías haitianos de alto rango. En la nación caribeña, al menos cinco jueces han sido designados para el caso y cuatro de ellos han renunciado por diversos motivos, entre ellos el temor a ser asesinados.

En los dos años posteriores al asesinato de Moïse, Haití experimentó un aumento de la violencia de las pandillas que llevó al primer ministro a solicitar el despliegue inmediato de una fuerza armada extranjera. El Consejo de Seguridad de la ONU votó en octubre a favor de enviar una fuerza multinacional encabezada por Kenia para ayudar a combatir las pandillas.