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Resumen Internacional

Por Agencias
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La Oficina de Representantes Comerciales de Estados Unidos presentó una solicitud para un panel de solución de disputas en virtud del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC.

El pacto comercial que dio inició en 2020, estableció mecanismos de resolución rápida para garantizar a los sindicatos el derecho a organizarse en México, ya que durante décadas, los salarios en México se han mantenido muy bajos porque a los sindicatos no se les permitía organizarse libremente.

En los últimos dos años, sin embargo, frente a unas 22 solicitudes de Estados Unidos, México generalmente ha aceptado presionar a las empresas para que cumplan, pero en enero se negó a actuar en el caso de un centro de llamadas que supuestamente amenazó o despidió a organizadores sindicales.

Es sólo la segunda vez que Estados Unidos presenta una denuncia de este tipo.

La primera denuncia se presentó en agosto y curiosamente, sólo en los últimos seis meses México ha comenzado a rechazar las solicitudes.

En el caso del call center, el Sindicato de Trabajadores Telefónicos de México afirmó que la empresa Atento Servicios había amenazado y despedido a los empleados que intentaban organizar un nuevo sindicato.

Las autoridades mexicanas reconocieron que se habían producido abusos en el “Centro de llamadas” del central estado de Hidalgo, pero afirmaron que la empresa había tomado suficientes medidas correctivas.

El USTR recalcó que no estaba de acuerdo con esa evaluación, es así como un panel de expertos tendría unos seis meses para decidir quién tiene razón en la cuestión.

En muchos casos en México, los sindicatos de la vieja guardia proempresariales negociaron contratos “de papel” a espaldas de los trabajadores.

Así que la lucha es para lograr que un sindicato nuevo y más democrático llegue a los lugares de trabajo.

México cambió sus leyes laborales entre 2012 y 2017, en parte para obtener la aprobación para ingresar al T-MEC; las nuevas leyes requieren votaciones secretas sobre los contratos sindicales.

Los sindicatos de la vieja guardia, en connivencia con las empresas, a menudo amenazaban a los trabajadores con el despido o la pérdida de beneficios si elegían un sindicato independiente.

Queda un largo camino por recorrer para alcanzar ese objetivo. Por ejemplo, en una planta automotriz en el norte de México, un sindicato recién elegido logró que el salario mínimo aumentara a aproximadamente $14 por día, pero eso sigue siendo menos de lo que gana un trabajador automotriz estadounidense en una hora.

Esta semana el Papa Francisco se puso del lado de un grupo de aldeanos peruanos que se han quejado de que empresas vinculadas a un poderoso grupo eclesiástico sudamericano, han tratado de desalojarlos de sus tierras mediante demandas y fraudulentos métodos de registro de tierras.

En un vídeo grabado en su residencia en el Vaticano, el Papa envió un mensaje de apoyo a los miembros de la comunidad campesina de San Juan Bautista de Catacaos, en el norte de Perú, que defienden demandas de empresas asociadas al Sodalitium Christianae Vitae desde 2014.

“Sé lo que les pasó, defiendan su tierra y no dejen que se la roben”, dijo el Papa argentino en español.

El Sodalitium es un grupo laico que dirige escuelas y centros de retiro espiritual en varios países de América del Sur, pero también está involucrado en empresas inmobiliarias, agrícolas y constructoras.

El grupo conservador fue fundado en Perú en 1971 y ganó miles de miembros en América del Sur, donde también dirigió casas que albergaban a miembros consagrados.

Pero el Sodalitium ha sido objeto de un mayor escrutinio en los últimos años después de que su fundador y algunos de sus principales líderes, fueran acusados de cometer abusos sexuales contra niñ@s.

Los fiscales peruanos también iniciaron investigaciones sobre las finanzas del Sodalitium y acusaron al grupo de ocultar dinero en cuentas bancarias extranjeras.

En julio pasado, el Vaticano envió una Comisión de alto nivel a Perú para investigar las acciones del Sodalitium y determinar si el grupo debía disolverse. 

La Comisión estuvo dirigida por uno de los principales fiscales del Vaticano para casos de abuso sexual y sus miembros hablaron con periodistas, líderes del Sodalitium y sobrevivientes de abusos.

Ahí, los investigadores del Vaticano también se reunieron con miembros de la comunidad campesina de Catacaos.

Los aldeanos acusaron al Sodalitium de intentar apoderarse de 4,000 acres de tierra cultivada por su comunidad durante siglos, mediante documentos falsificados que afirman que la tierra ha sido comprada por un grupo de empresas locales