ESPAÑOL
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Por/By Redacción
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Los ataques de vigilantes o autodefensas armadas, así como los de los carteles de narcos parecen estar aumentando en México en las últimas semanas a medida que aumentaba la violencia, aparecieron más de dos docenas de cuerpos a lo largo de las carreteras y el gobierno descartó cualquier nueva represión contra las bandas criminales.
Los fiscales en el estado norteño de Sinaloa señalaron el jueves que cinco hombres jóvenes han sido asesinados en los últimos días, y en los cinco casos, los autos de juguete fueron colocados cuidadosamente sobre sus cadáveres.
Aparentemente, los hombres eran ladrones de autos, y los juguetes indicaron la razón por la que fueron asesinados y sirvieron como advertencia a otros ladrones.
El último asesinato de este tipo llegó el un día después.
Los fiscales dijeron que la víctima había sido identificada como el mismo hombre visto en las imágenes de la cámara de seguridad ese mismo día robando una camioneta a punta de pistola de una mujer frente a su casa en la capital del estado, Culiacán.
Ese mismo día, un total de siete presuntos secuestradores fueron asesinados por la gente del pueblo en el linchamiento masivo más reciente en el estado central de Puebla.
Algunos fueron golpeados, otros colgados.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que 43 personas han sido asesinadas en linchamientos en lo que va del año, y 173 heridas.
Eso fue superior al año ya récord para la justicia civil contra los criminales en 2018.
«Los que toman la justicia en sus propias manos cometen actos de barbarie, no justicia», indicó por su parte la Comisión.
Las Grupos de Autodefensas aseguran tener que actuar porque las autoridades no toman medidas enérgicas contra las bandas criminales, que se han vuelto más descaradas y han comenzado a regresar a las espeluznantes ejecuciones masivas que marcaron la guerra contra las drogas de México entre 2006-2012.
El jueves, el cartel de Jalisco notoriamente uno de los más violentos mató a 19 personas cuyos cuerpos, en algunos casos desmembrados, quedaron colgados de un paso elevado y esparcidos por una carretera en el estado occidental de Michoacán.
Se encontró otro conjunto de 4 cuerpos desmembrados en bolsas de basura de plástico el mismo día en una carretera en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo, y unas horas más tarde, se encontraron 5 cuerpos más envueltos en bolsas de basura en otras partes del estado.
El viernes, el día después de que 23 cuerpos fueron encontrados esparcidos por las carreteras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no lanzará una ofensiva contra el crimen.
CENTROAMÉRICA
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas (ONU), informó que está planeando casi cuadruplicar la cantidad de personas que la agencia ayuda en cuatro países centroamericanos afectados por la sequía, visto como uno de los motores de la migración en la región.
El portavoz del PMA, Herve Verhoosel, dice que la agencia tiene como objetivo proporcionar asistencia alimentaria a 700,000 personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son más de 160,000 de los que ya han ayudado este año.
Y es que 5 años de sequía han afectado a más de 2 millones de personas y han aumentado la inseguridad alimentaria de los agricultores de subsistencia y sus familias.
Los gobiernos y el PMA y el Programa para la Agricultura y la Alimentación informaron recientemente que el 8 por ciento de las familias indicaron que recurrirían a la migración.
«La migración no es una solución», dijo Verhoosel, pero los «sistemas de seguridad alimentaria a más largo plazo» sí lo son.
HONDURAS
Enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes que exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández se han proliferado en los últimos días en Honduras.
Miles salieron a las calles de la capital, Tegucigalpa, cuando varios edificios fueron incendiados y la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes.
Las protestas se producen días después de que los fiscales en los Estados Unidos alegaron que la campaña presidencial de 2013 de Hernández había sido financiada con dinero del narcotráfico.
La presión de la población y de la oposición han caído sobre Hernández para que renuncie, desde que su hermano Juan Antonio fue arrestado en Florida en noviembre, acusado de conspirar para pasar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
En ese momento, el presidente Hernández adujo que si bien el arresto de su hermano había sido un duro golpe para la familia, nadie estaba por encima de la ley.
Pero las acusaciones de los vínculos del presidente Hernández con el narcotráfico volvieron a aparecer la semana pasada cuando se desclasificó un documento judicial relacionado con el caso de su hermano.
El documento alega que un hombre identificado como «co-conspirador 4» y luego conocido como CC-4, participó en una conspiración para usar $1.5m en ganancias de drogas para impulsar la campaña presidencial de CC-4.
CC-4 se describe en el documento como «elegido presidente de Honduras a fines de 2013», cuando Juan Orlando Hernández ganó su primer mandato.
El político fue reelegido para un segundo mandato en 2017 en encuestas que sus oponentes alertaron fueron fraudulentas.
Hernández ha rechazado enérgicamente las acusaciones.
En una conferencia de prensa el sábado, explic´ø que él era «el único presidente que había hecho lo que debía hacerse» contra los narcotraficantes y que, como resultado, los traficantes estaban «buscando venganza».
Pero miles de personas que protestaron en Tegucigalpa esta semana no estaban convencidas, llamando al presidente «narco dictador» y sosteniendo pancartas exigiendo su renuncia.
Esta última protesta se produce solo semanas después de que la policía militar abrió fuego contra los estudiantes durante otra manifestación antigubernamental.
ENGLISH
Vigilante attacks and mob justice appeared to be on the rise in Mexico this week as violence mounted, more than two dozen bodies appeared along roadsides and the government ruled out any new crackdown on criminal gangs.
Prosecutors in the northern state of Sinaloa said Thursday five young men have been murdered in recent days, and in all five cases toy cars were carefully placed atop their corpses.
The men were apparently car thieves, and the toys indicated both the reason they were killed and served as a warning to other thieves.
The latest such murder came Wednesday.
Prosecutors said the victim had been identified as the same man seen on security camera footage earlier that day stealing a pickup truck at gunpoint from a woman outside her home in the state capital, Culiacan.
That same day, a total of seven suspected kidnappers were killed by townspeople in the largest mass lynching in recent memory in the central state of Puebla. Some were beaten, some hanged.
The National Human Rights Commission said 43 people have been killed in lynchings so far this year, and 173 injured.
That was up from the already-record year for mob justice in 2018.
“Those who take justice into their own hands commit acts of barbarism, not justice,” the commission said.
Vigilantes say they have to act because authorities won’t crack down on criminal gangs, which have become more brazen and have begun returning to the grisly mass executions that marked Mexico’s 2006-2012 drug war.
On Thursday, the notoriously violent Jalisco cartel killed 19 people whose bodies, in some cases dismembered, were left hanging from an overpass and strewn along a highway in the western state of Michoacan.
Another set of 4 dismembered bodies were found in plastic garbage bags the same day on a highway in the Gulf coast state of Veracruz, and a few hours later, 5 more bodies were found wrapped in garbage bags elsewhere in the state.
On Friday, the day after 23 bodies were found strewn by roadsides, President Andres Manuel Lopez Obrador said he won’t launch an anti-crime offensive.
CENTRAL AMERICA
The World Food Program says it’s planning to nearly quadruple the number of people that the U.N. agency helps in four central American countries affected by drought, seen as one of the drivers of migration through the region.
WFP spokesman Herve Verhoosel says the agency aims to provide food assistance to 700,000 people in El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua, up from 160,000 helped already this year.
Five years of drought have affected more than 2 million people and increased food insecurity of subsistence farmers and their families.
Governments as well as WFP and the U.N.’s Food and Agricultural Organization recently reported that 8 percent of families indicated that they would resort to migration.
“Migration is not a solution,” Verhoosel said, but “longer-term food security systems” are.
HONDURAS
There have been violent clashes between police and protesters demanding the resignation of President Juan Orlando Hernández in Honduras.
Thousands took to the streets of the capital Tegucigalpa, when several buildings were set alight and police used tear gas and water cannons to disperse demonstrators.
The protests come days after prosecutors in the US alleged that Mr Hernández’s 2013 presidential campaign had been financed by drug money.
Pressure has been growing on Mr Hernández to step down ever since his brother Juan Antonio Hernández was arrested in Florida in November and accused of conspiring to smuggle large quantities of cocaine to the US.
At the time, President Hernández said that while the arrest of his brother had been a heavy blow for the family, no-one was above the law.
But allegations of President Hernández’s links to drug trafficking resurfaced last week when a court document linked to his brother’s case was declassified.
The document alleges that a man identified as «co-conspirator 4» and later referred to as CC-4, took part in a conspiracy to use $1.5m (£1.2m) in drug proceeds to bolster CC-4’s presidential campaign.
CC-4 is described in the document as having been «elected president of Honduras in late 2013», when Juan Orlando Hernández won his first term in office.
He was re-elected to a second term in 2017 in polls.
President Hernández has strongly rejected the allegations. In a news conference on Saturday, he said that he was «the only president who’s done what’s needed to be done» against drug traffickers and that as a result, the traffickers were «looking for revenge».
But thousands of people who protested in Tegucigalpa on Tuesday were not convinced, calling the president a «narco dictator» and holding up placards demanding his resignation.
This latest protest comes just weeks after military police opened fire on students during another anti-government demonstration.