Por Redacción
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La Casa Blanca critica al Comité Nobel por premiar a líder venezolana en lugar de Trump.
La Casa Blanca acusó al Comité Nobel de “anteponer la política a la paz” tras otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la opositora venezolana María Corina Machado, en lugar del presidente Donald Trump, quien había expresado públicamente su deseo de recibir el galardón.
El Comité reconoció a Machado por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”, mientras que la administración Trump insistió en que el mandatario “ha hecho más por la paz mundial que cualquier líder actual”.
“El Comité Nobel demostró que prefiere la política sobre la paz”, afirmó el portavoz presidencial Steven Cheung, quien añadió que “el presidente Trump seguirá logrando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”.
Aun así, Trump llamó personalmente a Machado para felicitarla, según confirmó un alto funcionario de la Casa Blanca.
La venezolana, por su parte, agradeció el gesto y publicó en X que dedicaba el premio “al pueblo sufriente de Venezuela y al presidente Trump por su apoyo decisivo”.
El presidente estadounidense se ha atribuido el mérito por el reciente alto al fuego en Gaza, anunciado dos días antes del premio, y se autodefine como el “presidente de la paz”.
Sin embargo, el Comité Nobel destacó que el reconocimiento a Machado responde a su “defensa pacífica de la democracia y los derechos humanos” frente al régimen de Nicolás Maduro.
Trump recibió apoyo de aliados internacionales, incluido el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ruso Vladimir Putin, quienes afirmaron que “el Nobel ha perdido credibilidad”.
El galardón sitúa a Machado entre las figuras históricas que han sido premiadas por su defensa de la libertad, mientras que Trump continúa siendo un presidente que divide opiniones dentro y fuera de Estados Unidos.
VENEZUELA
Esta semana, dos activistas venezolanos que huyeron de su país tras denunciar persecución política resultaron heridos de bala el lunes en el norte de Bogotá, en lo que las autoridades colombianas investigan como un ataque selectivo.
La policía identificó a las víctimas como Yendri Omar Velásquez Rodríguez, fundador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTQ+, y Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político y exasesor de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Ambos hombres fueron emboscados por dos agresores no identificados tras salir de un edificio poco después del mediodía.
Fueron trasladados a un hospital y, según la policía colombiana, se encuentran estables.
El ataque ha suscitado una enérgica condena por parte de organizaciones de derechos humanos y del gobierno colombiano.
El Presidente Gustavo Petro denunció el tiroteo el lunes por la noche, declarando: «Todos los ciudadanos venezolanos que buscan asilo en Colombia, independientemente de sus ideas políticas, son bienvenidos».
También anunció que se ampliarían las medidas de seguridad para los activistas de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo de Colombia exigió una investigación exhaustiva, afirmando que “el pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia”.
La principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, calificó el tiroteo como “un cobarde atentado contra la libertad y los derechos humanos”.
Velásquez Rodríguez, destacado defensor de los derechos LGBTQ+, había sido detenido previamente por las autoridades venezolanas en el aeropuerto principal de Caracas en agosto de 2024 mientras se dirigía a una conferencia de derechos humanos en Suiza.
Su pasaporte fue confiscado y permaneció retenido durante seis horas, incidente documentado por la organización venezolana de derechos humanos Provea.
Peche Arteaga, por su parte, es conocido por asesorar a políticos y organizaciones cívicas, y ha criticado públicamente la persecución de los disidentes por parte del gobierno de Maduro.
Las autoridades colombianas afirman que están revisando las grabaciones de vigilancia y entrevistando a testigos.
Señalaron que no había denuncias previas de amenazas contra ninguno de los dos hombres durante su estancia en Colombia.
Sin embargo, el ataque ha reavivado los temores de intimidación transnacional contra los exiliados venezolanos en la región, especialmente contra aquellos que continúan su activismo en el extranjero.
Defensores de derechos humanos advierten que, a medida que se profundiza la crisis política venezolana, los disidentes en el extranjero enfrentan nuevos peligros, incluso en países como Colombia, que alberga a casi tres millones de migrantes y refugiados venezolanos.
PERÚ
Menos de un día después de asumir el cargo, el nuevo presidente interino de Perú, José Jerí, lideró redadas carcelarias a nivel nacional contra líderes de pandillas, lo que indica una postura más dura contra la delincuencia tras el juicio político a la expresidenta Dina Boluarte.
El abogado de 38 años y expresidente del Congreso recorrió el sábado la cárcel de máxima seguridad Ancón I en Lima, flanqueado por policías fuertemente armados.
El operativo descubrió el contrabando de teléfonos celulares, narcóticos y armas improvisadas, según el Ministerio del Interior.
Redadas coordinadas similares se llevaron a cabo en las cárceles de Lurigancho, Challapalca y El Milagro en todo el país.
“El principal enemigo está en las calles, las bandas criminales y el crimen organizado. El mal que aflige al Perú hoy es la inseguridad, y esa será nuestra prioridad”, declaró Jerí a los legisladores durante su ceremonia de juramentación.
La destitución de Boluarte se produjo tras semanas de indignación pública por el aumento de la violencia y su incapacidad para controlar a las poderosas pandillas del país.
El detonante final se produjo tras un tiroteo masivo en un concierto en Lima que dejó varias personas muertas y renovó los llamados a una respuesta gubernamental más contundente.
Perú enfrenta su peor crisis de seguridad en décadas.
Los homicidios se han más que triplicado desde 2017, con 2082 asesinatos registrados en 2024, casi la mitad de ellos sicariato.
Los casos de extorsión también han aumentado, de 16 000 en 2022 a más de 22 000 el año pasado, a medida que las pandillas amplían su control sobre los pequeños negocios y las redes de transporte público.
