Por Redacción
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La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este lunes dos arrestos adicionales relacionados con una protesta contra las políticas migratorias federales que tuvo lugar en una iglesia de Minnesota el mes pasado, elevando a nueve el número total de personas detenidas por el caso.
Las autoridades federales acusan a los involucrados de conspiración e interferencia con los derechos constitucionales de los feligreses durante un servicio religioso, un hecho que ha generado un intenso debate nacional sobre libertad de expresión, derechos civiles y la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.
Los nuevos arrestos fueron confirmados por Bondi a través de una publicación en redes sociales, en la que identificó a los detenidos como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson. La funcionaria no ofreció detalles sobre las circunstancias específicas de sus arrestos ni sobre si se entregaron voluntariamente o fueron detenidos por agentes federales.
Las nueve personas implicadas fueron formalmente acusadas por un gran jurado federal en Minnesota, según documentos judiciales que se hicieron públicos el viernes. Entre los arrestados se encuentran los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort, quienes fueron detenidos ese mismo día. Otras tres personas habían sido arrestadas a principios de la semana, incluida la reconocida activista local y exlíder de la NAACP en Minneapolis, Nekima Levy Armstrong.
La protesta que dio origen a la investigación federal ocurrió el 18 de enero en la Iglesia Cities, ubicada en St. Paul, durante un servicio dominical. De acuerdo con la acusación, los manifestantes interrumpieron la ceremonia religiosa coreando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que llevó a una respuesta inmediata de las autoridades federales y a fuertes objeciones del gobierno de Trump.
Acusaciones federales y reacción del gobierno
Según la acusación presentada por el jurado investigador, los nueve detenidos enfrentan cargos federales de derechos civiles por conspiración y por interferir con el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda de los asistentes a la iglesia. Los fiscales alegan que los manifestantes actuaron de manera coordinada para interrumpir el servicio religioso, impidiendo que los feligreses ejercieran libremente su derecho a la práctica de su fe.
La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores, David Easterwood, también se desempeña como jefe de la oficina de campo del ICE en St. Paul. Este vínculo fue uno de los principales detonantes de la protesta, según han señalado activistas y organizadores, quienes consideran incompatible el liderazgo religioso con un cargo de alto nivel en una agencia federal de inmigración.
El Departamento de Justicia inició su investigación tras recibir denuncias de que un grupo de manifestantes irrumpió en el templo gritando consignas como “ICE fuera” y “justicia para Renee Good”, en referencia a una mujer de 37 años, madre de tres hijos, que murió tras ser baleada por un agente del ICE en Minneapolis en un caso separado que continúa bajo escrutinio público.
Bondi ha defendido la actuación del Departamento de Justicia, afirmando que nadie está por encima de la ley y que la libertad de expresión no incluye el derecho a interrumpir servicios religiosos ni a vulnerar los derechos constitucionales de otras personas. En declaraciones previas, la secretaria de Justicia ha señalado que el gobierno actuará con firmeza ante cualquier intento de “intimidación o coerción” en espacios protegidos por la ley federal.
El papel de periodistas y activistas en la protesta
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la detención de periodistas independientes que cubrían la protesta. Don Lemon, expresentador de CNN que fue despedido de la cadena en 2023 tras una etapa marcada por polémicas, ha insistido en que no tenía afiliación con el grupo que interrumpió el servicio religioso y que su presencia en la iglesia se limitaba a documentar los hechos como periodista.
Lemon se ha descrito a sí mismo como un observador independiente que transmitía en vivo para su audiencia cuando ocurrieron los incidentes. Sin embargo, la acusación sostiene que Jerome Deangelo Richardson viajó con Lemon hasta la iglesia mientras este realizaba una transmisión en directo y que Richardson le indicó que debían “alcanzar a los demás”, lo que los fiscales interpretan como evidencia de coordinación previa.
En el caso de Ian Davis Austin, los documentos judiciales señalan que se detuvo en los pasillos del templo y reprendió en voz alta a uno de los pastores, formulando preguntas relacionadas con el nacionalismo cristiano y el papel de la iglesia en la política migratoria. Registros en línea de la cárcel indican que Austin fue arrestado el viernes, aunque no se ha precisado la fecha exacta en que Richardson fue detenido.
La abogada de Austin, Sarah Gad, no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras que los registros judiciales no identifican a un abogado que represente a Richardson en esta etapa del proceso.
El caso ha provocado reacciones divididas entre defensores de los derechos civiles, líderes religiosos y funcionarios gubernamentales. Organizaciones de libertad de prensa han expresado preocupación por el posible impacto que estas detenciones puedan tener sobre el ejercicio del periodismo, especialmente en contextos de protesta y manifestaciones públicas.
Por su parte, activistas comunitarios sostienen que las acusaciones buscan criminalizar la disidencia y enviar un mensaje disuasorio a quienes se oponen a las políticas migratorias federales.
En paralelo a los arrestos en la iglesia, activistas realizaron una vigilia simbólica el 31 de enero en el lago congelado Nokomis, en Minneapolis, donde encendieron velas formando las palabras “Ice Out”, un juego de palabras en inglés que combina la idea de “descongelar” con la exigencia de sacar al ICE de sus comunidades.
La imagen del lago iluminado se viralizó en redes sociales y se convirtió en un símbolo de la creciente resistencia contra las políticas de inmigración del gobierno federal.
Mientras el proceso judicial avanza, el caso continúa alimentando un debate más amplio sobre los límites de la protesta, la protección de los espacios religiosos, la libertad de prensa y el alcance de la autoridad federal en un clima político cada vez más polarizado.
Las audiencias iniciales están previstas para las próximas semanas, y se espera que el caso siente un precedente legal sobre la intersección entre activismo, periodismo y derechos constitucionales en Estados Unidos.
