Por Carlos Hernández
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Un acuerdo firmado en silencio por la administración del expresidente Donald Trump permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a información personal de más de 79 millones de beneficiarios de Medicaid, incluyendo nombres, domicilios, fechas de nacimiento, datos étnicos y números de Seguro Social, según documentos obtenidos por la agencia Associated Press (AP).
La medida ha sido calificada como una violación sin precedentes a la privacidad médica y un ataque directo a comunidades inmigrantes, según funcionarios, legisladores y defensores de los derechos civiles.
El acuerdo, sellado entre los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permitiría al ICE utilizar los datos “para identificar y localizar extranjeros”, lo que significa que incluso inmigrantes indocumentados que reciben atención médica de emergencia podrían ser objeto de operativos de deportación.
Aunque la ley prohíbe que inmigrantes sin estatus legal accedan a los beneficios regulares de Medicaid, sí garantiza que puedan recibir atención médica de emergencia, una política que ha sido crucial para miles de familias, especialmente durante crisis de salud como la pandemia.
“Nos están obligando a ser agentes de inmigración”, declaró un funcionario de CMS bajo condición de anonimato. “Esto vulnera la misión del sistema de salud pública”.
Acceso limitado pero alarmante
Aunque el ICE no puede descargar la base de datos completa de Medicaid, el acuerdo les permite consultar registros durante horarios laborales hasta el 9 de septiembre. Sin embargo, el simple acceso para verificación genera temores profundos en comunidades ya vulnerables.
Desde que comenzaron las redadas migratorias hace más de un mes en California, se han reportado detenciones en lugares considerados seguros como escuelas, clínicas y juzgados. “Ya no podemos confiar en nadie”, dijo Josefina Paredes, residente permanente en Oxnard. “Mis familiares sin papeles ahora temen buscar atención médica”.
Reacción inmediata del Congreso y estados
El senador Alex Padilla (D-CA) calificó el acuerdo como “una traición a los valores fundamentales de privacidad”. Añadió que la medida es “una táctica vil y malintencionada para causar daño a una comunidad vulnerable”.
Por su parte, el senador Adam Schiff (D-CA) denunció que “la transferencia masiva de datos personales de millones de personas debería alarmar a todos los estadounidenses” y pidió su anulación inmediata.
Varios estados liderados por demócratas, como California, Nueva York y Oregón, han prometido defender los derechos de sus residentes. En total, 20 estados se han pronunciado en contra del acuerdo, advirtiendo que viola leyes federales de privacidad médica como HIPAA.
Incluso dentro del CMS, abogados expresaron su preocupación. Correos electrónicos revelados por la AP muestran que el director jurídico de la agencia, Rujul H. Desai, intentó frenar el acuerdo, pero el Departamento de Justicia dio luz verde para su implementación.
Defensores de la salud: un riesgo para todos
La política también ha sido criticada por expertos en salud pública. Hannah Katch, exasesora de CMS bajo la administración Biden, declaró que nunca se había compartido esta clase de información con agentes migratorios, y calificó el acuerdo como una violación a la confianza de los afiliados.
Ana María Morales, enfermera en un hospital del condado de Ventura, advirtió que el impacto podría ser generalizado. “Si las personas temen buscar atención médica, corremos el riesgo de enfrentar crisis sanitarias mayores. Las enfermedades no distinguen estatus migratorio”, explicó.
Grupos comunitarios y redes sociales ya reportan un aumento de mensajes advirtiendo a inmigrantes que eviten hospitales o actualicen sus domicilios por temor a ser localizados por ICE.
Consejos legales ante la incertidumbre
El abogado César Nava, especialista en inmigración, con oficina en Oxnard, recomendó que quienes estén inscritos en Medicaid y teman ser localizados consideren cambiar de residencia. “El ICE podría usar esa información para ejecutar órdenes de deportación, incluso si están anuladas”, advirtió.
También instó a actualizar la dirección en instituciones como el Departamento de Motores y Vehículos (DMV), ya que esa información ha sido utilizada recientemente por autoridades para localizar personas.
“Muchos no creen que esto pueda pasar, pero lo estamos viendo a diario”, dijo Nava. “Lo impensable se ha convertido en política”.
Argumentos del gobierno federal
Tanto el DHS como el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) defendieron el acuerdo argumentando que se busca evitar el uso indebido de fondos públicos.
“Estamos explorando formas de garantizar que los inmigrantes indocumentados no reciban beneficios destinados a ciudadanos que cumplen la ley”, dijo Tricia McLaughlin, vocera del DHS.
Andrew Nixon, portavoz del HHS, agregó que la agencia actuó “dentro de su autoridad legal y en cumplimiento con todas las leyes vigentes”.
No obstante, defensores de derechos humanos y salud pública sostienen que los costos humanos y sociales de esta política superan cualquier argumento financiero.
Un mensaje claro y preocupante
Por ahora, no está claro si el ICE ha comenzado a utilizar la base de datos, pero para muchos el daño ya está hecho.
“El mensaje que esto envía a nuestras comunidades es aterrador”, señaló Morales. “Nos están diciendo que buscar ayuda médica puede ponernos en riesgo de deportación”.
Mientras tanto, la administración Trump continúa ampliando su política de mano dura contra los inmigrantes, tensionando aún más la relación entre agencias federales y comunidades locales que buscan proteger a sus residentes.
