Por Agencias
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El Congreso de Colorado aprobó el viernes, en el último día de sesiones, una ley que delimita colaboración entre los cuerpos de seguridad locales y el ICE.
La ley HB19-1124, impulsada por la Asambleísta Adrienne Benavidez y por la Senadora Julie Gonzales (ambas demócratas), clarifica los límites de la autoridad otorgada a los funcionarios judiciales y a las fuerzas del orden de Colorado con respecto al cumplimiento de ciertas leyes federales relacionadas con inmigración.
Aunque la propuesta original, presentada en enero pasado, prácticamente prohibía todo tipo de colaboración entre policías y funcionarios locales con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés), la versión final de la ley aprobada incluye matices, por pedido del gobernador de Colorado, Jared Polis.
En la versión actual, la nueva ley prohíbe a policías locales o personal carcelario detener a una persona solamente por pedido del ICE y sin que hubiese una orden de detención emitida por un juez.
La ley también prohíbe que policías o funcionarios de cárceles provean información no solicitada a las autoridades federales de inmigración sobre personas detenidas.
Sin embargo, la Policía local cooperará con el ICE en casos en los que un juez lo solicite o en actividades en las que ya se colabora, como el traslado de personas a la corte o la transferencia de detenidos a la custodia del ICE.
En la Cámara de Representantes, el proyecto de ley HB19-1124 recibió 36 votos a favor y 28 en contra, mientras que en el Senado salió adelante con una votación de 20-15.
Ambas cámaras cuentan con una mayoría demócrata.
“HB19-1124 es una manera de asegurarse de que los derechos constitucionales de todos en Colorado sean respetados. Y a la vez protege a las fuerzas del orden locales de innecesarias demandas judiciales”, dijo Brendan Green, Director de campañas de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC).
Según el Buró del Censo, casi el 10 por ciento de los 5.7 millones de residentes en Colorado son inmigrantes, de ellos, CIRC estima que unos 150,000 serían indocumentados.
