Por Redacción
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Madres de clase media en Evanston, un suburbio arbolado al norte de Chicago, están interrumpiendo sus rutinas diarias para colocarse en la primera línea frente a lo que consideran un uso excesivo de fuerza por parte del gobierno federal. Con silbatos, teléfonos y una red de alerta comunitaria que se activa en minutos, estas mujeres se han convertido en vigilantes improvisadas dentro de su propio vecindario.
Los agentes federales enviados bajo la operación “Midway Blitz” aseguran que buscan arrestar a “delincuentes peligrosos que están en el país ilegalmente”. Pero en Evanston —una comunidad universitaria donde cerca del 70% de los habitantes tienen título universitario y los delitos violentos son extremadamente raros— muchos residentes cuestionan la narrativa oficial y consideran que la presencia de camionetas sin distintivos y agentes encapuchados es injustificada.
Videos publicados en redes sociales muestran cómo, cuando aparece un vehículo sospechoso, los vecinos hacen sonar bocinas o silbatos para alertar a la comunidad. Tres pitidos cortos indican que la Patrulla Fronteriza está cerca; señales más largas significan que alguien podría estar siendo detenido. En cuestión de minutos, docenas de personas salen de sus casas, interrumpen paseos con sus perros o cambian su ruta en bicicleta para grabar y observar cada movimiento de los agentes.
Varias manifestantes aseguran que su objetivo es proteger a personas que podrían estar en el país sin documentos, pero que son miembros activos y pacíficos de la comunidad. Muchas han solicitado anonimato por temor a represalias. Coinciden en que los operativos vulneran derechos fundamentales, desde la libertad de expresión hasta el derecho a protestar.
Un movimiento inesperado de madres blancas en los suburbios
Emily Miller, madre de tres hijos, vivía enfocada en su familia, amigos y actividades cotidianas. Pero la reelección del presidente Donald Trump en 2024 y el endurecimiento de las medidas migratorias la motivaron a asumir un rol más visible en la defensa de su comunidad.
Junto a su amiga Savanna Essig-Fox formó el Club del Cartel Rosa, un movimiento que inicialmente distribuyó volantes en papel rosa brillante para promover causas progresistas. Con el tiempo, la llegada de agentes federales a Evanston llevó al grupo a adoptar una función distinta: vigilar, grabar y documentar cada operativo migratorio que observan en sus calles.
Ambas mujeres aseguran que su privilegio como ciudadanas blancas les permite enfrentar a los agentes con menor riesgo que otras personas en su comunidad. “Somos blancas, nacimos aquí, tenemos privilegios. Podemos usar eso para hacer el bien”, dijo Essig-Fox.
El Club del Cartel Rosa comenzó a organizar redes de vigilancia, coordinar alertas vecinales y capacitar a residentes para grabar de forma segura. Aunque estas actividades consumen tiempo familiar, muchas madres sostienen que sus hijos han comprendido que se trata de defender a vecinos que han visto crecer a su alrededor.
“Para disfrutar de mis hijos, no puedo mirar hacia otro lado”, dijo Miller. “Ver agentes encapuchados interrogando a personas del vecindario te obliga a hacer algo”.
Para Miller, las escenas recuerdan episodios oscuros del pasado. “Es repugnante. No quiero que mis hijos crezcan en un país donde esto se normaliza”.
Enfrentamientos, armas desenfundadas y detenciones cuestionadas
A pesar de ser manifestaciones en su mayoría pacíficas, la tensión ha escalado rápidamente.
David Brooks, residente de Evanston, terminó con un arma apuntándole al rostro cuando grababa las secuelas de un choque entre una camioneta de la Patrulla Fronteriza y un automóvil civil. El agente que lo amenazó no llevaba identificación visible. “Retrocede o te disparo”, gritó según varios testigos.
Otros videos muestran a una mujer empujada al suelo mientras grababa con su celular y a un hombre reducido violentamente por agentes encapuchados. En más de una ocasión se utilizó gas pimienta contra la multitud.
Brooks explicó que llegó al lugar tras recibir alertas en chats barriales. Su esposa, Amanda, estaba entre las manifestantes con un silbato en la mano. Ambos coinciden en que su presencia como residentes blancos los coloca en menor riesgo que muchos inmigrantes locales, pero eso no disminuye su preocupación.
“Queremos que los niños puedan caminar a la escuela sin miedo”, dijo Amanda. “No es solo sobre evitar abusos físicos, es sobre el derecho de todos a vivir sin temor”.
La detención de Jennifer Moriarty, una abogada de 56 años, marcó uno de los episodios más tensos. En videos se observa cómo un agente la derriba, se coloca sobre ella y luego la sube a un vehículo sin distintivos. “Nos secuestraron”, declaró más tarde. Afirmó que no fue registrada, no se le leyeron sus derechos y no se garantizó su seguridad.
Moriarty relató que los agentes los movieron de un lugar a otro durante horas mientras el conductor profería insultos y amenazas, incluyendo el uso de gas pimienta. Señaló que pudo mantener su teléfono y realizar una llamada desde dentro del vehículo, lo que considera una señal de la falta de protocolo oficial.
El caso está ahora citado en una demanda federal que acusa a los agentes de violar derechos de la Primera Enmienda y de usar fuerza excesiva. Tras revisar los videos, la jueza federal Sara Ellis consideró que las afirmaciones del gobierno no estaban respaldadas por las imágenes y emitió una restricción temporal al uso de la fuerza.
Sin embargo, dos días después se registraron nuevos incidentes en Chicago que involucraron granadas aturdidoras y gas pimienta.
Moriarty aseguró que nunca sintió miedo por su vida debido a su raza. “Soy blanca. Tengo suerte”, dijo. Aun así, una semana después del incidente, su cuerpo mostraba moretones visibles.
