Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
El despliegue de una flota de la Marina de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, junto con ataques mortales anunciados por la Casa Blanca contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas, ha encendido advertencias sobre las verdaderas intenciones del gobierno del presidente Donald Trump en la región.
Aunque la Administración defiende las acciones como parte de una campaña para desmantelar redes de narcotráfico, legisladores, juristas y analistas militares se preguntan si la operación persigue además presionar al gobierno de Nicolás Maduro o incluso allanar el camino a una intervención de mayor envergadura.
Desde finales de agosto y en septiembre, el Pentágono ha incrementado su presencia en el sur del Caribe con destructores, un crucero, buques de asalto anfibio, un submarino y más de 5.000 efectivos, así como el envío de aviones de combate furtivos a bases en Puerto Rico. La Casa Blanca ha difundido videos de tres ataques en los que, según la versión oficial, se destruyeron embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas; en algunos casos las autoridades estadounidenses dijeron que las naves procedían de Venezuela. Ese cuadro ha alimentado temores en la región sobre un posible cambio en el uso del poder militar estadounidense.
Dudas sobre la escala y la legalidad de la operación
Expertos consultados por este medio coinciden en que la fuerza desplegada, aunque significativa, no parece suficiente para emprender una invasión terrestre contra un país del tamaño de Venezuela. “Si bien la armada en el Caribe es significativa, no es lo que se necesitaría para invadir realmente”, dijo Brian Finucane, del International Crisis Group, quien afirmó que el presidente tiende a preferir “acciones militares espectaculares”. Analistas militares subrayan que ataques aislados con misiles o la destrucción de embarcaciones pueden ser tácticamente factibles, pero carecen de capacidad para provocar un cambio de régimen y conllevan riesgos de escalada y de víctimas civiles.
La cuestión legal también genera controversia. La Administración ha justificado sus acciones apelando a la autodefensa contra organizaciones que, según Washington, representan una amenaza inminente, y a designaciones recientes que han catalogado a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. No obstante, abogados constitucionales y algunos legisladores sostienen que una campaña militar de esta índole requiere una autorización clara del Congreso, y que la base jurídica para ataques en aguas internacionales o cerca de estados soberanos es, en el mejor de los casos, debatible. En el Capitolio se han presentado resoluciones que buscan limitar las operaciones militares sin nuevas aprobaciones.
Mensajes contradictorios y la carrera por el control del relato
La retórica del Presidente ha combinado amenazas contundentes contra “terroristas” del narcotráfico con mensajes dirigidos a Caracas, incluidos llamados a que el gobierno venezolano acepte deportaciones desde Estados Unidos bajo la amenaza de un “precio incalculable”. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU y en publicaciones en redes sociales, Trump presentó los ataques como parte de una ofensiva contra drogas “venenosas” que ponen en riesgo a comunidades estadounidenses, mientras que movimientos políticos aliados han lanzado advertencias más explícitas sobre el destino de Maduro. Esa mezcla de objetivos —combate al narcotráfico, presión migratoria y acoso político al régimen venezolano— ha contribuido a la confusión sobre la meta real de la operación.
En Caracas, el gobierno de Maduro calificó las acciones estadounidenses como una agresión a la soberanía nacional y ha activado a la denominada milicia bolivariana. El Ejecutivo venezolano niega ser un centro del narcotráfico y alega que solo una fracción de la droga regional transita por su territorio; sin embargo, informes de inteligencia y fiscales estadounidenses han presentado cargos de narcoterrorismo contra altos funcionarios venezolanos, lo que complica aún más el panorama. Las autoridades venezolanas han respondido con maniobras militares y ejercicios de defensa en puertos y aeródromos.
Legisladores estadounidenses han expresado inquietud por posibles extralimitaciones presidenciales. Senadores y representantes de ambos partidos han señalado que operaciones que impliquen ataques sostenidos, incursiones terrestres o bombardeos a infraestructura estatal cruzarían líneas legales y políticas que deberían revisarse con el Congreso. Por su parte, defensores de las acciones del Ejecutivo aseguran que el combate a narcotraficantes transnacionales requiere respuestas robustas y que la designación de ciertas bandas como terroristas abre rutas legales para operar.
Militarmente, la presencia de destructores y cruceros con capacidad de lanzar misiles de crucero —más la operación de un submarino con misiles de largo alcance y el embarque de cerca de 2.000 marines en buques anfibios— supone una capacidad de proyección considerable. Sin embargo, militares retirados advierten que acciones limitadas, como el hundimiento de embarcaciones, pueden escalar rápidamente hacia operaciones que carezcan de una base legal sólida y conlleven consecuencias imprevisibles para la estabilidad regional.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha mantenido la narrativa de que la prioridad es detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y salvar vidas en comunidades afectadas por sustancias cada vez más potentes. Empero, la forma pública y beligerante en que el Ejecutivo ha comunicado las acciones —incluidos videos propagandísticos de ataques— ha alimentado críticas por la falta de transparencia en los criterios de identificación de objetivos y por el número de víctimas en las operaciones anunciadas públicamente.
Para países de la región la escalada es preocupante: vecinos y aliados observan si Washington opta por una estrategia militar limitada contra traficantes o por un empeoramiento de la confrontación con un gobierno que denuncia una intención de derrocamiento. El riesgo de errores de cálculo, choques entre fuerzas y un aumento de la tensión diplomática es real, y los expertos recomiendan priorizar canales multilaterales, mayor transparencia sobre la inteligencia que sustenta los ataques y control democrático sobre el uso de la fuerza.
