Por Agencias
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Las autoridades brasileñas indicaron el lunes que intentan averiguar quién podría estar detrás del sorprendente alzamiento de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que irrumpieron y causaron destrozos en las principales sedes de poder del país, una revuelta sumamente parecida al asalto al Capitolio federal de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
En un despliegue sin precedentes en la nación más grande de Latinoamérica, miles de simpatizantes de Bolsonaro irrumpieron el domingo en la sede del Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial. Muchos de ellos dijeron que querían que las fuerzas armadas brasileñas reinstauraran en el poder al derechista Bolsonaro y derrocaran al recién investido presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La policía desmanteló un campamento pro-Bolsonaro frente a un edificio militar el lunes y detuvo a unas 1.200 personas allí, le dijo la oficina de prensa del Ministerio de Justicia a The Associated Press. Por su parte, la oficina de prensa de la Policía Federal señaló que el departamento ya planea presentar cargos contra cerca de 1.000 personas.
Lula y los jefes del Supremo Tribunal Federal, el Senado y la Cámara de Diputados firmaron una carta el lunes denunciando el ataque y diciendo que estaban tomando medidas jurídicas.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, declaró a la prensa que la policía ha comenzado a rastrear a quienes pagaron los autobuses que trasladaron a manifestantes a la capital. En conferencia de prensa, señaló que aparentemente los inconformes tenían el objetivo de que su protesta creara un efecto dominó en todo el país, y que podrían ser acusados de distintos delitos, incluidos delincuencia organizada, intento de golpe de Estado y abolición violenta del estado de derecho democrático.
“Creemos que lo peor ya quedó atrás”, comentó Dino, y añadió que ahora el gobierno está enfocado en castigar a los que quebrantaron la ley y a los que se los facilitaron. “No podemos y no haremos concesiones en el cumplimiento de nuestros deberes jurídicos, porque este cumplimiento es esencial para que estos eventos no se repitan”.
El domingo, alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, volcaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Perforaron agujeros en un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti en el palacio presidencial y destruyeron otras obras de arte. Volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron una puerta del despacho de un juez y vandalizaron una estatua afuera de la corte. Los interiores de los edificios quedaron en ruinas.
Las detenciones del lunes se suman a las 300 personas que fueron arrestadas durante los disturbios del domingo.
La policía reaccionó con una notable lentitud —incluso después de la llegada de más de 100 autobuses_, lo que llevó a muchos a preguntarse si las autoridades simplemente ignoraron las numerosas advertencias, subestimaron la fortaleza de los manifestantes o fueron cómplices de alguna manera.
Fiscales en la capital dijeron que las fuerzas de seguridad locales fueron negligentes, por decir lo menos. Un juez del Supremo Tribunal Federal suspendió temporalmente al gobernador regional. Otro juez culpó a las autoridades de no actuar enérgicamente y con rapidez para eliminar un floreciente neofascismo en Brasil.
Tras su derrota electoral del 30 de octubre, Bolsonaro, quien se trasladó a Florida, ha estado azuzando entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de votación electrónica era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba de ello. Su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, sostuvo varias reuniones con el expresidente estadounidense Donald Trump, con el añejo aliado de éste, Steve Bannon, y con su asesor de campaña Jason Miller.
A primeras horas de la tarde del lunes, los simpatizantes de Bolsonaro se dispersaron al extenderse rumores de que el exmandatario se encontraba hospitalizado en Florida por una molestia abdominal. De momento se desconocía su estado de salud, pero el diario brasileño O Globo publicó una foto en la que él aparece sonriendo en una cama de hospital. El expresidente ha sido hospitalizado en varias ocasiones desde que sobrevivió a un apuñalamiento en 2018. Un portavoz del centro médico no respondió de inmediato a llamadas telefónicas ni a mensajes de texto.
“Canadá, México y Estados Unidos condenan los ataques del 8 de enero a la democracia de Brasil y a la transferencia pacífica del poder”, dijeron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un comunicado conjunto desde la Ciudad de México el lunes.
Los resultados de las elecciones brasileñas —las cuales se decidieron por el margen más estrecho en tres décadas— fueron reconocidos con rapidez por integrantes de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió a casi todo el mundo al desaparecer de la vista pública. Ni reconoció la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él presentaron una solicitud para anular millones de votos, petición que fue desestimada con prontitud.
Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no deja un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está bajo un intenso escrutinio, y las autoridades y observadores internacionales nunca han encontrado pruebas de que haya sido manipulado para cometer fraude.
Aun así, los seguidores de Bolsonaro se negaron a aceptar los resultados. Bloquearon caminos y permanecieron acampados frente a instalaciones militares, pidiéndoles a las fuerzas armadas que intervinieran.
Dino se refirió a las personas acampadas como incubadores del terrorismo. La mayoría de las protestas fueron pacíficas, pero se registraron amenazas aisladas —incluida una bomba descubierta en un camión cisterna de combustible que se dirigía al aeropuerto de Brasilia—, lo cual desató temores de que haya afectaciones a la seguridad.
Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio de que, aunque se negara a participar en la transición de poder, su ausencia permitió que ocurriera sin incidentes.
O así había sido, hasta el caos del domingo.
Analistas dijeron a The Associated Press que la agitación podría generar un mayor apoyo político para Lula y la que ha dicho es su misión de pacificar al polarizado país. Muchos ciudadanos y políticos de derecha se sintieron asqueados por las escenas del domingo y están ansiosos por distanciarse de la derecha radical. El líder del propio partido de Bolsonaro dijo que el alzamiento era “vergonzoso”.
“Esto podría haber sido el principio del fin. El sistema político querrá aislar ese movimiento radical y distanciarse de él”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político de Medley Advisors. “Pienso que lo que veremos ahora es que la derecha intentará crear nuevas alternativas y nuevos líderes, y el centro se distanciará”.
En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado para que el gobierno federal asuma el control de la seguridad en el distrito federal. Señaló que los así llamados “fanáticos fascistas” y todos los que financiaron sus actividades deben ser castigados. El mandatario también acusó a Bolsonaro de alentar la insurrección.
Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit declaró que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero que el vandalismo y la invasión de edificios públicos son “excepciones a la norma”.
A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios habrían estado trabajando en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina.
Un video mostraba a un grupo de manifestantes que se abría paso fácilmente a través de una barricada policial, y sólo unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes irrumpían en el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.
“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política Arko Advice, con sede en Brasilia. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se preveía que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.
Lula dijo en su conferencia de prensa que hubo “incompetencia o mala fe” por parte de la policía, y prometió que algunos agentes serían castigados.
El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres, horas antes de que un juez del Supremo Tribunal Federal suspendiera de su cargo al gobernador bajo el argumento de “omisión intencional”.
