Por Redacción
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El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este martes su informe anual sobre derechos humanos correspondiente a 2024, en el que critica a gobiernos con los que el presidente Donald Trump mantiene tensiones políticas, mientras omite señalamientos que organizaciones civiles han hecho contra países aliados de su administración.
En el capítulo sobre Brasil, el reporte advierte que la situación de los derechos humanos “se deterioró” en el último año. Señala restricciones “desproporcionadas” a la libertad de expresión y afectaciones a simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. El documento destaca que cortes brasileñas bloquearon temporalmente el acceso a la red social X para millones de usuarios, en respuesta a un caso de acoso, lo que —según Washington— minó el debate democrático y suprimió el discurso de periodistas, políticos electos y partidarios de Bolsonaro, a menudo mediante procedimientos secretos sin garantías de debido proceso.
La medida, ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF) y supervisada por el juez Alexandre de Moraes, se produjo después de que X, propiedad de Elon Musk, se negara a designar un representante legal en el país. La decisión se dio en medio de tensiones entre Trump y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha respaldado públicamente al STF y a De Moraes, incluso tras sanciones estadounidenses contra el magistrado y su círculo cercano.
El Salvador: seguridad y críticas
En el caso de El Salvador, el informe indica que “no hubo cambios significativos” en la situación de los derechos humanos en 2024. Reconoce que la violencia vinculada a pandillas se mantiene en mínimos históricos bajo el régimen de excepción, que ha permitido arrestos masivos y la contención de la actividad criminal. Según el documento, “no hubo reportes creíbles de abusos significativos hacia los derechos humanos” durante ese período.
No obstante, las afirmaciones contrastan con reportes de organizaciones como Human Rights Watch, que en enero advirtió que la reducción de la criminalidad ha implicado suspender garantías fundamentales y ha derivado en detenciones arbitrarias. El presidente Nayib Bukele rechaza estas acusaciones y defiende el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), prisión de máxima seguridad que recibió a 252 inmigrantes venezolanos deportados por Estados Unidos bajo el argumento de que eran criminales peligrosos.
En julio, la organización Cristosal suspendió sus operaciones en el país alegando hostigamiento y represión hacia defensores de derechos humanos, tras la detención de la abogada y activista Ruth López.
Ecuador: conflicto interno y cooperación militar
El apartado sobre Ecuador recuerda que en 2024 el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción y declaró la existencia de un conflicto armado interno debido a la violencia generada por grupos criminales. El reporte reconoce denuncias de abusos como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, pero afirma que el gobierno “tomó pasos creíbles para identificar y sancionar” a funcionarios responsables.
Noboa, reelegido el 24 de mayo, ha expresado simpatía por Trump y promueve una reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. En junio, dijo que podrían ser estadounidenses o europeas para reforzar el combate contra la delincuencia organizada.
El Departamento de Estado precisó que el documento abarca observaciones sobre 198 países y territorios, y que la reestructuración aplicada en 2024 busca mejorar su accesibilidad y cumplir con su mandato legislativo. Aclaró que el informe “no clasifica ni compara a los países” y que no implica cambios en la política de Estados Unidos para promover el respeto a los derechos humanos en el mundo.
