Por Redacción
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El gobierno canadiense anunció una significativa reducción en el número de inmigrantes que permitirá ingresar al país en un intento por “frenar el crecimiento demográfico”, marcando un cambio importante en las políticas del primer ministro Justin Trudeau.
Según el plan, en 2025, Canadá limitará a 395,000 el número de nuevos residentes permanentes, lo que representa una disminución del 21% en comparación con los casi 500,000 permitidos hasta ahora.
En su declaración, Trudeau reconoció que su gobierno no logró “el equilibrio adecuado” al incrementar la inmigración tras la pandemia, cuando el país enfrentaba una grave escasez de mano de obra. “Nuestro sistema de inmigración siempre ha sido responsable y flexible”, afirmó, pero agregó que “en tiempos difíciles, cuando intentábamos salir de la pandemia, no conseguimos equilibrar adecuadamente las necesidades de la población con la demanda de trabajo”.
Impacto en la población y la economía
El crecimiento poblacional en Canadá ha estado impulsado en gran medida por la inmigración. De hecho, según datos federales, en 2023, el 97% del incremento poblacional fue resultado directo de la llegada de inmigrantes. Sin embargo, con este rápido crecimiento, el país ha visto un aumento en la presión sobre servicios públicos esenciales como la salud, la vivienda y el empleo. La tasa de desempleo en Canadá ha aumentado al 6.5%, mientras que el desempleo juvenil supera el 14%.
Como parte de los cambios, también se ha restringido la entrada de estudiantes internacionales y trabajadores temporales extranjeros, áreas que en años recientes habían crecido significativamente. A principios de 2023, el ministro de Inmigración, Marc Miller, anunció un límite en el número de estudiantes extranjeros que el país admitiría, reduciendo las aprobaciones de permisos de estudio en un 35%.
Reacciones divididas ante la medida
El anuncio de estas medidas ha generado reacciones encontradas. Mientras que algunas encuestas reflejan una creciente preocupación entre los canadienses sobre el impacto de la inmigración en la vivienda y los servicios públicos, otros sectores defienden que los inmigrantes no son responsables de los problemas económicos del país.
Una encuesta reciente del Instituto Environics, que ha seguido la opinión pública sobre la inmigración desde 1977, reveló que el 58% de los canadienses cree que los niveles de inmigración son demasiado altos. La percepción general sobre la inmigración ha cambiado, pasando de ser vista como una ventaja económica a un problema, según el instituto. Este cambio de actitud está influenciado, en parte, por el rápido aumento en los costos de vivienda, con el precio promedio de una casa rondando los 700,000 dólares canadienses y los alquileres subiendo un 22% en los últimos dos años.
A pesar de ello, grupos como la Red por los Derechos de los Inmigrantes han criticado duramente la decisión del gobierno, acusando a las autoridades de utilizar a los extranjeros como chivos expiatorios de la crisis de vivienda y otros problemas económicos. “Los inmigrantes no son responsables de la crisis de la vivienda en Canadá, ni de la falta de empleo o la deficiencia en los servicios públicos”, afirmaron en una carta abierta dirigida a Trudeau y Miller. Según el grupo, los problemas que enfrenta el país son el resultado de “décadas de políticas gubernamentales que han infrafinanciado y privatizado los servicios públicos”.
Consecuencias para la educación y el mercado laboral
Los efectos de estas decisiones también se han sentido en el sector educativo. El recorte en el número de estudiantes internacionales ha generado preocupación en varias instituciones de educación superior en todo el país. Estas universidades advierten que la limitación podría reducir el atractivo de Canadá como destino académico, lo que derivaría en una pérdida significativa de ingresos.
En el ámbito laboral, las restricciones han afectado principalmente a los trabajadores temporales extranjeros, obligando a las empresas canadienses a demostrar que no pueden cubrir ciertos puestos con residentes permanentes o ciudadanos antes de contratar extranjeros. Sin embargo, sectores clave como la construcción y la atención sanitaria han sido parcialmente exceptuados de estas restricciones, dada la escasez crítica de mano de obra en estos campos.
Canadá ante un nuevo equilibrio migratorio
Desde que asumió el cargo en 2015, Trudeau había elevado progresivamente los objetivos anuales de inmigración, pasando de 272,000 residentes permanentes ese año a 485,000 en 2023, con el mayor salto registrado en 2021, tras la pandemia. Durante este tiempo, el país se benefició de la llegada de mano de obra calificada, que ayudó a impulsar su economía y construir una sociedad más diversa.
Sin embargo, este enfoque de puertas abiertas está siendo reevaluado. Trudeau subrayó que la nueva política está diseñada para dar tiempo a las provincias a fortalecer sus infraestructuras, especialmente en áreas clave como la vivienda y la sanidad. “Esta reducción nos permitirá prepararnos mejor para un futuro donde los recién llegados puedan integrarse sin sobrecargar nuestros servicios públicos”, explicó el primer ministro.
El futuro de la inmigración en Canadá, un país tradicionalmente reconocido por su acogida de extranjeros, se encuentra ahora en una encrucijada, mientras intenta equilibrar el crecimiento económico con las necesidades sociales de su población.
