Por Agencias
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La Corte Suprema de Estados Unidos declaró el miércoles que se equivocó al inmiscuirse en una disputa en torno a una norma migratoria aplicada durante la presidencia de Donald Trump que el gobierno actual ha anulado, por lo cual el máximo tribunal desestimó el asunto.
El máximo tribunal del país había dicho que se involucraría en el asunto de si varios estados con gobiernos republicanos, encabezados por Arizona, podría asumir la defensa legal de la norma de “carga pública”, según la cual se le debe negar la residencia permanente a los inmigrantes que hacen uso de cupones de alimento y otros tipos de asistencia pública.
La Corte Suprema escuchó argumentos en febrero y pareció encaminarse a emitir un fallo, pero el miércoles divulgó una opinión sin firma y de apenas una oración diciendo que desestimaba el caso.
Ello deja intacto el fallo de una instancia menor a favor del gobierno del presidente Joe Biden, de que los estados no tienen derecho a intervenir.
El magistrado presidente del máximo tribunal, John Roberts, escribió un anexo diciendo que coincidía con la decisión de no escuchar el caso, pues contiene “una gran cantidad de asuntos ajenos” a la cuestión que la Corte Suprema había acordado revisar.
“Queda claro que este aviso podría impedir” una determinación en el caso “o por lo menos, complicaría nuestra resolución de ese tema”, escribió el magistrado.
A Roberts se sumaron otros tres jueces de la mayoría conservadora del tribunal: Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch. Gorsuch fue nominado por Trump.
Los otros dos magistrados designados por Trump —Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— no se expresan al respecto.
El meollo del caso es una ley federal según la cual un inmigrante que resulte ser una “carga pública” no puede recibir la residencia permanente (tarjeta verde) en Estados Unidos.
La administración Trump amplió significativamente la definición de ese término para incluir a quienes reciben varios tipos de prestaciones, incluyendo cupones de alimentos o Medicaid, el programa de asistencia financiera para los pobres.
Ello llevó a demandas en los tribunales, pero la Corte Suprema pudo mantener la política mientras los litigios siguieron su curso.
La administración Biden revocó la norma y ha instalado nuevas directrices.
El gobierno actual señala que bajo la presidencia de Trump se le negaron tarjetas verdes únicamente a tres personas, cuyas solicitudes fueron luego reevaluadas y aprobadas.
Grupos que defienden a los migrantes dicen que el mayor impacto de la fue asustar a los inmigrantes, llevándolos a rechazar o no solicitar las prestaciones públicas ante el temor de que estas les obstaculizaran sus procesos para obtener la residencia permanente.
