Por Carlos Hernández
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Luego de 41 días de paralización parcial del gobierno federal, una inusual coalición bipartidista en el Senado logró finalmente poner fin a la crisis más larga en la historia de Estados Unidos.
El acuerdo legislativo fue aprobado el lunes por la noche cerca de las 10 p.m., tras días de intensas negociaciones y luego de que ocho senadores demócratas rompieran filas para unirse a los republicanos, permitiendo así que se destrabara el estancamiento que venía afectando servicios esenciales, programas sociales y millones de familias en todo el país.
Este cierre de gobierno, que dejó en pausa el funcionamiento de múltiples agencias federales y congeló el pago de salarios para miles de trabajadores públicos, terminó tras una combinación de presión pública, desgaste político y urgencias fiscales.
Sin embargo, el acuerdo alcanzado no está exento de controversia.
REAPERTURA CON RESERVAS
El acuerdo proporciona financiamiento temporal para mantener en funcionamiento la mayoría de las operaciones federales al nivel vigente hasta finales de enero de 2026, sin cambios presupuestarios mayores.
Asimismo, incluye proyectos de ley separados que aseguran fondos completos para sectores como agricultura, construcción militar y servicios para veteranos hasta el final del año fiscal en septiembre de 2026.
Programas cruciales para comunidades vulnerables como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y el de Mujeres, Infantes y Niños (WIC), también estarán cubiertos retroactivamente, y los estados que usaron fondos propios durante el cierre serán reembolsados.
No obstante, el paquete no contiene una solución para los subsidios de salud del ACA, que millones de estadounidenses utilizan para reducir sus primas de seguros.
L@s demócratas buscaban una extensión de al menos un año para evitar un incremento en los costos del seguro médico, pero l@s negociadores republican@s bloquearon ese avance.
A cambio, se obtuvo una promesa para votar sobre el tema en diciembre, a semanas de la expiración de los beneficios.
La reapertura de oficinas federales será gradual y podría tomar semanas para alcanzar una normalización completa.
Aun así, miles de trabajadores públicos continuarán a la espera del pago retroactivo que les corresponde por las semanas laboradas sin remuneración.
El paquete aprobado garantiza ese pago, pero aún no se especifica con exactitud cuándo se realizará.
Organizaciones sindicales han solicitado claridad al respecto, destacando que muchas familias han incurrido en deudas o han tenido que recurrir a ahorros para sobrellevar el cierre.
La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Apropiaciones, expresó alivio tras la votación.
«Este cierre se prolongó demasiado y afectó innecesariamente a millones de familias. Ahora podemos enfocarnos en dar estabilidad a nuestros veteranos y trabajadores», explicó una criticada Collins.
Sin embargo, uno de los temas centrales que impulsó el desacuerdo, la renovación de los créditos fiscales del Affordable Care Act (ACA), que benefician a más de 24 millones de personas, fue postergado para una votación en diciembre.
Este aplazamiento generó rechazo entre los sectores más progresistas del partido demócrata como la Senadora demócrata por Massachussets, Elizabeth Warren, quien para ella lo aprobado no fue suficiente.
«El pueblo estadounidense espera que luchemos por su acceso a la salud. Votar hoy sin resolverlo es abdicar esa responsabilidad», declaró Warren.
IMPACTO NACIONAL
Durante el cierre, las repercusiones se extendieron más allá de los despachos del Capitolio.
Cerca de 900,000 empleados federales fueron puestos en licencia sin goce de sueldo y otros millones trabajaron sin compensación, según estimaciones oficiales.
Los programas de asistencia alimentaria se encontraron al borde del colapso, los parques nacionales cerrados, los trámites migratorios demorados y los vuelos federales perjudicados por falta de personal.
Estados como Nevada, donde la industria turística y los vuelos aéreos tienen gran impacto, sintieron el golpe con particular fuerza.
Mientras que, para comunidades como la latina, donde algun@s dependen de programas como SNAP o WIC, la resolución representa un alivio tangible, aunque la sensación de vulnerabilidad persiste.
ROMPIMIENTO DEMÓCRATA
Fueron ocho senadores demócratas quienes votaron a favor de avanzar con el acuerdo, desatando una oleada de críticas desde su propio partido.
Entre ell@s se encuentran figuras que dejarán el Senado en 2026, como Jeanne Shaheen de New Hampshire y Dick Durbin de Illinois, así como legisladores conocidos por su historial moderado, como Tim Kaine de Virginia y Angus King de Maine.
Estos senadores justificaron su decisión argumentando que la prolongación del cierre estaba causando un daño irreparable a familias trabajadoras, empleados federales y programas esenciales.
La senadora Shaheen señaló:
«Este era el único acuerdo viable sobre la mesa. Reabrir el gobierno era una necesidad moral y práctica».
Por su parte, Durbin, por su parte, añadió que la culpa la tiene el partido demócrata por todo el dolor infringido.
«Aunque el proyecto de ley no es perfecto, detiene el dolor que esta paralización ha causado a millones de personas», señaló Durbin, tratándose de quitar la presión de la crítica.
La decisión de estos legisladores también fue estratégica, según ell@s.
De acuerdo a sus propias declaraciones, much@s de ell@s recibieron garantías del liderazgo republicano del Senado para una votación separada sobre los subsidios médicos, algo que, aunque no garantiza su aprobación, al menos mantiene el tema en la agenda legislativa.
No obstante, la fractura dentro del partido demócrata fue explícita.
El Senador Bernie Sanders calificó la votación como una “traición” a los valores del partido y advirtió que nada garantiza que los republicanos cumplan su palabra.
Mientras los Senadores Chuck Schumer y Elizabeth Warren, que votaron en contra del acuerdo, señalaron que las concesiones a cambio de la reapertura fueron insuficientes y que se había cedido mucho.
“Los estadounidenses esperan que luchemos por su salud, por su seguridad económica. Y no vamos a conformarnos con promesas vacías”, dijo Warren.
PRESIÓN EN LA CÁMARA BAJA
La iniciativa legislativa ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde la situación no es menos complicada.
El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson de Luisiana, enfrenta un desafío considerable: asegurar los votos necesarios dentro de una bancada dividida y con una mayoría muy ajustada.
Los demócratas de la Cámara, liderados por Hakeem Jeffries, ya han adelantado que no apoyarán el proyecto si no incluye una solución definitiva a los subsidios del ACA.
“No vamos a respaldar una legislación que abandona a millones de estadounidenses. Esta es una crisis creada por Donald Trump y su partido, y deben asumir las consecuencias”.”, afirmó Jeffries.
En ese contexto, el liderazgo republicano tendrá que negociar con los sectores más conservadores de su propio partido, mientras intenta evitar una nueva confrontación con los demócratas que podría desembocar en otra paralización dentro de apenas unas semanas.
UN FUTURO POLÍTICO INCIERTO
La reapertura del gobierno es, sin duda, un alivio para millones de estadounidenses, no obstante, el acuerdo logrado deja temas fundamentales sin resolver, ya que este episodio ha puesto de manifiesto las grietas no solo entre republicanos y demócratas, sino al interior de cada partido.
En el caso republicano, el ala más radical continúa apostando por la confrontación como mecanismo de presión, mientras que sectores más moderados comienzan a valorar la estabilidad gubernamental como un activo político en tiempos de campaña.
Del lado demócrata, la división entre pragmatismo y principios se ha hecho evidente.
Mientras algun@s legisladores optaron por asegurar la reapertura inmediata del gobierno, otros consideran que ceder ante las exigencias republicanas sin conseguir garantías sólidas sobre temas fundamentales sienta un precedente peligroso.
Para el presidente Donald Trump, el acuerdo representa una victoria táctica.
Aunque fue presionado para ceder, logró evitar incluir los subsidios de salud en el paquete, manteniendo su postura de recorte al gasto público.
Además, el radical mandatario aprovechó el cierre para insistir en su narrativa sobre la necesidad de un gobierno eficiente, sin «gastos excesivos».
CAOS Y RETOS PARA MIKE JOHNSON
Tras casi ocho semanas sin sesiones, la Cámara de Representantes fue convocada de vuelta por su presidente Johnson.
Su decisión de mantener la Cámara cerrada durante el cierre fue duramente criticada por legisladores, expertos y medios.
“Lo que el presidente Johnson y los republicanos están haciendo es extraordinario. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar un precedente”, dijo Matthew Green, profesor de política en The Catholic University of America.
Durante el cierre, Johnson se negó a sentarse a negociar con los líderes demócratas.
Se mantuvo en contacto constante con el presidente Trump, organizando conferencias de prensa, llamadas semanales con su bancada y acompañando al mandatario a eventos deportivos, mientras la crisis se prolongaba en el Congreso.
El regreso del pleno implica una prueba crucial para su liderazgo.
Además del voto para ratificar el acuerdo del Senado, la Cámara enfrenta una montaña de temas pendientes: la juramentación de la nueva congresista Adelita Grijalva, la presión para liberar documentos relacionados con Jeffrey Epstein, y un sinnúmero de proyectos detenidos.
ALERTA CIUDADANA
Entre tanto ruido político, la ciudadanía ha enviado un mensaje claro; sobre todo para el partido republicano, como lo dejo claro las elecciones especiales de hace dos semanas donde fueron los grandes perdedores; y este es que el funcionamiento del gobierno no puede estar sujeto a juegos partidistas.
Encuestas recientes muestran que una mayoría significativa de l@s estadounidenses considera inaceptable utilizar el cierre del gobierno como herramienta de negociación política.
Mientras que expertos en derecho constitucional y política pública coinciden en que se requieren reformas estructurales que impidan nuevas paralizaciones y garanticen la continuidad de los servicios básicos, independientemente de los desacuerdos legislativos.
El acuerdo logrado deja temas fundamentales sin resolver, ya que la polarización política sigue latente, y el Congreso tiene poco margen para el error si desea evitar otra crisis presupuestaria y otro cierre de gobierno, para la fecha límite que es el 30 de enero de 2026.
Por ahora, los trabajadores federales vuelven a sus puestos, millones de familias reciben asistencia alimenticia, y los servicios esenciales se reactivan, pero el verdadero reto apenas comienza: lograr un consenso duradero en un clima político cada vez más fragmentado.
El cierre terminó, pero el conflicto en los pasillos del Capitolio continúa.
