Por Redacción
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Cuando el presidente Donald Trump insinúa que podría interferir en un proceso electoral, la experiencia reciente sugiere que no se trata de simples provocaciones retóricas.
A menos de un año de las elecciones de medio término de 2026, el mandatario vuelve a sembrar dudas sobre la integridad del sistema electoral estadounidense, una estrategia que ya empleó antes de su derrota en 2020 y que ahora adquiere un cariz más preocupante ante el creciente poder de su administración.
El lunes, Trump sugirió que los republicanos deberían “nacionalizar” la votación y “tomar el control” del proceso electoral en al menos 15 lugares del país. Sus declaraciones llegaron apenas días después de que un candidato demócrata lograra una victoria sorpresiva en un distrito del Senado estatal de Texas considerado sólidamente republicano, un resultado que encendió alertas dentro del Partido Republicano de cara a noviembre.
“Tenemos estados que son muy corruptos y están contando votos”, afirmó Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Dan Bongino. “Tenemos estados que gané, pero que muestran que no gané”, añadió, repitiendo afirmaciones que han sido desacreditadas en múltiples ocasiones por tribunales, funcionarios electorales y autoridades estatales, incluidos republicanos.
Desde el punto de vista legal, la propuesta del presidente carece de fundamento. La Constitución establece de manera explícita que la administración de las elecciones federales recae en los estados, con facultades limitadas del Congreso para regular aspectos específicos del proceso. El presidente no tiene autoridad alguna para intervenir directamente en la organización o el conteo de votos.
“El texto constitucional es claro y deliberado”, señaló David Becker, director ejecutivo del Centro de Innovación e Investigación Electoral. “Los fundadores temían precisamente que un ejecutivo sin escrúpulos intentara aferrarse al poder manipulando las elecciones”.
Una estrategia conocida para desacreditar resultados adversos
Las advertencias de Trump no son un hecho aislado. En 2020, meses antes de que se emitiera el primer voto, el entonces presidente comenzó a cuestionar la legitimidad del proceso electoral, preparando el terreno para sus falsas afirmaciones de fraude tras perder frente a Joe Biden. Aquella campaña culminó en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, uno de los episodios más graves en la historia democrática del país.
Hoy, el contexto es distinto, pero el patrón es similar. Trump enfrenta encuestas menos favorables, un electorado polarizado y la posibilidad real de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, lo que limitaría severamente su agenda y abriría la puerta a investigaciones legislativas.
Para analistas políticos, la retórica del presidente busca erosionar la confianza pública en el sistema electoral antes de que se conozcan los resultados, de modo que cualquier derrota pueda ser presentada como producto de irregularidades. “Es una táctica preventiva”, explicó un exfuncionario judicial. “Si se pierde, la narrativa ya está lista”.
La Casa Blanca ha intentado restar importancia a los comentarios del mandatario. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró recientemente que Trump “bromeaba” cuando sugirió que “ni siquiera deberíamos tener elecciones”. Sin embargo, para muchos expertos, estas declaraciones dejan de ser anecdóticas cuando se analizan a la luz de los hechos de 2020 y de las acciones actuales del gobierno federal.
Acciones concretas que elevan la preocupación
Más allá del discurso, la administración Trump ha emprendido una serie de medidas que, según críticos, podrían sentar las bases para una interferencia más directa en los procesos electorales.
En las últimas semanas, agentes federales ejecutaron órdenes judiciales en el condado de Fulton, Georgia, y confiscaron cientos de cajas con material electoral, incluidas papeletas. Georgia fue uno de los estados clave que Trump perdió en 2020 y sobre el cual ha insistido, sin pruebas, que hubo fraude generalizado.
La presencia de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, durante ese operativo generó inquietud adicional. Aunque su oficina no tiene autoridad sobre elecciones, Gabbard defendió su actuación y afirmó que el presidente le encargó garantizar la “integridad electoral”, una afirmación que contradice evaluaciones previas de la comunidad de inteligencia sobre interferencias extranjeras en comicios pasados.
A esto se suma un decreto firmado por Trump en marzo, que buscaba imponer requisitos más estrictos para el registro de votantes y el voto por correo. Varias de esas disposiciones han sido bloqueadas por tribunales federales por considerarlas inconstitucionales.
El Departamento de Justicia, liderado por la fiscal general Pam Bondi, también ha exigido padrones electorales a decenas de estados, solicitando información sensible de los votantes. En Minnesota, la petición se produjo tras una protesta que terminó con la muerte de un manifestante a manos de agentes federales, lo que incrementó la tensión política.
Para defensores del derecho al voto, estas acciones podrían disuadir a ciudadanos elegibles de registrarse o participar en las elecciones por temor al uso indebido de sus datos personales.
El uso del poder federal y el riesgo institucional
La creciente participación del gobierno federal en asuntos tradicionalmente gestionados por los estados coincide con un uso más agresivo del Departamento de Justicia, que ha sido acusado de perseguir a opositores políticos y periodistas críticos. El reciente arresto del expresentador Don Lemon, durante una protesta en Minnesota, reforzó esas preocupaciones entre organizaciones de derechos civiles.
Expertos legales advierten que, incluso si muchas de estas iniciativas no superan el escrutinio judicial, podrían servir para alimentar narrativas de fraude o justificar impugnaciones políticas de resultados electorales ajustados. “No se trata solo de ganar en los tribunales”, explicó Becker. “Se trata de convencer a millones de personas de que el sistema está roto”.
A diferencia de 2020, varias de las figuras que entonces se opusieron a las presiones del presidente ya no están en el gobierno. Trump ha consolidado un equipo más leal, lo que, según analistas, reduce los contrapesos internos dentro del Ejecutivo.
“No está claro cuántos funcionarios estarían dispuestos a priorizar la Constitución por encima de su lealtad personal al presidente”, afirmó Becker, exabogado del Departamento de Justicia.
La última línea de defensa: los votantes y los funcionarios electorales
Pese a las advertencias, especialistas subrayan que el sistema electoral estadounidense sigue contando con salvaguardas sólidas. Miles de funcionarios electorales, observadores independientes y trabajadores voluntarios administran los comicios a nivel local, con protocolos diseñados para garantizar transparencia y legalidad.
“Nuestros funcionarios electorales han enfrentado desafíos enormes y han demostrado resiliencia”, dijo Becker. “Siguen comprometidos con garantizar que cada ciudadano pueda votar de manera segura”.
Para muchos analistas, la clave estará en la vigilancia pública y en el respeto al estado de derecho. La historia reciente demuestra que las amenazas a la democracia no siempre se presentan de forma abrupta, sino a través de la erosión gradual de normas y confianza institucional.
Cuando Trump lanza advertencias sobre elecciones, concluyen, no conviene ignorarlas como simples exabruptos políticos. La experiencia indica que, al menos una vez, el país pagó un alto precio por no tomarlas en serio.
