Por Redacción
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La política migratoria de línea dura impulsada por el presidente Donald Trump durante 2025 ha transformado profundamente la vida de millones de inmigrantes en Estados Unidos y en la región. Deportaciones masivas, cancelación de programas humanitarios y un clima de temor constante han llevado a cientos de miles de personas a abandonar el país, regresar a sus lugares de origen o vivir en la sombra, marcando un giro drástico en lo que durante décadas fue conocido como el “sueño americano”.
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el gobierno federal ha reforzado su estrategia de control migratorio con el objetivo declarado de fortalecer la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones civiles, abogados y líderes comunitarios advierten que las medidas han tenido un costo humano elevado, afectando no solo a migrantes indocumentados, sino también a solicitantes de asilo, beneficiarios de programas legales y niños ciudadanos estadounidenses hijos de padres sin estatus migratorio regular.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que más de 500.000 inmigrantes indocumentados fueron deportados en lo que va del año, una cifra que, aunque inferior a las promesas de campaña del mandatario, ha sido suficiente para desarticular familias, vaciar comunidades y alterar el tejido social en varias ciudades del país.
Redadas, deportaciones y un clima de miedo
Trump prometió poner en marcha la mayor operación de deportaciones en la historia de Estados Unidos y, tras asumir el cargo, declaró una emergencia nacional en la frontera sur. La medida permitió el despliegue de personal militar, la reactivación de tramos del muro fronterizo y la eliminación de herramientas clave para solicitantes de asilo, como la aplicación CBP One, que facilitaba citas para ingresar legalmente al país.
A esto se sumó la suspensión de solicitudes migratorias para ciudadanos de 19 países, bajo el argumento de preocupaciones de seguridad nacional. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración también pausó trámites de asilo y revisiones de residencia permanente, dejando a miles de personas en un limbo legal.
Una de las decisiones más controvertidas fue la autorización de arrestos en lugares considerados históricamente “sensibles”, como iglesias, escuelas y hospitales. El cambio rompió con una política de décadas destinada a proteger a poblaciones vulnerables y provocó un efecto inmediato en la vida cotidiana de los migrantes.
“El miedo ha pasado a dominar la rutina diaria de muchas familias”, explicó el abogado especializado en inmigración Jonathan Shaw. “No solo hablamos de arrestos en la calle, sino de detenciones en cortes migratorias que antes eran espacios para buscar alivio legal, no para ser capturado”.
Estudios recientes indican que el temor a la deportación se ha extendido más allá de quienes carecen de estatus legal. Una encuesta nacional reveló que más del 40% de los hispanos en Estados Unidos teme que ellos o un familiar puedan ser deportados. Como consecuencia, miles de personas evitan acudir a hospitales, denunciar delitos o presentarse a audiencias judiciales.
El adiós al sueño americano y la migración inversa
La presión migratoria también ha cambiado las rutas y los destinos tradicionales. Para muchos migrantes que durante años vieron a Estados Unidos como la meta final, el país dejó de ser una opción viable. México, históricamente un territorio de tránsito, se ha convertido en destino permanente para miles de personas que no lograron cruzar la frontera o perdieron la esperanza de regularizar su situación.
Otros optaron por regresar a sus países de origen, incluso a lugares de los que huyeron por pobreza, violencia o crisis políticas. Este fenómeno, conocido como migración inversa, refleja la desesperación de quienes ya no encuentran alternativas dentro de Estados Unidos.
Una migrante venezolana que permaneció varios meses en México esperando una cita migratoria resumió el sentimiento compartido por muchos: “La idea nunca fue quedarme aquí. Mi sueño era llegar a Estados Unidos, pero cuando se cerraron todas las puertas, tuvimos que aceptar que no había opción”.
También ha aumentado la llamada “autodeportación”, un término utilizado por el propio gobierno para describir a quienes deciden abandonar el país por cuenta propia ante el temor constante a las redadas. Algunos llevaban décadas viviendo en Estados Unidos, con trabajos estables y familias formadas.
“Después de 30 años viviendo con miedo, entendí que necesitaba paz”, relató un trabajador mexicano que decidió regresar a su país tras un control policial que lo dejó convencido de que su tiempo en Estados Unidos había terminado.
Niños atrapados en medio de la crisis
El impacto psicológico de la ofensiva migratoria se extiende a los más vulnerables. Organizaciones educativas y de salud mental han alertado sobre el aumento de ansiedad, estrés y síntomas de trauma en niños que viven con el temor de perder a sus padres.
“Los niños salen cada mañana a la escuela sin saber si sus padres estarán en casa cuando regresen”, señaló Lisa Mosko Barros, directora de una organización educativa sin fines de lucro. “Ese nivel de incertidumbre deja marcas profundas”.
Informes citados por sindicatos de maestros indican que los menores que presenciaron redadas o arrestos de familiares presentan mayores probabilidades de desarrollar trastorno de estrés postraumático, problemas de sueño y dificultades de aprendizaje.
El fin de programas humanitarios y la incertidumbre legal
Otro pilar de la política de Trump ha sido el desmantelamiento de programas de protección temporal. El Estatus de Protección Temporal fue cancelado o no renovado para cientos de miles de personas, entre ellas venezolanos, hondureños, nicaragüenses y ciudadanos de otros países afectados por conflictos o desastres naturales.
De manera similar, el fin del parole humanitario dejó a medio millón de migrantes sin una vía clara para permanecer legalmente en Estados Unidos. Muchos de ellos ahora enfrentan procesos de deportación o largas esperas en tribunales migratorios saturados.
El gobierno también anunció una revisión de solicitudes de asilo y residencias permanentes para ciudadanos de varios países considerados “de preocupación”, ampliando aún más la sensación de inseguridad jurídica.
A esto se suma la intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento, un principio constitucional vigente desde hace más de un siglo. Aunque la medida enfrenta obstáculos legales y será revisada por la Corte Suprema, su sola propuesta ha generado alarma entre comunidades inmigrantes.
Las políticas migratorias impulsadas por Trump han redefinido el debate nacional sobre inmigración. Mientras sus defensores aseguran que son necesarias para proteger la seguridad del país, sus críticos advierten que han provocado una crisis humanitaria silenciosa que sigue transformando la vida de millones de personas, dentro y fuera de Estados Unidos.
