Por Redacción
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La economía venezolana atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre —y a la vez de mayor expectativa— de los últimos años, tras la captura de Nicolás Maduro y el inicio de una etapa política inédita, marcada por la intervención directa de Estados Unidos y la reorganización del poder interno. En ese contexto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha iniciado una serie de gestos hacia el sector privado que apuntan a estabilizar la economía, atraer inversiones y redibujar los pronósticos para 2026, especialmente en torno a la industria petrolera.
Rodríguez encabezó en los últimos días reuniones con representantes del empresariado, la banca y organizaciones gremiales, en lo que el Gobierno define como el relanzamiento del Consejo Nacional de Economía Productiva. El encuentro, uno de los más concurridos desde la creación de ese organismo, se produjo en paralelo a señales concretas de reactivación del sector energético, incluido el primer embarque de crudo venezolano vendido a Estados Unidos tras los ataques que derivaron en la detención del expresidente.
Los cambios políticos han tenido efectos inmediatos en algunos indicadores clave. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se ha reducido de forma significativa, una corrección que impacta directamente en los precios y en el poder adquisitivo de los hogares. Analistas coinciden en que este ajuste responde, en parte, a la expectativa de mayores ingresos en divisas y a una menor presión especulativa, alimentada por la posibilidad de un levantamiento progresivo de las sanciones internacionales.
Rodríguez ha planteado que el país se encamina hacia un nuevo ciclo económico, basado en una gestión “más eficiente y transparente” de los recursos, con énfasis en el ahorro de divisas, la reactivación productiva y el fortalecimiento de los servicios públicos. En mensajes difundidos a través de canales oficiales, la mandataria ha insistido en la necesidad de “crecer con inclusión”, una fórmula que busca enviar señales tanto al empresariado como a una población golpeada por años de hiperinflación, salarios deprimidos y colapso de la infraestructura.
Sin embargo, el margen de maniobra del nuevo Gobierno está condicionado por un factor determinante: la influencia de Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado abiertamente su interés en convertir a Estados Unidos en el principal —y en algunos casos exclusivo— socio energético de Venezuela, desplazando a actores como Rusia y China, que durante años sostuvieron al chavismo en medio del aislamiento internacional.
El petróleo como eje de la nueva estrategia económica
La industria petrolera vuelve a ocupar un lugar central en la hoja de ruta del Ejecutivo venezolano. Rodríguez anunció que la Asamblea Nacional trabaja en una reforma de la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo de incorporar mecanismos contemplados en la llamada ley antibloqueo, entre ellos los Contratos de Participación Productiva con empresas privadas. Estos acuerdos, cuyas condiciones se mantienen bajo reserva por considerarse confidenciales, han sido utilizados por el Estado para recuperar parcialmente la producción en sectores estratégicos.
Desde el Gobierno se presenta este esquema como un “modelo de autosuficiencia” frente a las presiones externas, aunque economistas y observadores advierten que la falta de transparencia limita la evaluación real de sus resultados. En cualquier caso, la reapertura del mercado estadounidense representa un cambio sustancial: Venezuela podría vender su crudo sin los descuentos impuestos por las sanciones y acceder a pagos directos en divisas, lo que aliviaría de forma inmediata las finanzas públicas.
Trump ha promovido encuentros entre representantes de petroleras estadounidenses y autoridades venezolanas, aunque los resultados iniciales han sido modestos. La combinación de incertidumbre jurídica, un país en default desde hace casi una década y la volatilidad de los precios internacionales del crudo ha llevado a las empresas a actuar con cautela. A ello se suma el deterioro estructural de la infraestructura petrolera, que requiere inversiones multimillonarias para recuperar niveles de producción sostenibles.
Rodríguez, consciente de esas limitaciones, ha reiterado que su Gobierno apuesta por la “diversidad de socios”, en un intento por equilibrar la presión estadounidense y preservar cierto margen de autonomía. No obstante, la tutela política y económica de Washington es un hecho difícil de soslayar, especialmente en un contexto en el que la estabilidad interna depende, en buena medida, del flujo de ingresos petroleros.
En paralelo, la presidenta encargada anunció la creación de dos nuevos fondos soberanos: uno destinado a mejorar los ingresos de los trabajadores y otro enfocado en la recuperación de los servicios públicos. Según explicó, estos fondos se nutrirán de las nuevas divisas generadas por la renta petrolera y estarán sujetos a mecanismos de control que garanticen su uso “con la máxima transparencia”.
El anuncio apunta a dos de los problemas más acuciantes del país. El salario mínimo permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, una cifra equivalente a menos de un dólar al mes, complementada por bonos que, en el mejor de los casos, apenas permiten cubrir una fracción de la canasta básica. Al mismo tiempo, el colapso de servicios como la electricidad y el agua ha sido uno de los principales obstáculos para la reactivación industrial y comercial.
Expectativas, cautela y tensiones políticas
El acercamiento al empresariado marca un giro discursivo respecto a los años de confrontación abierta entre el chavismo y el sector privado. Durante la última sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva, participaron representantes del sistema bancario, de Fedecámaras y de asociaciones de industriales y comerciantes, quienes escucharon de primera mano la hoja de ruta del Gobierno para la etapa posterior a Maduro.
Para muchos empresarios, el cambio de tono es una señal positiva, aunque insuficiente. La recuperación de la confianza depende, advierten, de reformas más profundas en materia de seguridad jurídica, acceso al crédito y estabilidad regulatoria. La apertura económica de los últimos años permitió una leve recuperación en algunos sectores, pero no logró revertir el empobrecimiento generalizado ni atraer inversiones a gran escala.
A nivel político, la transición venezolana sigue marcada por tensiones internas y por el escepticismo de amplios sectores de la sociedad, que observan con recelo un proceso que, hasta ahora, no ha estado acompañado de elecciones ni de un calendario claro hacia la normalización democrática. Analistas señalan que la mejora de los indicadores económicos podría convertirse en una herramienta de legitimación para el nuevo poder, incluso en ausencia de cambios institucionales de fondo.
La comunidad internacional observa el proceso con atención. Mientras algunos gobiernos valoran la estabilización económica como un paso necesario para aliviar la crisis humanitaria, otros advierten sobre el riesgo de consolidar una transición sin democracia, en la que los intereses geopolíticos y energéticos primen sobre las demandas de participación ciudadana y rendición de cuentas.
En el corto plazo, el desempeño de la economía dependerá de variables externas, como la evolución de los precios del petróleo y la disposición de Estados Unidos a flexibilizar las sanciones. También será clave la capacidad del Gobierno de traducir las nuevas expectativas en mejoras concretas para la población, en un país donde más de una década de crisis ha erosionado la confianza en los anuncios oficiales.
Delcy Rodríguez enfrenta así un desafío complejo: administrar una economía exhausta, bajo la mirada —y la influencia— de Washington, mientras intenta convencer a empresarios, trabajadores y ciudadanos de que esta vez el cambio de rumbo será algo más que una promesa.
