Por Redacción
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Gladys y Nelson González pasaron más de tres décadas en Estados Unidos, donde criaron a sus tres hijas y construyeron una vida.
Sin antecedentes penales y con una fuerte vinculación con su comunidad, fueron detenidos y deportados a Colombia en febrero, en medio de un endurecimiento de la política migratoria.
Una vida construida en EE.UU.
Gladys y Nelson González llegaron a Estados Unidos en 1989 sin autorización legal. A lo largo de los años, establecieron su hogar en California, donde criaron a sus tres hijas, todas ciudadanas estadounidenses. Además de trabajar, participaron activamente en su comunidad a través de estudios bíblicos y programas de asistencia social.
La familia intentó regularizar su estatus migratorio en varias ocasiones. En 2000, un tribunal de inmigración determinó que no tenían base legal para permanecer en el país y emitió una orden de salida voluntaria. Sin embargo, según su abogada Monica Crooms, los González fueron víctimas de fraude por parte de su primer abogado, quien les aseguró que podían apelar la orden. A lo largo de los años, invirtieron miles de dólares en asesoría legal, pero su estatus no cambió.
Desde 2018, bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional, se les permitía vivir en EE.UU. con la condición de presentarse regularmente ante las autoridades migratorias. Sin embargo, el 21 de febrero de este año, durante una de esas citas, fueron detenidos y puestos bajo custodia federal.
“Mis padres nunca se escondieron, nunca cometieron un crimen. Querían hacer todo legalmente”, declaró Stephanie González, una de sus hijas. “Los trataron como delincuentes”.
La familia no tuvo oportunidad de despedirse. Stephanie relató que apenas pudieron recoger el auto de sus padres en el estacionamiento del tribunal tras su arresto.
El impacto de las políticas migratorias
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) justificó la deportación señalando que los González habían agotado todas sus opciones legales entre 2000 y 2021, incluidas apelaciones en diferentes tribunales. La ley establece que quienes no cumplen una orden de salida voluntaria enfrentan una prohibición de reingreso de al menos 10 años.
La abogada Crooms explicó que la deportación de la pareja es parte de un aumento en la aplicación de medidas migratorias más estrictas. “No es solo su caso. Esto está ocurriendo en todo el país”, afirmó.
Las hijas de la pareja han recaudado más de 65.000 dólares para ayudar a sus padres a reconstruir su vida en Colombia y para continuar su lucha legal. “Espero que algún día puedan volver”, expresó Stephanie.
Crooms advirtió que los inmigrantes en situaciones similares deben estar preparados para enfrentar procesos de deportación. “Cualquiera bajo supervisión debe anticipar esta posibilidad”, señaló.
El caso de los González refleja el impacto de las políticas migratorias en familias que han vivido décadas en EE.UU. sin obtener una vía legal para quedarse. Aunque sus hijas son ciudadanas estadounidenses, la ley impide que puedan solicitar el regreso de sus padres en el corto plazo.
“Este país era su hogar”, concluyó Stephanie. “Pero el sistema les falló”.
