Por Agencias
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Hace nueve meses, el presidente de Estados Unidos Joe Biden sancionó una ley bipartidista sobre armas, la respuesta legislativa más significativa a la violencia armada en décadas. “Se salvarán vidas”, aseguró en la Casa Blanca.
La ley ya ha impedido que algunas personas potencialmente peligrosas posean armas, pero desde que Biden sancionó esa ley, a mediados del año pasado, el número de matanzas en Estados Unidos ha aumentado: Cinco muertos en un club nocturno en Colorado. Once muertos en un salón de baile en California. Adicionalmente, hace apenas una semana, tres niños de nueve años y tres adultos fueron muertos a tiros en una escuela primaria en Nashville, Tennessee.
Al día siguiente de esa matanza, el tono de Biden fue notablemente menos optimista que en la ceremonia donde firmó la ley. “En el nombre de Dios, ¿qué estamos haciendo?”, preguntó el martes al reclamar la prohibición de las llamadas armas de asalto como las utilizadas para matar en la escuela Covenant de Nashville. “Se paga un precio moral por la inacción”.
Biden y otros calificaron la ley bipartidista del año pasado —aprobada en las semanas siguientes a la masacre de 19 niños y dos adultos en una escuela en Uvalde, Texas— como un nuevo paso hacia adelante.
Varios meses después de aprobada, la ley ha registrado algunos éxitos: las averiguaciones de antecedentes por el FBI han impedido las ventas a 119 compradores menores de 21 años; han aumentado los juicios a vendedores no autorizados y hubo acusaciones de tráfico de armas en al menos 30 casos en diversos lugares del país. Se han invertido millones de dólares en servicios de salud mental para niños y escuelas.
Sin embargo, la persistencia de las masacres pone de manifiesto los límites de la acción legislativa. Dado que fue producto de un acuerdo entre los partidos, la ley no respondió a muchas prioridades demócratas como la averiguación universal de antecedentes o la prohibición de las “armas de asalto” que reclama Biden.
Ahora, tras el tiroteo a mansalva en Nashville, el Congreso parece haber caído en el impasse de siempre. Uno de los principales negociadores republicanos de la ley, John Cornyn, ha dicho que difícilmente se llegará a un nuevo acuerdo. En la cámara, la mayoría republicana es partidaria de reducir las restricciones, no aumentarlas.
A una pregunta el jueves sobre cuáles serían los próximos pasos, el presidente republicano de la cámara, Kevin McCarthy, dijo que las leyes por sí solas no bastan para resolver el problema de la violencia armada. Aseguró que los estadounidenses deben pensar en las enfermedades mentales y otros factores que la impulsan.
Por su parte, el líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, dijo que el Congreso debe “actuar con la urgencia audaz del momento”.
“Nuestras aulas se han convertido en teatros de matanzas”, dijo. “¿Es eso aceptable en Estados Unidos?”
El senador demócrata Chris Murphy, el principal negociador de la ley de 2022, dice que en su opinión representó un cambio paradigmático en la manera como el Congreso aborda la legislación sobre armas. Sin embargo, “no creo que suceda de una sola vez”, reconoció.
“Esto es repugnante, pero normalmente las oportunidades de cambio legislativo ocurren después de matanzas realmente terribles”, lamentó Murphy, quien ha sido el principal promotor en el Senado del control de armas desde la matanza en una escuela primaria en Newtown, Connecticut, en 2012. “Lo detesto, ojalá no funcionara así”.
Las tensiones fueron elevadas en las dos bancadas del Capitolio esta semana.
El miércoles, el representante demócrata Jamaal Bowman vociferó afuera del recinto que los republicanos eran unos “cobardes” por no promover el control de armas y después respondió directamente al republicano Thomas Massie, quien abogó por permitir que los docentes porten armas. “¡Más armas significan más muertes!”, gritó Bowman a Massie. “¡Los chicos mueren!”.
En el Senado, el republicano Ted Cruz intentó el jueves forzar una votación que aumentaría la presencia policial en las escuelas. Estuvo al borde de culpar a los demócratas, que habían bloqueado el mismo proyecto el año pasado, por la matanza de Nashville, y calificó la ley de 2022 de “inútil”. Murphy respondió furioso que Cruz no buscaba seriamente un acuerdo y que su intento era una payasada para las cámaras.
A pesar de las frustraciones, los legisladores que negociaron el acuerdo el año pasado dicen que ven algunos rayos de esperanza.
Murphy dijo que la aplicación de la nueva ley, y algunos de sus éxitos iniciales, acabarán por convencer a los republicanos de aprobar nuevas normas.
“Lo que sucedió el año pasado fue sísmico para los republicanos”, aseguró Murphy.
“Las matanzas que no sucedieron, no son algo que llama la atención de la gente”, prosiguió y eso puede ser un reto al hablar de ello y qué se puede hacer, pero la dinámica puede cambiar rápidamente, añadió.
Aunque los republicanos han tratado de esquivar las iniciativas sobre el control de armas —aunque las apoyaran—, Cornyn y el senador Thom Tillis han promovido la nueva ley y hablan sobre ella con frecuencia. A fines del año pasado, junto con Murphy, el demócrata Joe Manchin y el jefe del FBI Christopher Wray visitaron una instalación del FBI en Virginia Occidental para recibir un informe sobre las averiguaciones de antecedentes.
“Me enorgullece ver que esta ley basada en el sentido común ya significa una diferencia”, escribió Tillis posteriormente en un comunicado.
Según datos recientes obtenidos por The Associated Press, entre las personas señaladas por la averiguación de antecedentes y a las que se les impidió comprar un arma había un joven de Nebraska que formulaba amenazas terroristas y era propenso a los arranques de violencia. También había un vendedor de drogas de 20 años en Arizona y un joven de 18 años en Arizona al que se había acusado previamente de posesión ilegal de armas y estaba en posesión de fentanilo. Todos intentaban comprar armas largas.
Tillis dijo que, en su estado, se enteró del caso de una persona menor de 21 años acusada de asalto con violencia y asalto a un policía a la cual le impidieron comprar un arma.
“Es una de esas leyes que va a mejorar con el tiempo”, afirmó Tillis, quien destacó que el número de ventas rechazadas es un pequeño porcentaje del total de ventas.
Cornyn dijo que, hasta ahora, “parece que (la ley) funciona”, pero no prevé que el Congreso siga avanzando en esto en el futuro inmediato. Dijo que se opondría enérgicamente a la prohibición de “armas de asalto” que propone Biden.
Cuando Biden y los legisladores hablan de “armas de asalto”, utilizan un término inexacto para referirse a un grupo de armas de alta potencia o fusiles semiautomáticos, como el AR-15, capaz de disparar rápidamente 30 proyectiles sin recargar.
La mayoría de los republicanos se oponen a semejante prohibición, señalando que sería demasiado complicada, sobre todo en vista de cómo han proliferado las ventas y variedades de armas de fuego. Hay más fusiles de alta potencia hoy que en 1994, cuando el presidente Bill Clinton sancionó la prohibición.
Los dueños de esas armas son ciudadanos respetuosos de la ley, sostuvo Cornyn, y “ningún ciudadano respetuoso de la ley es una amenaza a la seguridad pública”.
A pesar del impasse actual, John Feinblatt, presidente del grupo Everytown for Gun Safety (Pueblos por la seguridad en las armas, que aboga por el control de armas), dijo que la ley del año pasado es prueba de que se puede romper. “Nunca fue la meta final”, afirmó.
