Por Redacción
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La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene activa una compleja operación de búsqueda y rescate en aguas del océano Pacífico oriental, tras una serie de ataques militares ocurridos el 30 de diciembre contra un convoy de tres supuestas lanchas utilizadas para el narcotráfico, en una zona marítima ubicada a unos 640 kilómetros al suroeste de la frontera entre México y Guatemala.
A casi tres días de los hechos, no existen indicios de que las personas que presuntamente saltaron al mar tras los bombardeos hayan sido localizadas, confirmaron autoridades estadounidenses. La operación se desarrolla en condiciones meteorológicas adversas y en una de las regiones más extensas y difíciles de patrullar del Pacífico.
Según el Comando Sur de Estados Unidos, tres personas murieron en un ataque inicial contra una de las embarcaciones. Posteriormente, las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron un segundo ataque contra las otras dos lanchas, luego de que sus ocupantes abandonaran las naves y se arrojaran al agua. Ambas embarcaciones fueron destruidas.
Las autoridades no han precisado cuántas personas se cree que viajaban en las lanchas ni cuántas podrían encontrarse aún desaparecidas, una falta de información que ha generado interrogantes entre organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad marítima.
Una operación de rescate en condiciones extremas
La Guardia Costera informó que fue contactada por el Comando Sur el mismo 30 de diciembre para iniciar una misión de búsqueda y rescate, tras recibir reportes de personas en el agua en una zona remota del Pacífico oriental.
“La Guardia Costera comenzó a coordinar los esfuerzos de búsqueda alrededor de las 3 p.m. del 30 de diciembre, después de recibir la notificación del Departamento de Guerra de personas en el agua”, explicó un portavoz de la institución, utilizando un término alternativo para referirse al Departamento de Defensa.
Como parte de la operación, la Guardia Costera desplegó un avión HC-130J desde Sacramento, California, con capacidad para realizar misiones de largo alcance. La aeronave fue enviada a rastrear un área que supera las 1.000 millas náuticas, una extensión comparable a varios países centroamericanos combinados.
Además, se emitió una transmisión urgente de información marítima dirigida a navegantes y embarcaciones que transitaban por la zona, solicitando apoyo y alertando sobre la presencia de posibles sobrevivientes.
Las condiciones climáticas han representado uno de los mayores desafíos para la misión. De acuerdo con los reportes oficiales, el área registraba olas de hasta nueve pies y vientos de 40 nudos, factores que reducen drásticamente las probabilidades de supervivencia de personas expuestas al mar durante períodos prolongados.
Hasta el viernes, la Guardia Costera había coordinado más de 65 horas continuas de esfuerzos de búsqueda, en colaboración con países aliados, barcos pesqueros comerciales y embarcaciones integradas al sistema automatizado de Rescate de Buques de Asistencia Mutua (AMVER).
“Seguimos comprometidos con la localización de cualquier posible sobreviviente, a pesar de las condiciones adversas”, señaló el portavoz, subrayando que la operación se mantiene activa mientras exista una posibilidad razonable de rescate.
Escalada militar contra el narcotráfico marítimo
Los ataques del 30 de diciembre no fueron hechos aislados. Un día después, el 31 de diciembre, el Comando Sur anunció una nueva serie de operaciones militares dirigidas contra otras dos lanchas rápidas en el Pacífico, que dejaron al menos cinco personas muertas, según cifras oficiales.
Con estos nuevos fallecimientos, el Departamento de Defensa elevó a 115 el número total de personas muertas desde que comenzó, en septiembre, la actual campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. Esa cifra no incluye a los posibles sobrevivientes que aún son buscados por la Guardia Costera.
Las autoridades estadounidenses sostienen que estas lanchas rápidas, conocidas como “go-fast boats”, son utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para transportar grandes cantidades de droga hacia Centroamérica, México y, eventualmente, Estados Unidos.
Funcionarios del Pentágono han defendido la estrategia como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico, argumentando que estas embarcaciones representan una amenaza directa a la seguridad regional y alimentan redes de violencia, corrupción y tráfico ilegal.
Sin embargo, la creciente cifra de muertos ha generado preocupación entre analistas internacionales y defensores de derechos humanos, quienes cuestionan la proporcionalidad del uso de fuerza letal en operaciones antidrogas y la falta de información pública sobre la identidad de las víctimas.
“Estamos hablando de operaciones militares en aguas internacionales con consecuencias humanas significativas, y existe una obligación de transparencia”, señaló un experto en derecho internacional consultado por AP, quien pidió no ser identificado debido a la sensibilidad del tema.
Silencio oficial y cuestionamientos humanitarios
Hasta ahora, el Comando Sur no ha revelado cuántas personas podrían haber saltado al mar tras los ataques del 30 de diciembre, ni si se presume que entre ellas haya ciudadanos de países latinoamericanos. Tampoco se ha informado si se han recuperado cuerpos o restos de las embarcaciones hundidas.
La falta de detalles ha complicado la evaluación independiente de los hechos y ha despertado inquietud en la región, particularmente en países como México, Guatemala y Colombia, desde donde suelen partir o transitar muchas de estas rutas marítimas del narcotráfico.
Organizaciones humanitarias han señalado que, independientemente de la presunta actividad criminal de las embarcaciones, las personas que se lanzaron al mar tras los ataques se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad.
“El derecho marítimo internacional establece obligaciones claras de búsqueda y rescate para personas en peligro en el mar”, afirmó una portavoz de una ONG con sede en Centroamérica. “Es fundamental que estas operaciones se conduzcan con el máximo respeto a la vida humana”.
La Guardia Costera, por su parte, ha insistido en que su rol es estrictamente humanitario una vez que recibe la notificación de personas en el agua, y que su misión se centra en salvar vidas, sin participar en las acciones militares que precedieron al rescate.
Un escenario regional cada vez más tenso
La intensificación de los ataques contra supuestas lanchas de narcotráfico se produce en un contexto de creciente presión política dentro de Estados Unidos para mostrar resultados contundentes en la lucha contra el tráfico de drogas, particularmente el fentanilo, cuya distribución ha sido declarada una prioridad de seguridad nacional.
Al mismo tiempo, varios gobiernos latinoamericanos han expresado, en privado y en foros multilaterales, su preocupación por el impacto de estas operaciones en aguas internacionales y por el riesgo de que se produzcan incidentes diplomáticos o violaciones al derecho internacional.
Hasta el momento, ninguna nación de la región ha confirmado oficialmente la muerte de ciudadanos propios en los ataques recientes. Sin embargo, fuentes diplomáticas señalaron que se están realizando verificaciones consulares ante la posibilidad de que haya víctimas extranjeras.
Mientras la Guardia Costera continúa patrullando una vasta extensión del Pacífico, el desenlace de la operación sigue siendo incierto. Cada hora que pasa reduce las probabilidades de encontrar sobrevivientes con vida, pero las autoridades insisten en que no abandonarán la búsqueda mientras exista una mínima esperanza.
La operación, silenciosa y lejana de la costa, se ha convertido en un símbolo de una estrategia antidrogas cada vez más militarizada, cuyos costos humanos y políticos comienzan a ocupar un lugar central en el debate regional.
