El contraataque de California: Newsom, legisladores defendiendo la democracia nacional

Por Carlos Hernández
Editor@latinocc.com

Así es como el jueves pasado en una húmeda en el Museo de los Veteranos japoneses en Little Tokyo, en el corazón del Centro de Los Ángeles, el gobernador Gavin Newsom subió al escenario flanqueado por l@s principales líderes legislativos de California, representantes sindicales y defensores de la comunidad.

La ocasión no fue una presentación de políticas cualquiera.

Fue el lanzamiento oficial de lo que Newsom y sus aliados describieron como una contraofensiva demócrata contra el intento del expresidente Donald Trump de reescribir las reglas de representación a mediados de la década.

La controversia sobre la redistribución de distritos, que estalló en Texas a principios de este verano, se ha convertido rápidamente en uno de los puntos álgidos de las elecciones intermedias de 2026.

En el centro de la controversia se encuentra una maniobra extraordinaria de los republicanos texanos, alentados por Trump, para rediseñar el mapa del Congreso del estado a mediados de la década, una maniobra que podría otorgar al Partido Republicano hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes.

La perspectiva de una redistribución de distritos a mitad de ciclo es prácticamente inédita en la política estadounidense moderna.

La redistribución de distritos, por ley y en la práctica, ocurre una vez cada diez años después del Censo, sin embargo, Trump, ante un panorama político cada vez más restrictivo y una caída en los índices de aprobación, ha presionado a sus aliados leales en el Estado de la Estrella Solitaria para que eludan esa norma.

Para Newsom, como él lo ha afirmado, esto representa no solo un ataque a los votantes texanos, sino una amenaza directa al equilibrio de poder nacional.

Las raíces de la inusual respuesta de California se remontan a la sesión especial del gobernador de Texas, Greg Abbott, a principios de este año.

Convocada oficialmente para abordar la recuperación de las mortíferas tormentas de verano, la sesión rápidamente se centró en los mapas electorales ante la persistente presión de Trump.

Trump, según fuentes del parlamento estatal, exigió un plan para asegurar al menos cinco nuevos escaños en manos republicanas antes de las elecciones intermedias.

Las encuestas en Texas mostraron que la táctica fue impopular (el 63% de l@s votantes se opuso a reabrir los mapas a mitad del ciclo), pero l@s legisladores republican@s insistieron y han continuado con su criticado plan.

Trump defendió la medida públicamente, afirmando que su partido tenía derecho a esos escaños.

Precisamente ese sentimiento de privilegio, argumentan l@s crític@s, socava los cimientos mismos de la democracia representativa.

«El presidente Trump y los republicanos de Texas son responsables de todo esto», declaró Mike McGuire, Presidente pro tempore del Senado de California.

Expert@s políticos y en leyes coinciden en que la redistribución de distritos a mediados de la década ocupa un espacio constitucional complejo.

“Técnicamente es legal en ciertas circunstancias, pero va en contra del proceso democrático”, afirmó Justin Levitt, profesor de la Facultad de Derecho de Loyola, especializado en derecho electoral.

Si bien la Corte Suprema no ha prohibido explícitamente a los estados rediseñar los mapas a mitad del ciclo, esta práctica se ha desaconsejado históricamente. “Redistribuir distritos a mediados de la década para obtener beneficios partidistas es un precedente peligroso. Sienta a los votantes la idea de que la representación es simplemente una herramienta de quienes ostentan el poder”, aseguró Levitt.

Es así como el caso más infame se produjo en 2003, cuando el entonces líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, ideó una redistribución de distritos a mediados de la década en Texas para beneficiar a republican@s.

Esa medida resistió los desafíos legales, pero desencadenó indignación nacional y años de litigio.

Para contrarrestar la maniobra de Trump, Newsom y los líderes demócratas presentaron esta semana un paquete de medidas de gran alcance que coloca a California en una situación inexplorada.

Un elemento central del plan es la Proposición 50, una enmienda constitucional propuesta que se someterá a votación en una elección especial el 4 de noviembre de 2025.

De aprobarse, la medida permitiría a California redefinir temporalmente sus mapas electorales hasta 2030, pero sólo como respuesta a la manipulación de los distritos electorales por parte de otros estados a mediados de la década.

La propuesta está diseñada como una salvaguardia, no como un primer golpe.

Según la ley actual, los distritos electorales de California son definidos por la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos, un organismo encargado de garantizar la equidad y la transparencia.

La Proposición 50 preserva ese sistema, pero establece una excepción de emergencia: si Texas, Florida, Indiana o cualquier otro estado de mayoría republicana rediseña sus mapas electorales para favorecer a un partido, California estaría facultada para hacer lo mismo y neutralizar esos avances.

Es así como el paquete legislativo que respalda la Proposición 50 es un esfuerzo triple, la Enmienda Constitucional 8 de la Asamblea, redactada por Rivas y McGuire, sienta las bases para la adopción de mapas temporales.

El Proyecto de Ley 280 del Senado, patrocinado por Cervantes y Pellerin, establece el cronograma y la financiación para las elecciones especiales estatales, y el Proyecto de Ley 604 de la Asamblea, presentado por Aguiar-Curry y Gonzalez, codifica los propios mapas temporales, que podrían entrar en vigor si los estados republicanos siguen la directiva de Trump.

Para los demócratas, la intención estratégica es clara: disuadir a los estados republicanos de impulsar la manipulación de distritos electorales, demostrando que California los igualará, escaño por escaño.

Si el anuncio tuvo el tono de una maniobra legal, el tono entre los líderes demócratas de California fue de puro desafío.

El Presidente de la Asamblea, Robert Rivas, dejó claro que los demócratas estaban listos para una larga lucha.

«Los demócratas de California no permitirán que el Partido Republicano de Trump manipule el sistema y tome el control permanente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estam@s preparad@s y combatiremos el fuego con fuego”, aseveró.

Ese sentimiento se extendió por todo el escenario en el Museo, donde el Senador Alex Padilla presentó el asunto como parte de un patrón más amplio de caos bajo el gobierno de Trump.

“El daño que la administración Trump está causando a nuestro país es evidente: agentes enmascarados aterrorizando comunidades, dinero de los impuestos desperdiciado en maniobras militares, aliados distanciados y leales contratados para reemplazar a funcionarios públicos. La Ley de Respuesta a la Fraude Electoral es la forma en que California defiende nuestra democracia y contraataca”, recalcó Padilla.

Por su parte, el otro Senador Federal, Adam Schiff, y uno de los críticos más acérrimos de Trump, abordó directamente el tema político.

“Donald Trump está aterrorizado de enfrentarse a los votantes en las elecciones intermedias después de quitarles la comida y la atención médica, y de no haber logrado bajar los precios de todo. En una lucha justa, sabe que perderá su mayoría en el Congreso”, declaró.

Zoe Lofgren, Presidenta de la delegación demócrata de California en Washington, subrayó las implicaciones más amplias.

“Los republicanos saben que su agenda es impopular, pero en lugar de responder a las voces de votantes, Trump y l@s republican@s en estados como Texas están participando en una flagrante toma de poder para manipular las elecciones de 2026 antes de que se haya emitido un solo voto”, dijo.

“Si los republicanos continúan por este camino, se enfrentarán a toda la fuerza de California”, añadió Lofgren.

Los líderes de California argumentan que lo que está en juego es nada menos que la supervivencia de unas elecciones justas.

Para los sindicatos, l@s docentes y las organizaciones de derechos civiles, la batalla tiene consecuencias existenciales.

Lorena González, de la Federación del Trabajo de California, advirtió que la táctica de Trump amenaza los derechos de los trabajadores en todo el país.

“El sindicato de California está unido en nuestra determinación de luchar contra la agenda antiobrera del presidente Trump. Somos 2.3 millones de afiliad@s sindicales y usaremos nuestro poder colectivo para hacer campaña a favor de esta iniciativa de redistribución de distritos y ganar”, aseguró González.

Por su parte, líderes educativos ven una amenaza igualmente grave.

David B. Goldberg, de la Asociación de Maestros de California, declaró: “Si esta apropiación de poder no se controla, solo veremos recortes más drásticos a la educación pública, la atención médica y otros servicios esenciales, así como una mayor erosión de los derechos civiles y humanos básicos en nuestras comunidades”.

Para los defensores de los derechos reproductivos, las implicaciones son escalofriantes.

“Si l@s republican@s continúan consolidando el poder federal, la prohibición nacional del aborto no está descartada”, advirtió Jodi Hicks, Presidenta de Planned Parenthood Affiliates de California.

El último gran esfuerzo de redistribución de distritos de mediados de la década, el plan de Tom DeLay para Texas en 2003, resultó en una encarnizada batalla nacional.

L@s demócratas huyeron del estado para intentar bloquear el quórum, se recurrió a las fuerzas federales para rastrearlos, lo que generó controversia, y los mapas resultantes consolidaron el dominio republicano durante años.

Aunque la Corte Suprema finalmente se negó a anular los mapas de mediados de década, los críticos advirtieron que el precedente abría la puerta a maniobras permanentes.

Aun así, la mayoría de los estados resistieron la tentación, temerosos de la reacción pública y los costosos litigios.

Esa moderación podría estar ahora derrumbándose ante el renovado impulso de Trump.

“Esto forma parte de una marcha hacia el autoritarismo. Si la redistribución de distritos a mitad de ciclo se normaliza, esencialmente desvincula el sistema electoral de cualquier base de imparcialidad. Quien tenga el poder puede redistribuir los distritos hasta que se sienta seguro”, enfatizó Levitt.

Por ahora, la contramedida de California sigue siendo una propuesta.

Los votantes decidirán en noviembre de 2025 si le dan a su estado un arma en la carrera armamentística de la redistribución de distritos.

Newsom insiste en que la propuesta fortalece la democracia al impulsar la transparencia y la aprobación de los votantes.

Los críticos, incluyendo algunos defensores de la reforma no partidistas, temen que incluso una reestructuración condicional del mapa pueda debilitar la reputación de California en cuanto a la redistribución de distritos independiente.

Sin embargo, el gobernador y sus aliados argumentan que no hacer nada no es una opción.

La aceptación de esta opción por parte de los votantes de California podría influir no solo en las elecciones intermedias de 2026, sino también en el futuro de la propia redistribución de distritos.

Si la táctica de Trump triunfa en Texas y California se niega a responder, los republicanos podrían entrar al próximo Congreso con una mayoría artificialmente inflada.

Si California contraataca con éxito, el estado podría sentar un nuevo precedente para la manipulación defensiva de los distritos electorales, una herramienta controvertida pero, a ojos de sus defensores, necesaria para preservar la democracia.

Mientras la multitud en Little Tokyo se dispersaba, la tensión de esa decisión flotaba en el aire. Por ahora, California ha trazado una línea, desafiando a Texas y a Trump a cruzarla.