Por Agencias
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El Departamento de Justicia demandó el miércoles a Texas por una nueva ley que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos, llevando nuevamente al gobernador republicano Greg Abbott a los tribunales por su creciente respuesta a quienes cruzan la frontera desde México.
La demanda lleva a Texas a otro enfrentamiento sobre la inmigración en un momento en que Nueva York y Chicago están rechazando autobuses y aviones que transportan inmigrantes enviados por Abbott, a ciudades lideradas por demócratas en todo el país.
Texas también está librando batallas judiciales separadas para mantener alambre de púas en la frontera y una barrera flotante en el Río Grande.
Pero una ley que Abbott firmó el mes pasado plantea un desafío cada vez mayor a la autoridad del gobierno estadounidense en materia de inmigración.
Además de permitir que la policía en cualquier lugar de Texas arreste a inmigrantes acusados de entrada ilegal, la ley, conocida como Proyecto de Ley Senatorial 4, también otorga a los jueces la autoridad para ordenar a los inmigrantes que abandonen el país.
La demanda pide a un tribunal federal de Austin que declare inconstitucional la ley de Texas.
Califica la medida como una violación de la Cláusula de Supremacía, que establece que las leyes federales en la mayoría de los casos reemplazan a las leyes estatales.
«Texas no puede administrar su propio sistema de inmigración», afirma el Departamento de Justicia en la demanda.
“Sus esfuerzos, a través de la SB 4, interfieren con la autoridad exclusiva del gobierno federal para regular la entrada y expulsión de no ciudadanos, frustran las operaciones y procedimientos de inmigración de Estados Unidos e interfieren con las relaciones exteriores de Estados Unidos”.
La oficina de Abbott no ha respondido a la demanda.
“Biden me demandó hoy porque firmé una ley que hace ilegal que un inmigrante ilegal ingrese o intente ingresar a Texas directamente desde una nación extranjera… Me gustan mis posibilidades”, dijo Abbott en una publicación en X, anteriormente Twitter.
Está previsto que la ley entre en vigor en marzo.
Organizaciones de derechos civiles y funcionarios del condado de El Paso, Texas, presentaron una demanda el mes pasado que de manera similar describía la nueva ley como una extralimitación inconstitucional.
El Departamento de Justicia envió a Abbott una carta la semana pasada amenazando con emprender acciones legales a menos que Texas cambiara de rumbo.
En respuesta, Abbott publicó en X que la administración Biden “no sólo se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses actuales, sino que ahora quiere impedir que Texas haga cumplir las leyes contra la inmigración ilegal”.
El miércoles, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y unos 60 compañeros republicanos visitaron la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, que ha sido el centro de la iniciativa fronteriza de Abbott de $10 mil millones de dólares conocida como “Operación Estrella Solitaria”.
Johnson sugirió que podría utilizar la inminente fecha límite de financiación del gobierno como influencia adicional para políticas fronterizas de línea dura.
Por su parte, el Presidente Joe Biden ha expresado su voluntad de hacer concesiones políticas porque el número de migrantes que cruzan la frontera es un desafío cada vez mayor para su campaña de reelección de 2024.
Johnson elogió a Abbott, que no estaba en Eagle Pass, y criticó las demandas que buscan deshacer las agresivas medidas fronterizas de Texas.
«Es una locura absoluta», indicó Johnson.
Los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos superaron los 10.000 en varios días de diciembre, una cifra que el comisionado de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Troy Miller, calificó de “sin precedentes”.
Las autoridades estadounidenses cerraron los cruces ferroviarios de carga en Eagle Pass y El Paso durante cinco días el mes pasado, calificándolo de respuesta al gran número de migrantes que viajaban en trenes de carga a través de México hasta la frontera.
Esta semana las autoridades también reanudaron todas las operaciones en un puente en Eagle Pass y otros cruces en San Diego y Arizona que habían sido cerrados temporalmente.
Expertos legales y opositores dicen que la nueva ley de Texas es el intento de mayor alcance por parte de un estado para controlar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010 que fue parcialmente derogada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Esa ley había tipificado como delito estatal estar en Estados Unidos sin estatus legal y otorgado a la policía algunos poderes de control de inmigración.
Un fallo de la Corte Suprema de 2012 afirmó que la aplicación de la ley de inmigración es competencia exclusiva del gobierno federal.
Según la ley de Texas, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal.
Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.
A quienes se les ordenó salir serían enviados a puertos de entrada a lo largo de la frontera con México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
La ley se puede hacer cumplir en cualquier lugar de Texas, pero algunos lugares están prohibidos, incluidas escuelas e iglesias.
Durante más de dos años, Texas ha llevado a cabo una operación de menor escala en la frontera para arrestar a inmigrantes acusados de delitos menores de invasión de propiedad privada.
Aunque esto también tenía como objetivo detener los cruces ilegales, hay pocos indicios de que lo haya hecho.
