Por Redacción
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La aprobación pública del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se encuentra en uno de sus niveles más bajos, incluso menor que durante la polémica campaña por su abolición impulsada por sectores progresistas en 2018.
Este declive en el respaldo ciudadano coincide con los planes de expansión de la agencia contemplados en el proyecto de ley respaldado por el expresidente Donald Trump, el cual podría convertir al ICE en la agencia de seguridad pública mejor financiada del gobierno federal.
El paquete legislativo propuesto por Trump asigna al ICE un presupuesto extraordinario de $75.000 millones hasta 2029, lo que equivale a una tasa anual de financiamiento promedio de $27.700 millones. Esta cifra supera con creces el presupuesto de $10.000 millones destinado al FBI. Para los críticos, esta medida no solo representa una priorización desproporcionada en políticas migratorias punitivas, sino que también plantea preocupaciones sobre el uso del ICE como brazo político en operativos de deportación masiva, dado que la agencia no cuenta con los mismos controles que protegen la autonomía del FBI frente al Poder Ejecutivo.
Menor respaldo que durante el debate por su abolición
Pese a que hace algunos años la propuesta de “Abolir el ICE” fue tildada de radical y rechazada por la mayoría del electorado, las encuestas actuales indican que el rechazo a la agencia es hoy más fuerte. Una encuesta de Quinnipiac reveló que el 57% de los votantes desaprueba la manera en que el ICE aplica las leyes migratorias, mientras que solo el 39% la aprueba. Otro sondeo, realizado por NPR-PBS News-Marist College, mostró que el 54% de los encuestados considera que la agencia ha “ido demasiado lejos”.
Incluso cuando se trata del tema presupuestario, tradicionalmente sensible, la opinión pública muestra resistencia. Una encuesta reciente indica que el 53% de los estadounidenses se opone a la expansión del financiamiento del ICE, frente a un 31% que lo apoya. Los votantes independientes, en particular, se muestran aún más críticos: el 63% desaprueba sus acciones, el 59% cree que ha excedido sus funciones y el 58% rechaza su expansión presupuestaria.
Estas cifras contrastan con las de 2018 a 2020, cuando estudios de NBC-Wall Street Journal, AP-NORC, Pew Research y Fox News mostraban una división más equilibrada sobre la percepción del ICE, con una ligera inclinación negativa. La encuesta más desfavorable de ese periodo fue una de Pew en septiembre de 2019, en la que el 54% de los estadounidenses tenía una imagen desfavorable de la agencia, frente al 42% que la valoraba positivamente.
Una expansión políticamente riesgosa
La rápida ampliación del ICE no solo implica preocupaciones operativas, como la dificultad de contratar personal capacitado sin relajar los estándares, sino que también conlleva riesgos políticos. La experiencia de la expansión de la Patrulla Fronteriza en los años 2000, que derivó en múltiples denuncias por mala conducta, sirve como advertencia.
El exjefe del ICE bajo Trump, Tom Homan, defendió esta semana el accionar de la agencia, señalando que “solo está haciendo cumplir las leyes aprobadas por el Congreso”. No obstante, el contexto político actual es distinto. Si Trump decide priorizar al ICE en su plataforma durante una eventual nueva presidencia, esto podría acentuar aún más la polarización social en torno al tema migratorio.
La percepción pública parece haber alcanzado un punto de inflexión: la agencia se enfrenta a un entorno de creciente desconfianza ciudadana en momentos en que el liderazgo político busca ampliar significativamente sus recursos y facultades.
