Por Abg. Gianna Barroto, experta en política migratoria
Lo que hemos presenciado bajo la administración de Donald Trump no es una política de inmigración.
Es una campaña de persecución masiva, una estrategia federal que ha institucionalizado el miedo y criminalizado la mera presencia de personas con rasgos latinos o de comunidades inmigrantes.
Este esfuerzo no es aislado ni improvisado: es un plan deliberado, ejecutado con precisión en ciudad tras ciudad, y legitimado desde las más altas esferas del poder.
En Los Ángeles, en Chicago, y más recientemente en Charlotte, hemos visto cómo se despliega el mismo manual de operaciones: agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza, reforzados por otras fuerzas federales, recorren comunidades enteras en busca de personas a quienes consideran “sospechosas” de ser indocumentadas.
¿La razón? Su aspecto., su acento, su color de piel, su apellido en otro dioma que nosea inglés o europeo.
Esto no es una hipérbole ni una interpretación extrema.
Es un hecho amparado por decisiones judiciales recientes.
La Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión impulsada por el juez Brett Kavanaugh, avaló la práctica de detener personas simplemente por “parecer” indocumentadas.
Este precedente ha dado luz verde a una nueva forma de detención racializada, una que subvierte los principios básicos del debido proceso y del estado de derecho.
El resultado ha sido devastador.
En estacionamientos de Home Depot, en paradas de autobús, en calles residenciales, hombres y mujeres, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses o residentes legales, han sido detenid@s violentamente sin causa probable.
Una mujer en Charlotte, de apellido Greeley, reportó que agentes le dijeron que “no parecía una Greeley”.
¿Qué significa eso, exactamente? Significa que nuestros nombres, nuestros rostros, nuestras raíces, ahora son considerados evidencia.
Esta militarización va más allá de las redadas.
En Chicago, agentes federales descendieron en rappel desde helicópteros para allanar un edificio de departamentos.
Han lanzado gases lacrimógenos en vecindarios donde juegan niñ@s.
Y a quienes se atreven a protestar, líderes comunitarios, defensores, vecinos, se les responde con drones, arrestos y cargos criminales.
En otras palabras, la represión no distingue entre indocumentad@s y ciudadan@s; su único objetivo es el control total.
Gran parte de estas tácticas extremas se le atribuyen a Dan Bovino, un funcionario de línea dura que desde antes de la toma de posesión de Trump ya estaba coordinando operativos masivos en comunidades agrícolas, donde arrestaban a cualquiera que “pareciera trabajador del campo”.
No importaba si eran ciudadan@s, residentes o tenían una solicitud pendiente, much@s fueron deportados sin audiencia.
Trump no solo aplaudió a Bovino: lo promovió.
En octubre, reemplazó a los jefes regionales de ICE con oficiales de la Patrulla Fronteriza, una señal clara de que la Casa Blanca quería más operativos visibles, más redadas tipo comando, más miedo en las calles.
De hecho, fuentes internas filtraron que el ICE estaba siendo presionado para dejar de enfocarse en individuos, y comenzar a “mostrar resultados” mediante detenciones masivas.
Y eso es precisamente el corazón de la estrategia: el terror como herramienta de control social.
Saben que no pueden deportar a 11 millones de personas, pero sí pueden paralizar sus vidas.
En Charlotte, una semana después de una redada, el 15% de l@s niñ@s de una escuela pública no se presentaron a clases.
El mensaje es claro: si eres inmigrante o pareces inmigrante, mejor ni salgas de casa.
Pero Charlotte, Chicago y Los Ángeles no son excepciones.
En todo el país, el ICE está siendo reforzado por decenas de miles de agentes que operan en juzgados, estaciones de tren, iglesias, hospitales, entrevistas migratorias, incluso en escuelas primarias.
A veces es con helicópteros, otras, con drones y muchas veces, con simples listas de nombres que alguien entregó.
No nos equivoquemos: esta no es una política de “seguridad fronteriza”.
Es una cruzada ideológica contra las comunidades inmigrantes. Es una guerra contra la dignidad humana, y sus víctimas no son solo quienes son detenidos, sino todas las familias que viven con miedo. Niños que no duermen.
Madres que no van al médico, estudiantes que abandonan la escuela, trabajadores que dejan sus empleos por temor a una redada.
Como defensor de derechos humanos e inmigración, he visto muchas formas de injusticia, pero pocas tan cínicas, tan fríamente ejecutadas, como esta campaña de terror urbano. Llamarlo “control migratorio” es una ofensa al sentido común.
Es persecución, pura y simple.
Debemos denunciarla con toda la fuerza de nuestras voces, nuestras plumas y nuestras comunidades.
Porque si permitimos que esta estrategia se normalice, estaremos aceptando vivir en un país donde la justicia ya no depende de nuestras acciones, sino de nuestros apellidos.
