Por Agencias
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A petición del presidente salvadoreño Nayib Bukele, el Congreso aprobó el martes una nueva prórroga del estado de excepción que suspende derechos constitucionales mientras se aplican políticas de mano dura contra las pandillas. Con esta nueva extensión, las medidas temporales estarían vigentes durante al menos un año desde que se aprobaron en marzo del año pasado.
Las autoridades responsabilizan a las maras o pandillas de la mayoría de los crímenes registrados en los últimos años en el país centroamericano, y atribuyen a su política de mano dura —fuertemente criticada por vulneraciones a los derechos humanos— una mejora en las cifras sobre niveles de violencia.
“Los resultados históricos obtenidos en materia de seguridad nos confirman que vamos por el camino correcto, transformando el país”, pronunció el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la petición de prórroga por otros 30 días. “Hemos cerrado enero como el mes menos violento”, afirmó, reiterando el discurso oficial sobre la caída de muertes violentas.
Villatoro advirtió que el régimen de excepción no terminará hasta que capturen al último pandillero.
La nueva prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. ocho diputados opositores se abstuvieron, seis votaron en contra, y tres no asistieron a la sesión.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos a los derechos humanos, en el marco del estado de excepción en El Salvador que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, y el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
El funcionario detalló que han capturado a más de 64.000 personas acusadas de ser miembros o colaboradores de las pandillas. De estas, 57.000 tienen detención provisional decretada por un juez y más de 3.745 personas han sido liberadas debido a que no se pudo establecer un verdadero vínculo con estas estructuras criminales.
El gobierno salvadoreño inauguró recientemente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un enorme complejo carcelario con capacidad para 40.000 internos, construida como parte de su ofensiva contra las pandillas. Las autoridades aseguran que se trata de la prisión más grande de Latinoamérica y que cuenta con tecnología de punta para evitar fugas.
Allí, los pandilleros no tendrán ningún contacto con el exterior y sólo saldrán de sus celdas para las audiencias con los tribunales de justicia, que se harán por video conferencia desde un salón de lugar.
“Los terroristas que vayan al CECOT no van a volver nunca a nuestras comunidades, es un compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele. No vamos a parar y nadie nos va a detener”, advirtió Villatoro.
Defensores de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades con el estado de excepción, entre ellas: detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y hasta la muerte de algunas personas en custodia del Estado. En los primeros 10 meses de vigencia del estado de excepción, siete organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen haber recibido 5.564 denuncias por “abuso de poder” de las autoridades, y la mayoría se refieren a capturas arbitrarias.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día, un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en mucho tiempo.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron.
Villatoro dijo que el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios, y aseguró que es la cifra más baja de las últimas décadas. El informe del funcionario no incluye al menos 120 muertes de pandilleros que fallecieron en presuntos enfrentamientos con las autoridades.
En lo que va de 2023, El Salvador ha registrado 25 homicidios, incluyendo los de tres presuntos pandilleros que fallecieron en un intercambio de disparos con las autoridades y el de un policía que murió baleado por dos de sus compañeros cuando se encontraban de licencia y bajo los efectos del alcohol.
