Por Redacción
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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha rebajado el nivel de alerta de viaje a El Salvador, pasando del nivel 3 al nivel 2, debido a una disminución en la tasa de homicidios y una “significativa reducción” en las actividades delictivas relacionadas con pandillas.
El cambio representa una señal de confianza en las medidas de seguridad implementadas por el gobierno salvadoreño.
La alerta de viaje, que sirve como una guía para advertir a los ciudadanos estadounidenses sobre los riesgos de seguridad en otros países, clasifica los destinos en cuatro niveles de precaución. El nivel 3 recomienda “reconsiderar el viaje”, mientras que el nivel 2, ahora asignado a El Salvador, sugiere tomar “mayores precauciones.” Aunque la delincuencia sigue siendo motivo de preocupación en el país, el Departamento de Estado reconoció una notable disminución en los homicidios y delitos violentos en los últimos dos años.
En su comunicado, el Departamento de Estado también detalló restricciones específicas para los empleados del gobierno estadounidense. Estos pueden desplazarse por el país durante el día, pero se les desaconseja viajar entre ciudades o departamentos después del anochecer, con excepciones para la autopista entre San Salvador y el Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como entre San Salvador y la ciudad de La Libertad. La recomendación responde a preocupaciones de infraestructura en ciertas áreas del país.
Tras el anuncio, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció en su cuenta en la red social X. “Estados Unidos baja la alerta de viaje a El Salvador debido a la reducción de la delincuencia,” escribió el mandatario, quien atribuye la reducción de la violencia a su plan de control territorial y al régimen de excepción implementado desde marzo de 2022. Esta medida fue adoptada en respuesta a un repunte de violencia atribuido a las pandillas y ha sido clave en las políticas de seguridad de su administración.
Estado de excepción en El Salvador
El régimen de excepción ha sido extendido sucesivamente y actualmente sigue vigente. Esta semana, la Asamblea Legislativa aprobó la 32ª prórroga de la medida, con el respaldo de 57 de los 60 diputados. Bajo este régimen, el gobierno ha suspendido temporalmente ciertos derechos y garantías constitucionales, lo que ha facilitado la detención de más de 83,000 personas y se ha traducido, según el gobierno, en más de 633 días sin homicidios en el país.
Sin embargo, el estado de excepción ha generado críticas por parte de organismos internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas organizaciones han pedido que se ponga fin a la medida, alegando que permite violaciones a los derechos humanos, y señalan que algunas personas inocentes han sido arrestadas en el marco de la misma. Hasta el momento, el gobierno salvadoreño ha rechazado estas críticas y sostiene que sus políticas de seguridad han transformado al país.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también advirtió a sus ciudadanos sobre las posibles implicaciones del estado de excepción, mencionando casos de ciudadanos estadounidenses y otros extranjeros que han sido detenidos bajo esta normativa y aún esperan sentencia. La medida suspende ciertas garantías procesales, incluido el derecho a un juicio justo, lo cual preocupa a grupos defensores de los derechos humanos y a algunas organizaciones internacionales.
En una entrevista reciente, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, defendió las políticas de seguridad del gobierno, asegurando que el sistema penal del país busca liberar a las personas inocentes y que las detenciones no están dirigidas contra ciudadanos inocentes. “Nos preocupan los derechos humanos,” afirmó Villatoro, reiterando el compromiso de la administración Bukele de hacer cumplir la ley de manera efectiva.
Efecto en la percepción internacional de El Salvador
Para Bukele, los resultados de sus medidas de seguridad son evidencia de que El Salvador ha pasado de ser uno de los países más violentos a uno de los más seguros en América Latina. La administración ha argumentado que el plan de control territorial ha debilitado significativamente a las pandillas y reducido la criminalidad en general. Esta percepción de seguridad fue reflejada en la reducción del nivel de alerta por parte de Estados Unidos, que ahora permite una mayor movilidad para sus empleados gubernamentales en El Salvador, aunque con ciertas restricciones.
Por otro lado, la situación sigue siendo objeto de debate tanto a nivel nacional como internacional. Aunque la baja en los homicidios es innegable, los detractores del régimen de excepción sostienen que las políticas de seguridad han comprometido los derechos humanos y las garantías constitucionales en El Salvador. A pesar de las críticas, Bukele se ha mantenido firme en la extensión de estas medidas, subrayando que priorizar la seguridad es clave para el desarrollo del país.
Perspectivas y retos futuros
La reducción en el nivel de alerta de viaje por parte de Estados Unidos podría tener un impacto positivo en el turismo y en la inversión extranjera en El Salvador, contribuyendo a mejorar la economía. Sin embargo, las restricciones y las advertencias del Departamento de Estado sobre la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en el país dejan en claro que persisten ciertos desafíos.
Mientras la administración Bukele avanza con su plan de control territorial, las organizaciones de derechos humanos continúan vigilando los efectos del estado de excepción y la situación carcelaria en El Salvador. En el contexto de los 633 días consecutivos sin homicidios que reporta el gobierno, el próximo reto para Bukele será balancear la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en un entorno donde las políticas de mano dura han dejado su marca en la imagen del país.
