Por Redacción
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El exconsejero escolar David Lane Braff Jr., de Thousand Oaks, California, enfrenta nuevas acusaciones de abuso sexual infantil después de que las autoridades identificaran a dos víctimas adicionales, elevando a 15 el número total de menores presuntamente afectados.
El fiscal del condado de Ventura, Erik Nasarenko, anunció que una segunda denuncia enmendada fue presentada el 22 de octubre de 2025, ampliando los cargos contra Braff a 33 delitos graves por actos lascivos cometidos contra menores de 14 años.
Braff, de 43 años, fue procesado ese mismo día y se declaró no culpable de los nuevos cargos. Permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Ventura, luego de que un juez denegara su solicitud para establecer una fianza.
Víctimas de diferentes distritos escolares
Una de las nuevas presuntas víctimas habría sido abusada durante el tiempo en que Braff trabajó como consejero escolar en la escuela McKevett Elementary, en Santa Paula, entre 2015 y 2019. La segunda víctima corresponde a su periodo como consejero en Bright Star Schools, en Los Ángeles, donde laboró desde noviembre de 2019 hasta diciembre de 2021.
Las autoridades sostienen que estos nuevos casos se suman a una serie de abusos cometidos a lo largo de dos décadas, aprovechando su acceso a menores a través de distintos empleos en instituciones educativas y recreativas.
“Cada nueva denuncia amplía el alcance del daño causado por este acusado y subraya la importancia de que más posibles víctimas se presenten”, señaló un portavoz de la Oficina del Fiscal del Condado de Ventura, que continúa encabezando la investigación.
Braff fue arrestado por primera vez el 22 de noviembre de 2024, cuando enfrentó 17 cargos iniciales por abuso sexual infantil, vinculados a seis estudiantes de McKevett Elementary School. En abril de 2025, los fiscales presentaron una primera denuncia enmendada que añadía 14 nuevos cargos relacionados con siete víctimas adicionales, elevando el total a 13 presuntas víctimas y 31 cargos. La segunda enmienda, presentada este octubre, agrega dos víctimas más y dos cargos adicionales, ampliando el caso a 15 presuntas víctimas y 33 cargos criminales.
Los registros de empleo de Braff revelan un patrón constante de trabajo con menores en diferentes distritos y organizaciones del sur de California desde el año 2000. A lo largo de su carrera, desempeñó múltiples cargos como entrenador, supervisor, terapeuta conductual, consejero y subdirector en escuelas públicas, privadas y centros deportivos. Entre las instituciones donde trabajó se incluyen el Conejo Recreation and Park District, el Conejo Valley Unified School District, el Moorpark Unified School District, The ABA Network, el Santa Paula Unified School District, Bright Star Schools, el Rio School District, Sports Academy, el Ventura Unified School District y Ingenium Charter Middle School.
Las autoridades indicaron que esta amplia trayectoria ha dificultado la investigación, ya que implica posibles víctimas en múltiples jurisdicciones.
Investigación en curso y próximos pasos judiciales
El Departamento de Justicia del Condado de Ventura confirmó que la investigación continúa activa y que podrían surgir más acusaciones conforme se recopilen nuevos testimonios.
Las autoridades instaron a cualquier persona que haya sido víctima o testigo de comportamientos inapropiados por parte de Braff a comunicarse con el investigador Greg Webb, de la Oficina del Fiscal del Condado de Ventura, al (805) 477-1627. La fiscal Emily Reber, miembro de la Unidad de Agresiones Sexuales, está a cargo de la acusación y reiteró que “el caso sigue abierto y cada testimonio puede ser fundamental para garantizar justicia a las víctimas”.
El próximo paso en el proceso será una Conferencia de Disposición Anticipada (Early Disposition Conference) programada para el 6 de enero de 2026 a la 1:30 p.m., en la Corte Superior del Condado de Ventura, sala 12. En esa audiencia, el tribunal revisará el avance del caso y evaluará la posibilidad de un acuerdo o la preparación del juicio.
Dada la gravedad de las acusaciones y la cantidad de víctimas involucradas, se espera que el proceso judicial se extienda durante 2026. De ser declarado culpable de todos los cargos, Braff podría enfrentar una condena de por vida en prisión estatal, según fuentes judiciales familiarizadas con el caso.
La noticia ha generado preocupación en las comunidades educativas donde Braff trabajó. Los distritos escolares de Santa Paula, Ventura y Los Ángeles han emitido comunicados expresando su cooperación con las autoridades y su compromiso con reforzar los protocolos de seguridad infantil.
“Estamos revisando todos los procedimientos de contratación y supervisión de personal que interactúa con estudiantes”, indicó un vocero del Santa Paula Unified School District. “Nuestro objetivo es garantizar que ningún niño vuelva a enfrentar una situación de vulnerabilidad como la que se describe en este caso”.
Bright Star Schools, donde Braff también trabajó, señaló que no se detectaron denuncias internas durante su empleo, pero que colaboran plenamente con los investigadores para esclarecer los hechos.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad institucional en la protección de menores dentro de escuelas y organizaciones deportivas. Expertos en seguridad infantil señalan que, aunque los antecedentes de Braff muestran cambios frecuentes de empleo, ningún sistema de control interinstitucional logró advertir posibles patrones de conducta.
“Cuando alguien con acceso directo a niños pasa por tantos entornos educativos sin que se enciendan alarmas, algo falla en el sistema de prevención”, dijo una abogada especializada en protección infantil en California.
El fiscal Nasarenko enfatizó que su oficina está comprometida con “llevar justicia a cada víctima y restaurar la confianza en las instituciones educativas”.
Con 33 cargos criminales y 15 presuntas víctimas identificadas, el caso de David Lane Braff Jr. se perfila como uno de los más amplios y complejos de abuso infantil en el condado de Ventura. Las autoridades reiteraron su llamado a la comunidad para que cualquier persona con información se comunique con los investigadores.
“La justicia comienza cuando una víctima encuentra la valentía de hablar”, concluyó el fiscal Nasarenko.
