Por Max Vásquez
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Un error en el servicio de monitoreo de placas vehiculares que utiliza el Departamento del Alguacil del Condado de Ventura permitió que agencias fuera de California, incluidas dependencias federales, pudieran consultar datos locales durante más de un mes en 2025, pese a que la ley estatal prohíbe compartir ese tipo de información con autoridades federales y con agencias de otros estados.
En declaraciones firmadas por el Alguacil Jim Fryhoff, la dependencia informó que una auditoría realizada el 11 de febrero de 2026 determinó que, del 19 de febrero al 19 de marzo de 2025, la función “National Lookup” del proveedor Flock Safety quedó activada sin que el condado lo supiera, aun cuando, según el propio Departamento del Alguacil, esa opción había sido deshabilitada desde junio de 2023 para cumplir con la legislación estatal.
El hallazgo con mayor carga política y legal es que, dentro de ese periodo, la auditoría identificó 299 búsquedas cuyos justificantes registrados en el sistema referenciaban la aplicación de leyes de inmigración.
Fryhoff indicó que el acceso externo permitió consultas “sin nuestro conocimiento o aprobación” por “poco más de 364,000” veces.
Sin embargo Freyhoff, quien en el pasado ha defendido la presencia de agentes del ICE en las afueras de la cárcel del Condado y otros operativos, minimizó los hechos y en su comunicado de cuatro páginas, defendió y expuso, en dos páginas enteras, los beneficios de la ALPR como herramienta investigativa para la lucha contra el crimen.
“Las 299 búsquedas relacionadas con inmigración solamente representaron 0.08% del total”, adujo el Alguacil Freyhoff en un comunicado mandado a los medios sólo 7 minutos después de que el Departamento de Oxnard anunciará que no usará los servicios de Flock Safety.
ILEGAL PERO IMPOSIBLE DE EXPLICAR
Las declaraciones de Fryhoff sostienen que la ley estatal impide que agencias de California compartan datos ALPR con autoridades federales o de otros estados, y que California también limita la cooperación con la aplicación migratoria federal, con excepciones específicas contempladas en la SB54.
Sin embargo, el propio Alguacil explicó que a Flock, por limitaciones en el registro técnico, se le hace “imposible” determinar la causa exacta de por qué “National Lookup” se activó.
Es por ello que la empresa planteó tres escenarios: que un administrador del Condado lo activara, que lo hiciera un empleado de Flock o que un error del sistema lo encendiera automáticamente.
Ante esto, Fryhoff afirmó que una investigación interna concluyó que nadie del Departamento del Alguacil activó esa función.
Otro elemento clave es que, según Fryhoff, no se puede determinar si alguna consulta externa “coincidió” con imágenes captadas por los lectores del condado, y que su Departamento no sabe si agencias federales u otras recibieron imágenes o información derivada de las cámaras.
INCERTIDUMBRE Y DESCONFIANZA
Ese nivel de incertidumbre alimenta cuestionamientos sobre controles, auditoría y monitoreo, especialmente tratándose de un sistema que registra ubicaciones y trayectorias de vehículos.
Y es que esta brecha en el sistema de monitoreo del Departamento del Alguacil, se suman a los sentimientos de persecución que la comunidad inmigrante de la Costa Central ha experimentado en el segundo mandato de Trump, como las redadas a la planta procesadora de marijuana en Carpintería y Camarillo en verano pasado, donde una persona perdió la vida.
Aurelio López, un residente de Ventura, indicó que su confianza en las autoridades locales, sobre todo en el Departamento del Alguacil, ha crecido desde que Trump asumió la presidencia el año pasado.
“Pues la verdad, esto no ayuda en nada a la imagen del Alguacil, como latinos nos seguimos perseguidos con todos esos operativos del ICE en el Condado, y si para él esto de las cámaras no fue un problema grave y que rompió la ley (de California), entonces estamos mal, porque no esperamos que él y su departamento nos protejan”, aseguró López.
Aun así, Fryhoff defendió el uso de ALPR como herramienta investigativa y anunció medidas inmediatas: auditorías diarias para verificar configuraciones y accesos del software, así como cambios implementados por Flock.
Entre ellos, según el Alguacil, Flock ya bloqueó a agencias federales para evitar relaciones de intercambio de datos con agencias de California y activó filtros que bloquean búsquedas que usen términos de inmigración como justificación, además de asegurar que ninguna agencia californiana tenga habilitada la opción de ser consultada desde fuera del estado.
Por último, indicó que el Departamento del Alguacil también evaluará otros proveedores alternativos de ALPR.
