Por Carlos Hernández
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El panorama económico de la Costa Central de California revela una paradoja: a pesar del crecimiento y la prosperidad en ciertos sectores, persisten una profunda desigualdad de ingresos y servicios sociales infrautilizados, sobre todo para las personas indocumentadas.
L@s inmigrantes indocumentad@s enfrentan barreras significativas para la propiedad de una vivienda y la estabilidad financiera, un problema que es especialmente pronunciado en regiones como Santa Bárbara y Ventura.
Es así como la semana pasada, un informe exhaustivo presentado por el Dr. Jamshid Damooei, Director Ejecutivo del Centro de Economía de Asuntos Sociales (CESI) de la Facultad de Economía de la Universidad Luterana de California, puso al descubierto las realidades financieras y sociales de esta región, destacando las disparidades en la distribución de la riqueza, el acceso a la educación y la eficacia de los programas de asistencia pública.
En el evento titulado “Proporcionando una Vida Digna en la Costa Central”, el CESI reveló que la propiedad de una vivienda es un factor clave de la riqueza en todo el país, sin embargo, solo el 20% de los inmigrantes indocumentad@s en el condado de Ventura son propietarios de casas, un número muy debajo sí se compara con el 63% de los otros grupos demográficos de la zona.
“Esta marcada disparidad resalta las barreras financieras sistémicas que enfrentan estas personas, lo que les impide lograr una estabilidad a largo plazo”, explicó el Director.
Y es que Damooei y los otros expertos economistas de su grupo como el Dr. Kirk Lesh que habló de la Inseguridad de Viviendas para la Comunidad Indocumentada y Sabith Khan quien expuso sobre las Poblaciones Vulnerables en el Condado de Ventura, enfatizaron que l@s inquilin@s de este grupo enfrentan una presión financiera aún mayor.
Los datos muestran que l@s inquilin@s indocumentad@s gastan aproximadamente el 73% de sus ingresos en costos de vivienda, lo que deja poco espacio para ahorros, inversiones en su futuro o incluso una emergencia de cualquier índole.
En contraste, ciudadan@s estadounidenses e inmigrantes residentes y naturalizad@s gastan significativamente menos, a menudo menos del 48% de sus ingresos, esto debido a que poseen mejores trabajos y más remunerados.
El costo promedio actual de las viviendas unifamiliares de tres habitaciones en los condados de Ventura y Santa Bárbara es casi de $1 millón de dólares, que es entre los más altos del país, según el CESI.
De acuerdo a los expertos, con esos precios para alguien poder optar a comprar una casa es necesario tener un ingreso familiar de al menos $280 mil dólares anualmente, lo cual es casi imposible para trabajadores indocumentad@s.
El promedio del ingreso anual para un hogar anglo en Santa Bárbara es de $105,537, mientras que para l@s latin@s es de $78,142, en Ventura es de $111,661 y $84,254, respectivamente.
INACCESIBILIDAD A CRÉDITO
“Esta carga financiera limita la movilidad económica y contribuye a ciclos de pobreza de los que es difícil escapar. Un factor importante que contribuye a esta crisis de la vivienda es la falta de acceso al crédito”, explica Damooei.
Muchos informes indican que los solicitantes afroamericanos y latinos, incluso aquell@s con excelentes calificaciones crediticias, tienen el doble de probabilidades de que se les nieguen préstamos que los solicitantes blancos con antecedentes financieros similares.
Según el Dr. Damooei, esta discriminación sistemática juega un papel importante en la prevención de la propiedad de viviendas entre las comunidades minoritarias e inmigrantes.
«Sin la capacidad de obtener préstamos para viviendas asequibles, much@s inmigrantes indocumentad@s se ven obligad@s a vivir en condiciones precarias o a vivir en alquiler perpetuo, lo que amplía aún más la brecha de pobreza», enfatizó.
Damooei, quien ha trabajado para el Departamento de Desarrollo Económico de las Naciones Unidas, la disparidad es más alarmante si se tiene en cuenta que trabajadores indocumentad@s aportan más de $151 mil millones de dólares a la economía de California.
“Nuestro objetivo es separar los mitos comunes de la realidad en lo que respecta a las vidas de los inmigrantes indocumentad@s y su contribución económica a la región y al estado de California”, explicó Damooei, quien es además Catedrático de Economía de la Universidad Luterana de California en Thousand Oaks.
LA DESIGUALDAD Y EL COEFICIENTE GINI
Uno de los hallazgos más sorprendentes del informe de Damooei es la creciente desigualdad de ingresos en la Costa Central, medida por el Coeficiente de Gini.
El Director afirmó que en los últimos 25 años, el crecimiento del Coeficiente de Gini de California ha sido del 4.8%, lo que ilustra una brecha cada vez mayor entre las poblaciones más ricas y las más vulnerables económicamente.
“La gravedad de esta disparidad es particularmente evidente en el condado de Santa Bárbara, donde el Coeficiente de Gini es comparable al de Guatemala, un país con una importante disparidad de la riqueza”, dijo Damooei.
El promedio del ingreso anual para un hogar anglo en Santa Bárbara es de $105,537, mientras que para l@s latin@s es de $78,142, en Ventura es de $111,661 y $84,254, respectivamente.
Es así como el informe subraya la naturaleza crítica de estas estadísticas, señalando que el crecimiento económico por sí solo no garantiza una distribución equitativa de los ingresos.
Incluso en las regiones que experimentan una expansión del PIB, las familias de ingresos bajos y medios siguen teniendo dificultades para acceder a los servicios esenciales y poder pagarlos.
“Los datos sugieren que los factores integrales, como el estancamiento salarial, el aumento del costo de vida y las barreras al acceso al crédito, contribuyen a la profundización de la brecha”, indicó el Director, trabajó en los Programas Globales de Desarrollo Económico de la ONU.
EL ROL DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
Más allá de la propiedad de la vivienda, la inclusión financiera sigue siendo un problema crítico para los trabajadores sin estatus legal.
Para el Dr. Khan, un factor clave en la estabilidad y movilidad a un nivel económico mejor es el acceso a los servicios bancarios, pero solo el 61% de los hogares inmigrantes en el país. tienen cuentas corrientes, en comparación con el 76% de los ciudadan@s nativ@s.
“Esta disparidad tiene consecuencias significativas, ya que las personas sin cuentas bancarias a menudo recurren a servicios financieros predatorios como los préstamos de día de pago, que vienen con tasas de interés y comisiones exorbitantes”, explicó Khan.
Y es que las investigaciones sugieren que las comunidades con mayores porcentajes de residentes bancarizad@s tienden a tener mayores ingresos, mejores oportunidades de empleo y mayores tasas de propiedad de vivienda.
Lesh, también destacó las ventajas de ser propietario de una vivienda y de tener mayores ingresos entre la población.
“Las áreas con mayor inclusión financiera presentan menores tasas de delincuencia, probablemente debido a una mayor estabilidad económica e inversión en empresas locales. Estos hallazgos subrayan la importancia de ampliar los programas de educación financiera y la accesibilidad bancaria para las personas indocumentadas”, dijo Lesh.
Otra barrera importante para la acumulación de riqueza es la participación en el mercado acciones bursátiles, reveló en el reporte.
Según el CESI, solo el 13% de los inmigrantes poseen acciones en la Bolsa de Valores fuera de las cuentas de jubilación, si es que cuentan con una, en comparación con el 27% de las personas nativas.
Dado que las inversiones en el mercado de valores son un medio crucial para generar riqueza a largo plazo y generacional, esta brecha exacerba aún más las desigualdades financieras.
ESTATUS LEGAL E IMPACTO ECONÓMICO
Damooei también afirmó que el estatus legal sigue siendo uno de los determinantes más importantes de la estabilidad financiera.
Explicó que esto se debe a que las personas indocumentadas enfrentan desafíos únicos que se extienden más allá del empleo y la vivienda, incluidas las dificultades para obtener licencias de conducir, seguro de automóvil e incluso atención médica básica.
“Sin la documentación adecuada, el acceso a estas necesidades fundamentales a menudo se ve restringido, lo que obliga a much@s inmigrantes a vivir a la sombra de la sociedad”, señaló el Director.
En el informe anual del CESI, se encontró que solo en el condado de Ventura, aproximadamente 60,000 residentes sin estatus migratorio, que representan aproximadamente el 7% de la población total (Agencia del Censo, 2022), contribuyen a la economía local mientras enfrentan barreras significativas para la movilidad ascendente.
Estas personas a menudo trabajan en industrias esenciales como la agricultura, la construcción, la agricultura, la construcción, la agricultura, la salud y la seguridad social.
Otro hallazgo del informe: l@s trabajadores indocumentad@s tienen más probabilidades de ser emplead@s en industrias con altos niveles de explotación y abuso en el lugar de trabajo.
De acuerdo a Damooei, much@s empleadores se aprovechan del estatus legal de sus trabajadores para ofrecer salarios por debajo del promedio del mercado, negar beneficios e ignorar las protecciones laborales.
“Sin recursos legales, l@s emplead@s indocumentad@s a menudo sufren condiciones de trabajo inseguras y robo de salarios, lo que los afianza aún más en dificultades financieras”, recalcó Damooei.
DISPARIDADES EN LA SALUD Y LOS SERVICIOS SOCIALES
El acceso a la atención médica es otro problema apremiante para los inmigrantes indocumentad@s.
“Más del 57% de las personas indocumentadas en el condado de Ventura carecen de seguro médico, en comparación con solo el 8.8% de la población general. Esta disparidad tiene graves consecuencias, ya que muchos trabajadores indocumentad@s no pueden pagar la atención médica o los servicios preventivos”, dijo Khan.
La razón que expuso, la falta de seguro médico, hace que los problemas médicos menores puedan escalar rápidamente a condiciones graves, lo que resulta en costosas visitas a la sala de emergencias y complicaciones de salud a largo plazo.
Además Khan enfatizó que la falta de acceso a la atención médica es particularmente preocupante, dada la naturaleza física desgastante de muchos trabajos, que desempeñan los trabajadores indocumentad@s.
“L@s trabajadores agrícolas, l@s la construcción y los empleados de la industria de servicios a menudo enfrentan condiciones de trabajo peligrosas que aumentan el riesgo de lesiones y enfermedades. Sin cobertura médica, estas personas pueden verse obligadas a seguir trabajando a pesar de tener graves problemas de salud, lo que pone en peligro aún más su bienestar”, dijo Khan.
Además, el informe muestra que los inmigrantes indocumentad@s a menudo quedan excluidos de los programas de la red del Seguro Social, incluida la asistencia alimentaria, los beneficios de desempleo y el apoyo a la vivienda, debido a la falta de un número de SS válido.
Como resultado, se da exclusión dejando a muchas familias vulnerables a la inestabilidad financiera, particularmente durante las recesiones económicas o las crisis personales.
“La pandemia de COVID-19 expuso aún más estas vulnerabilidades, ya que los trabajadores indocumentad@s se vieron afectados desproporcionadamente por la pérdida de empleos y carecieron de acceso a los programas de ayuda del gobierno”, explica Damooei.
Para darse una idea, el reporte recela que en toda la región (condados de Ventura, Santa Cruz, Santa Bárbara, San Luis Obispo, San Benito y Monterey), los costos promedio de cuidado infantil son el 95% de los ingresos de una familia en el nivel de pobreza del 100% (padre o madre solter@ con dos hijos).
CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO
Los panelistas también expusieron que los desafíos financieros que enfrentan trabajadores indocumentad@s, tienen consecuencias a largo plazo que se extienden más allá de los hogares individuales.
Este se debe a que cuando una parte importante de la población no puede acceder al sistema de crédito, a servicios bancarios o a la propiedad de una vivienda, las comunidades enteras sufren.
“La reducción de la participación económica se traduce en menores ingresos fiscales, menor gasto de los consumidores y retraso del crecimiento económico local en su totalidad”, afirmó Damooei.
Además, indicó que la incapacidad de acumular riqueza mediante la propiedad de una vivienda o inversiones, perpetúa la pobreza intergeneracional.
Los estudios muestran también que la transferencia de riqueza desempeña un papel crucial a la hora de determinar el éxito financiero de las generaciones futuras.
Much@s ciudadan@s estadounidenses se benefician del apoyo financiero de sus padres, ya sea en forma de financiación de la educación, propiedades, pagos iniciales para la vivienda o herencias.
Sin embargo, las familias indocumentadas a menudo carecen de estos recursos, lo que dificulta que sus hij@s se liberen del ciclo de dificultades económicas.
SOLUCIONES
Damooei, Lesh y Khan sostienen que proporcionar vías para obtener la residencia legal ayudaría a abordar muchas de estas desigualdades financieras y sociales.
“El estatus legal permitiría a las personas indocumentadas obtener crédito, acceder a atención médica y conseguir un empleo estable, lo que en última instancia beneficiaría a la economía en general. Además, reducir las prácticas crediticias discriminatorias y ampliar los programas de educación financiera para las comunidades inmigrantes podría ayudar a cerrar la brecha económica”, dijo Damooei.
Por lo tanto, piden a los responsables de las políticas que aborden las disparidades salariales y la explotación laboral.
Para los expertos, fortalecer las protecciones laborales y hacer cumplir los estándares salariales justos garantizaría que los trabajadores indocumentad@s reciban una compensación justa por sus contribuciones.
Como resultado, aseguran, la Costa Central en su conjunto se beneficiará al ampliar el acceso a viviendas asequibles y el crédito, lo que respaldaría aún más la estabilidad económica de las familias inmigrantes.
Además, las instituciones financieras tienen un papel que desempeñar en la promoción de la inclusión.
El desarrollo de programas bancarios adaptados a las necesidades de las comunidades inmigrantes, incluidas cuentas corrientes de bajo costo y opciones de crédito accesibles, podría ayudar a aumentar la participación financiera.
Las iniciativas educativas destinadas a mejorar la educación financiera y el conocimiento sobre inversiones también empoderarían a las personas indocumentadas para generar riqueza y lograr una seguridad económica a largo plazo.
Los datos subrayan la necesidad urgente de una reforma migratoria integral y estrategias de inclusión financiera.
Para finalizar Damooei, recalca que sin duda l@s emplead@s indocumentad@s desempeñan un papel vital en la economía “y es necesario defenderles”, pero quienes siguen enfrentándose a barreras sistémicas que limitan sus oportunidades.
“Es hora de que los responsables de las políticas, las instituciones financieras y los gobiernos locales adopten medidas para reducir la desigualdad y la desigualdad”, finalizó el Economista.
