Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
La Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras denuncias de presuntos abusos y violaciones a los derechos humanos sufridos por migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados posteriormente en territorio salvadoreño.
El fiscal general Tarek William Saab informó que también se investigará al ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, y al director general de Centros Penales, Osiris Luna. Los tres funcionarios están señalados por su presunta responsabilidad en hechos que podrían constituir tortura, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, detención arbitraria y asociación para delinquir.
En declaraciones ofrecidas a medios nacionales, Saab pidió a organismos internacionales como la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inicien sus propias investigaciones sobre los hechos denunciados.
“Solicitamos que actúen como lo está haciendo el Ministerio Público venezolano frente a estos tres individuos y otros que puedan surgir en el curso de las investigaciones”, afirmó.
El anuncio de la investigación ocurrió tres días después de un acuerdo trilateral en el que Venezuela liberó a 10 ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes a cambio del retorno de más de 250 migrantes venezolanos recluidos en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Este intercambio representó un triunfo diplomático para el presidente Nicolás Maduro, fortaleció los esfuerzos del expresidente estadounidense Donald Trump por repatriar a sus nacionales encarcelados en el exterior y permitió a Bukele concretar un acuerdo que había promovido meses atrás.
Según reportes, el gobierno salvadoreño habría aceptado recibir a los migrantes a cambio de un pago de seis millones de dólares autorizado por la administración Trump. Los venezolanos deportados fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel diseñada para albergar presuntos pandilleros en el marco de la ofensiva de Bukele contra las maras.
Las autoridades estadounidenses justificaron las deportaciones alegando que los venezolanos pertenecían a la pandilla Tren de Aragua, pero no presentaron pruebas que respaldaran esa acusación. Diversas organizaciones humanitarias han denunciado condiciones extremas dentro del penal salvadoreño, incluyendo muertes bajo custodia y torturas sistemáticas.
Al regresar a Venezuela, algunos migrantes relataron haber sido golpeados y privados de atención médica adecuada. Según denunció Maduro, uno de ellos habría perdido un riñón como consecuencia de las agresiones recibidas en el penal salvadoreño.
La investigación de la Fiscalía venezolana se perfila como un nuevo punto de tensión entre Caracas y San Salvador, en un contexto regional marcado por acuerdos migratorios opacos y crecientes denuncias de violaciones a los derechos humanos de personas en tránsito.
